El Ejecutivo confía en recortar el gasto en personal en 2.400 millones ya este año.- Elimina la retroactividad de la Ley de Dependencia, el cheque-bebé y reduce la inversión pública en otros 6.000 millones
EL PAÍS - Madrid - 12/05/2010
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha anunciado hoy en el Congreso que va a reducir el sueldo de los funcionarios una media del 5% este año y que no los subirá en 2011; congelará las pensiones el próximo ejercicio y suprimirá la ayuda de 2.500 euros por nacimiento, el conocido como el cheque-bebé, desde el 1 de enero. Con este conjunto de nueve medidas, que se completan con otra bajada de sueldo del 15% entre los miembros del Gobierno, cambios en las prestaciones de la Dependencia o recortes en la inversión pública y la ayuda al desarrollo, entre otras, el Ejecutivo calcula que será capaz de cumplir el nuevo objetivo de reducción del déficit en cinco puntos del PIB de aquí al próximo diciembre. Además, junto a este conjunto de actuaciones, ha dejado la puerta abierta a subir los impuestos a las rentas más altas.
Salgado denuncia que si las autonomías del PP asumen los mismos recortes se ahorrarían 20.000 millones
Oposición, ONG y asociaciones de familias cargan contra el plan de ajuste
Zapatero convoca para mañana en La Moncloa a CC OO y UGT
España reducirá el déficit 15.000 millones de euros más en dos años
Los mercados valoran las nuevas medidas contra el déficit
El FMI y Bruselas respaldan el plan de recorte del déficit de Zapatero
El relato de una sesión histórica en el Congreso
Las diez 'contramedidas' propuestas por Rajoy
Bruselas afirma que las medidas de ajuste en España "van en la buena dirección"
Discurso íntegro del presidente del Gobierno
DOCUMENTO (PDF - 50Kb) - 12-05-2010
Consulta el documento presentado por el Gobierno con las nuevas medidas de recorte del gasto
DOCUMENTO (PDF - 58,37Kb) - 12-05-2010
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1 Sector público: 4.000 millones Se reduce la retribución del personal del sector público de media un 5% en 2010 y se congela para 2011, año en el que se consolidará esta rebaja. Es decir, que la reducción también se aplicará a la partida total del próximo ejercicio para pagar a los funcionarios, policías, bomberos, personal sanitario y todo el personal dependiente de las Administraciones Públicas, ya sean del Estado o las comunidades. Eso sí, no será igual para todos. Según ha explicado Zapatero, la medida será proporcional a los ingresos, por lo que afectará más a los salarios más altos. El Gobierno, por su parte, recorta los suyos en un 15%. En total, calcula que este tijeretazo le permitirá ahorrar 2.400 millones este año, cifra que ascendería a 3.000 millones si el Congreso, el Senado y los diecisiete parlamentos autonómicos, que tienen potestad para decidir los sueldos de sus empleados, al igual que el Poder Judicial, toman ejemplo de esta medida. A lo largo de la aplicación de la medida, 2010 y 2011, el total de dinero que se dejaría de gastar asciende a unos 4.000 millones de euros en el conjunto de las administraciones.
La decisión, sin embargo, pone en duda el pacto firmado entre este colectivo, que agrupa a 2,5 millones de trabajadores, y la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, y que permitió subir un 0,3% los sueldos a principios de este año con la condición de mantenerlos sin cambios el próximo y abonar la inflación con carácter de retroactividad a partir de 2012. Estas medidas se suman a la reducción de la tasa de reposición prevista en el plan presentado hace unos meses y que fija que por cada 10 funcionarios que se jubilen solo será sustituido uno.
Del total de 2,6 millones de trabajadores públicos, 1.345.577 corresponden a la administración de las comunidades autónomas, 627.092 a la local, 583.447 a la estatal y 102.894 a las universidades.
