REPORTAJE: Vida & Artes

El presidente de EE UU promete acabar con el rescate público de los bancos - Las entidades volverán a tomar riesgos si se evita su quiebra - El automóvil y las aerolíneas claman por más ayudas
RAMÓN MUÑOZ 03/05/2010



"No habrá más dinero público para rescatar a la banca. Punto final". Así presentaba su reforma del sistema financiero Barack Obama. Sólo un país donde preocupa más el destino de los impuestos que la asistencia sanitaria podía emprender una revolución que pretende poner coto a una práctica tan vieja como el propio capitalismo: privaticemos las ganancias, socialicemos las pérdidas.
El Gobierno sigue estando en el capital de muchas firmas rescatadas
Los contribuyentes de EE UU perderán 90.000 de los millones aportados
El lema, no por desgastado, deja de estar de actualidad. La mayor recesión económica desde 1929 ha puesto encima de la mesa de los gobiernos la petición de sectores enteros de la economía de miles de millones de dinero público para su subsistencia. Bancos, aseguradoras, aerolíneas, automovilísticas... Todos se pusieron a la cola para reclamar. Algunos han comenzado a devolver ahora esas ayudas; otros, nunca lo harán. Pero casi todos rechazan cualquier regulación estricta como la que defiende Obama para impedir que el fenómeno se repita en la próxima crisis.
El mensaje de que papá Estado está ahí, pase lo que pase, se ha puesto de manifiesto una vez más con motivo de la erupción del volcán islandés Eyjafjalla, que paralizó durante una semana los cielos de Europa, causando la anulación de miles de vuelos. La UE ya ha dicho que saldrá al rescate y aprobará ayudas a las aerolíneas de entre 1.500 y 2.500 millones de euros.
Para calmar los encendidos ánimos de los contribuyentes, algunos de los sectores más subsidiados intentan deslizar la idea de que, en realidad, se ha tratado sólo de un préstamo y que el dinero se devolverá. "Hemos pagado totalmente y con intereses", dice estos días el risueño presidente de General Motors (GM), Edward Whitacre, en un anuncio emitido por las grandes cadenas de televisión de EE UU. El gigante de Detroit ha devuelto 6.700 millones de dólares (5.000 millones de euros) a los gobiernos estadounidense y canadiense, cinco años antes de lo anunciado.
Al presidente de GM, nombrado a dedo por el propio Obama, se le olvida un pequeño detalle en las cuñas comerciales: la automovilística sólo ha restituido los préstamos que le otorgaron. Pero no ha devuelto ni un centavo de los 45.000 millones de dólares que inyectó el Estado y por los que recibió el 61% del capital, convirtiendo a la fuerza al contribuyente estadounidense en el primer accionista de la firma de Detroit; ni ha pedido disculpas a los acreedores a los que forzó a aceptar importantes quitas, ni a los miles de accionistas que arruinó o a los trabajadores que despidió. Chrysler también tuvo que ser rescatada mientras que Ford prefirió renunciar a las ayudas y ahora tiene que competir en una lucha desigual con sus contendientes. ¿Puede sobrevivir el mercado libre en esa mezcla entre lo público y lo privado?
En Europa, el foco se ha centrado en las ayudas directas al consumidor para estimular las ventas de coches. Los resultados han sido espectaculares en los 14 países de la UE donde se han aplicado, pero la fecha de caducidad de las mismas hace temer que todo acabe en una ilusión de bengalas, y que el sector vuelva a la oscuridad en la que se vio sumido. Por ejemplo, en Reino Unido, donde el Estado ofrecía 2.000 libras (2.300 euros) por cambiar un coche viejo, las ventas crecieron un 87% en marzo, último mes de vigencia de las subvenciones. ¿Qué pasará a partir de ahora? La respuesta hay que buscarla en Alemania, donde se vendieron 3,8 millones de unidades en 2009, un 23% más que en el año anterior. Extinguidas las ayudas, las ventas han descendido en picado, y la patronal espera una caída del 30% para 2010.
En España, la situación es muy similar. El Plan 2000E, puesto en marcha en mayo de 2009, ofrece hasta 2.000 euros al comprador. Sólo en el primer trimestre de este año, las ventas de turismo han crecido un 44,5% en comparación con el mismo período de 2009, el mayor aumento trimestral de la historia. El Gobierno, que ha derivado 240 millones en subvenciones, estima que durante este mes de mayo se acabará el presupuesto. La patronal de los fabricantes Anfac ya ha solicitado una prórroga. Algunos de sus representados, como el presidente de Renault, Jean Pierre Laurent, lo tiene muy claro: si el Gobierno no accede a las peticiones, en el segundo semestre de este año, en el que coinciden la subida del IVA y el fin de las ayudas, "habrá que volver a hablar de regulaciones de empleo".