2 Pensiones: 1.500 millones Se suspende para 2011 la revalorización de pensiones, excluyendo las no contributivas y las mínimas. La actualización de las prestaciones por jubilación en función de la evolución del Índice de Precios al Consumo ha estado garantizada por ley durante los últimos 25 años. Del total de beneficiarios, 8,6 millones de españoles, un 30% cobra las pensiones mínimas, con lo que los que se verán afectados por la medida son unos 6 millones de personas. No equiparar las prestaciones con la evolución de los precios permitirá ahorrar el próximo año 1.500 millones de euros, pero también supone una pérdida de poder adquisitivo. Las proyecciones sobre la inflación, que fija Bruselas, recuperan el aumento oficial del 2% de los precios para 2011.
3 Jubilación: Se elimina el régimen transitorio para la jubilación parcial previsto en la Ley 40/2007. Hace dos años se endureció la normativa sobre las personas que pueden reducir su jornada antes de jubilarse a los 65 años y completar sus ingresos con cargo a las arcas de la Seguridad Social. No obstante, su aplicación, como es habitual en todo lo que tiene que ver con la Seguridad Social, se fijó de forma gradual. Ahora, no obstante, se elimina, con lo que las condiciones aprobadas en 2007 -tener más de 61 años, reducción máxima de la jornada al 75%, antigüedad mínima de seis años en la empresa o mínimo de 30 años de cotización, entre otras- entrarán en vigor y serán de obligado cumplimiento.
4 Cheque-bebé: 1.500 millones Se elimina la prestación de 2500 euros por nacimiento, conocido como el cheque-bebé, desde el 1 de enero 2011. Hasta ahora, el Gobierno había mantenido su apuesta por esta ayuda, que se aplica de forma discreccional independientemente de las rentas de los beneficiados, pese a la situación de las finanzas públicas. Según recuerdan, fue puesta en marcha en un momento en el que se quería impulsar el aumento de la población y había un elevado superávit fiscal. El año pasado, esta prestación tuvo un coste de unos 1.500 millones de euros, similar al de 2008, y medio millón de beneficiarios.
5 Medicamentos: Con vistas a reducir aún más el gasto farmacéutico, se adecuará el número de unidades en los envases a la duración de los tratamientos. También será posible la dispensación de medicamentos en unidosis mediante fraccionamiento de envases para que el paciente pueda comprar así la cantidad exacta que precise.
6 Dependencia: Dentro de la Ley de Dependencia, uno de los baluartes del Gabinete de Zapatero, se elimina la retroactividad en el cobro de la prestación. No obstante, el Gobierno se compromete al mismo tiempo a que todas las solicitudes se resuelvan en un plazo de seis meses para minimizar el impacto económico de esta medida. Además, los derechos de retroactividad que ya se hayan generado podrán pagarse en un máximo de cinco años. Hasta ahora, cuando una persona comenzaba a cobrar una prestación económica, junto a la primera mensualidad se pagaba una cantidad única equivalente al número de meses que hubieran transcurrido desde su solicitud. Ahora, el Ejecutivo defiende que "no tendrá sentido" esta retroactividad, porque no habrá retrasos que compensar en la recepción de los servicios y prestaciones.
7 Ayuda oficial al desarrollo: 600 millones El Gobierno reducirá en 600 millones de euros entre 2010 y 2011 la ayuda oficial al desarrollo. Esta partida ya se ha visto reducida en un 1% en 2009 con 4.836,95 millones de euros. Pese a ello, España siendo el sexto país donante, por detrás de Estados Unidos, Francia, Alemania, Reino Unido, y Japón.
8 Inversión pública: 6.045 millones Reducción de 6.045 millones en inversión pública estatal durante los dos próximos años que se suman al recorte de 5.000 millones para 2010 ya incluido en el Plan de Austeridad. Según ha admitido José Blanco, el titular del Ministerio de Fomento, el departamento más afectado por esta decisión y que ya había tenido que ajustar sus cuentas con el primer objetivo de recorte del déficit, la reducción en la inversión supondrá un retraso en las obras acordadas de un máximo de un año y una media de seis meses. No obstante, aquellas infraestructuras cuya ejecución se encuentra muy avanzada, como es el caso de la línea de AVE Madrid-Valencia, que está prevista que entre en funcionamiento a finales de año, no parece que vayan a sufrir demora.
9 Comunidades autónomas y ayuntamientos: 1.500 millones Las administraciones autonómicas y las corporaciones locales, que deciden sobre el 36% de los gastos del Estado, tendrán que apretarse aún más el cinturón. Si en enero ya se les asignaba un ahorro de 10.000 millones, ahora esta cifra aumenta en 1.200 millones. Por otra parte, también deberán reducir el sueldo a sus funcionarios una vez que el Gobierno apruebe el decreto ley que autoriza el recorte en un 5% de media de esta partida de gasto. Si bien en caso de subida los Gobiernos autonómicos pueden aporta algún complemento que mejore las retribuciones, en el sentido inversor, una bajada les obliga por ley a aceptarla.
10 Subir los impuestos a las rentas altas: Dentro del capítulo de anuncios, Zapatero ha dejado la puerta abierta a nuevas medidas fiscales, que podrían incluir más subidas de impuestos. El presidente ha asegurado que el Gobierno es "plenamente sensible" en el reparto de los esfuerzos y que los que más capacidad tienen deben hacer un esfuerzo "mayor", lo que apunta a que las modificaciones irían centradas en las rentas altas o en los impuestos al capital. El Ejecutivo, ha añadido, hablará con los grupos políticos sobre esta posibilidad, aunque ha reconocido que este diálogo será más fácil "con unos que con otros".
Según ha adelantado Zapatero, el próximo viernes, el Gobierno aprobará todas estas medidas para su entrada en vigor inmediata. Asimismo, también dará su visto bueno al Techo de Gasto para los Presupuestos Generales del Estado para 2011. Por culpa de estos recortes del gasto público, el Ejecutivo ha reconocido que el crecimiento del año que viene será menor del que había previsto hasta la fecha, del 1,8%. Además, sin la revisión, esta proyección ya era mucho más optimista que la de organismos como el FMI, el Banco de España o la Comisión Europea, que calculan un alza de entre el 0,8% y el 0,9%.
Salgado denuncia que si las autonomías del PP asumen los mismos recortes se ahorrarían 20.000 millones
La vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado, ha afirmado hoy que si el PP aplicara en las autonomías en las que gobierna los mismos recortes que está dispuesta a asumir la Administración central habría un ahorro "adicional de más de 20.000 millones de euros". Pero el problema, ha explicado Salgado en la sesión de control en el Congreso, es que, de acuerdo con el Estado constitucional, el Gobierno sólo puede fijar una estabilidad en la senda de reducción del déficit, algo que el PP nunca aprueba.
Así, ha recordado que en diciembre, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, llevó a la conferencia de presidentes un acuerdo para la reducción del gasto en el conjunto de las Administraciones Públicas y las autonomías gobernadas por el PP, "al dictado de Rajoy, votaron en contra". Por eso ha pedido al principal partido de la oposición "un poquito más de coherencia", una crítica que ha recibido el diputado popular Alvaro Nadal. No obstante, ha asegurado, la "responsabilidad" es del Gobierno.
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jueves, 13 de mayo de 2010
REPORTAJE: La sostenibilidad del Estado de bienestar 5. PENSIONES. EL MODELO ALEMÁN .- Alemania dio el paso antes de la crisis
CDU y SPD elevaron la edad de jubilación a los 67 años hace tres ejercicios
JUAN GÓMEZ -
Berlín - 13/05/2010
Especial: la sostenibilidad del Estado de bienestar : Opina del sistema de pensiones Mientras España debate sin prisa la reforma del sistema de pensiones ante una población que envejece, Alemania lideró el cambio mucho antes de la crisis. Hace una década, el socialdemócrata Schröder favoreció los planes privados y la gran coalición de Merkel aprobó cambios en el sistema antes de la recesión
La población europea envejece. La esperanza de vida aumenta. Y el número de personas en edad de trabajar para sostener las pensiones, el que probablemente es el mayor pilar del Estado de bienestar europeo, disminuye. Esta ecuación ha llevado a los Gobiernos de casi toda Europa a reformar sus sistemas de pensiones. Italia, Francia, Portugal o Suecia han emprendido cambios que buscan limitar la jubilación anticipada y retrasar la edad real de jubilación. También Alemania lo ha hecho. El país en donde hace ya más de un siglo nació el estado de bienestar tuvo que actuar mucho antes de la crisis: Schröder impulsó las pensiones privadas y Merkel, forzada por una Seguridad Social en números rojos, retrasó la edad de jubilación.