Anfac ve efectos positivos de todo tipo en estas ayudas. "El Plan 2000E ha producido una demanda adicional de 140.000 matriculaciones, con un superávit fiscal para las arcas públicas de 400 euros por vehículo en la parte estatal y 166 euros en la autonómica. En mantenimiento del empleo, se redujeron las personas afectadas en 2009 por un ERE temporal de 46.000 a 20.000, ahorrando 100 millones de euros en prestaciones por desempleo. En materia medioambiental, ha habido una reducción media de las emisiones de CO2. Y, por último, ha habido una mejora de la seguridad vial, puesto que la media de los coches retirados de la circulación es de 13 años", señala Luis Valero, presidente de Anfac. Si tantos son los beneficios, ¿por qué las ayudas al automóvil no se declaran permanentes?
Nadie parece discutir el deber de los gobiernos de salvar (con el dinero de sus gobernados) a las entidades financieras que fueron víctimas de sus propios excesos especulativos, en lugar de aplicar la regla fundamental del mercado: si lo haces mal, desapareces, como le ocurrió a Lehman Brothers, la única gran entidad que cayó al principio de la crisis. Al contrario, republicanos y demócratas en EE UU, conservadores y laboristas en Reino Unido y PSOE y PP en España, por ejemplo, han votado a favor de rescatar a las entidades si llega el caso.
Esa unanimidad política en torno al Estado salvador propicia dos mecanismos perversos: el "demasiado grande para caer" (too big to fall) y el "riesgo moral" (moral hazard). Por el primero, cuánto más grande sea una entidad, más previsiblemente tendrá que ser rescatada en caso de que le vaya mal, porque las consecuencias de su quiebra serían tan graves socialmente que ningún Gobierno se atrevería a afrontarlas. Es lo que ocurrió con la aseguradora AIG, General Motors o el banco Citigroup. El segundo principio implica que las empresas siguen estando dispuestas a tomar riesgos crecientes en la seguridad de que, si finalmente fallan, la Administración responderá por ellos, como ya ha ocurrido.
El programa de rescate financiero en EE UU ha movilizado 700.000 millones de dólares (527.000 millones de euros), y la Administración estima que el coste para el erario público será de 117.000 millones de dólares (90.000 millones de euros). Josep Stiglitz, premio Nobel de Economía, calificó ese plan de "estafa", y avisó de que alentaría nuevos desmanes en un futuro. Obama parece haber recogido ese clamor de los contribuyentes, que no están dispuestos a que, dentro de unos años, les vuelvan a meter otra vez la mano en los bolsillos en la siguiente crisis de Wall Street. Su reforma financiera prevé crear un impuesto que grave los activos de las grandes empresas financieras, limite el tamaño de los megabancos y restrinja los productos financieros opacos. "Queremos nuestro dinero de vuelta y lo vamos a obtener", decía Obama a los republicanos que rechazan su reforma.
Detrás de ese rechazo muchos ven la larga mano del lobby financiero que, tras devolver parte de las ayudas, como en el caso de Citigroup o Goldman, piensan que ya han purgado su culpa y no quieren ni oír hablar de mayores controles, y, menos aún, de recortar los bonus millonarios que pagan a sus directivos.
En España, por el momento, sólo ha precisado dinero público Caja Castilla La Mancha (3.375 millones de euros), intervenida por el Banco de España, pero está pendiente de Bruselas la autorización del llamado Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), dotado con 99.000 millones. Nadie desde el Gobierno o la banca ha precisado qué fondos harán falta finalmente, pero el FMI estima que los bancos necesitarían 5.000 millones y las cajas, 17.000. Estas ayudas también despiertan polémica. El presidente de la patronal bancaria (AEB), Miguel Martín, afirma que las entidades no viables y los malos gestores deben ser apartados. "No deben darse fondos públicos gratuitos. Si se conceden, deben ser devueltas. Mantener la competencia bancaria es esencial".
La AEB considera que la nueva regulación financiera que se prepara en Europa debe evitar que se repita la crisis y, "si se repite, que su coste sea menor en empleo y actividad y que no tengan que pagarlo los ciudadanos o los bancos comerciales, que no han sido causantes de la crisis y que tienen financiación vía depósitos estables", señala una portavoz.
Muchos expertos piensan que la solución más moral no es inyectar fondos, sino entrar en el capital de las entidades intervenidas. "Las ayudas públicas deben instrumentarse con compras de capital, de manera que al implicar una pérdida de la propiedad de los accionistas privados de las firmas intervenidas y disponer de fórmulas de posterior recuperación, por lo menos parcialmente, no se incurrirá en riesgo moral con el uso de dinero público. El problema español parece ser que las entidades con más necesidad de ayudas ya son públicas [cajas de ahorro] y, puede haber una mayor complejidad en la posterior devolución de los recursos públicos utilizados", dice el jefe del servicio de estudios de CC OO.
No todas las ayudas son iguales. La patronal de aerolíneas españolas (ACETA) rechaza completamente las que han recibido Alitalia y otras compañías para evitar la quiebra, pero justifica las del caos aéreo provocado por el volcán islandés "Se trata de una catástrofe natural. No es posible atender sin ayuda a casi dos millones de pasajeros diarios. Las administraciones públicas no pusieron en marcha los servicios para situaciones de emergencia. Así que no cabe hablar de subvenciones públicas, sino de compensaciones. El negocio de las compañías aéreas es volar, no recibir ayudas, como ha dicho el comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia".
Cuando no hay catástrofes naturales sino pura negligencia empresarial también paga el Estado. En las navidades de 2006, Air Madrid dejó tirados a miles de pasajeros al no poder hacer frente a los pagos. El Ministerio de Fomento se hizo cargo del transporte de 4.000 afectados. Aún así, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid acaba de eximir a Air Madrid de abonar a la Administración los 6,8 millones de euros que gastó. Un precedente inquietante para el caso de Air Comet, que volvió a repetir la historia estas navidades, dejando en tierra a miles de pasajeros, y a quien Fomento reclama 6,3 millones.
Todos se sienten con derecho a cobrar del Estado. La Audiencia Nacional rechazó en febrero la pretensión de la asociación de afectados por la estafa piramidal de Fórum Filatélico y Afinsa de que la Administración se hiciera responsable patrimonial de sus pérdidas de 4.500 millones de euros. Antes de la quiebra, pocos de esos afectados se preguntaron cómo era posible que recibieran unos intereses por sus depósitos de más del doble de lo que pagaba la banca comercial. ¿No estaban asumiendo un riesgo implícito?
Si no eres suficientemente grande como un banco o una aseguradora, y las cosas van mal, tienes que resignarse a tu suerte. Es el caso de los autónomos. "770.000 autónomos han caído desde que se inició la crisis, lo que supone un cierre de actividades cercanas a las mil diarias. Ayudaron a un sector financiero convencidos de que facilitaría créditos, y ha sucedido exactamente lo contrario: el crédito se ha reducido un 26% para los autónomos. Nos sorprenden estas ayudas a bancos, constructoras, automovilísticas, aerolíneas y que se hayan olvidado de ayudar a la columna vertebral del tejido productivo de este país, que aporta más del 60% del empleo, soportando la morosidad, tanto pública como privada" indica Lorenzo Amor, presidente de la Federación de Trabajadores Autónomos (ATA).
Con todo, lo peor puede estar por venir. Porque, en lugar de rescatar bancos o empresas, ha llegado la hora de evitar la quiebra de países enteros como Grecia. Y la pregunta es la misma: ¿deben los contribuyentes de un país pagar los excesos y el despilfarro de los gobiernos de otros Estados? El futuro de la Unión Europea puede estar detrás de la respuesta.
Coste del rescate
- EE UU movilizó 700.000 millones de dólares (540.000 millones de euros) en su plan de rescate financiero. De ellos, ha entregado ayudas directas por 340.000 millones de euros, de las que sólo se han devuelto 143.000 millones.
- Lehman Brothers, en septiembre de 2008, ha sido la única gran entidad a la que se dejó caer.
- El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) es el mecanismo elegido para ayudar a bancos y cajas españoles, con una capacidad máxima de endeudamiento de 99.000 millones. Está recurrido en el Tribunal Constitucional y no tiene aún el visto bueno de Bruselas.
- Obama quiere gravar a las grandes entidades financieras con una tasa del 0,15% de sus activos como fondo de garantía para futuras crisis. Prevé recaudar 42.000 millones de euros en 10 años.
- Catorce países de la UE han aplicado ayudas directas a la compra de coches. En España, el Plan 2000E ha logrado 140.000 matriculaciones adicionales y evitado la pérdida de 26.000 empleos, según Anfac.