El necesario acuerdo sobre pensiones
Alemania
A FONDO
Capital: Berlín. Gobierno: República Federal. Población: 82,369,552 (est. 2008)
Los cambios ya comenzaron con Schröder hace casi una década
ESPECIAL: El futuro del Estado de Bienestar
La coalición entre democristianos (CDU) y socialdemócratas (SPD) que presidía Angela Merkel aprobó en 2007 la reforma del sistema alemán de pensiones que se conoce por su aspecto más llamativo y que recuerda mucho la propuesta del Gobierno español al Pacto de Toledo: la jubilación a los 67. A partir de 2012, los nacidos después de 1947 accederán a la jubilación más tarde que sus mayores. El aplazamiento gradual culmina en 2031. Serán excepción los que hayan cotizado por más de 45 años como trabajadores en activo.
La Seguridad Social perdía dinero, pero este tipo de reformas casi nunca encuentran el respaldo popular. El descontento entre la población alemana ha sido masivo, sobre todo entre los votantes socialdemócratas. Todavía en octubre, dos años después de aprobada la reforma, una encuesta de la televisión pública señalaba que el 73% de los alemanes quiere que el SPD se retracte de su apoyo inicial a la medida. Y unos meses antes, en verano, el 44% de los encuestados se dijeron partidarios de su suspensión definitiva.
La politóloga berlinesa Barbara Riedmüller apunta que con los cambios "se amplió el grupo de los que cobran menos que nunca". "Además, los que no encuentran trabajo ven cómo sus pensiones encogen con cada mes de paro, se ha cambiado la fórmula de cálculo", añade.
Pero los cambios en el sistema de pensiones alemán ya habían comenzado con el Gobierno del socialdemócrata Gerhard Schröder. El antiguo canciller favoreció el desarrollo de los seguros privados mediante ventajas fiscales. Desde 1957, el Estado alemán garantizaba que los jubilados tuvieran ingresos suficientes gracias a las pensiones públicas. En 2001, se dio marcha atrás. Y las llamadas pensiones Riester que combinan el seguro público y el privado trató de compensarlo.
Para Riedmüller, la medida de Schröder dejaba fuera a quienes no pueden pagarse un fondo de pensiones complementario. Pero también admite que gracias a esta medida "la reforma tuvo un reflejo positivo en las cajas públicas".
Los alemanes recuerdan la reforma de las pensiones de 1957 como uno de los pilares de la "economía social de mercado" que acompañó al milagro económico de la posguerra. El democristiano Konrad Adenauer acabó con la disparidad entre el crecimiento de los salarios propiciado por el boom y las bajas pensiones. De un plumazo, subieron una media del 60%. Se implantó el llamado contrato generacional. Los trabajadores en activo asumen el coste de las pensiones con la perspectiva de que la generación siguiente pagaría las suyas.
Con la crisis de los setenta llegaron los primeros recortes. Las pensiones se convirtieron en un permanente calvario político. La práctica congelación de los pagos entre 1978 y 1981 desató protestas contra el socialdemócrata Helmut Schmidt. El crecimiento del paro y la caída de la natalidad agravaron la situación en los años siguientes. Al democristiano Helmut Kohl lo acusaron de pagar la Unificación de Alemania con el dinero de las cajas de pensiones públicas. Su ministro de Trabajo Norbert Blum echó mano de la tijera y anunció a bombo y platillo que "las pensiones están garantizadas". Es una de esas frases históricas que se recuerdan con sarcasmo.
JUAN GÓMEZ -
Berlín - 13/05/2010
Especial: la sostenibilidad del Estado de bienestar : Opina del sistema de pensiones Mientras España debate sin prisa la reforma del sistema de pensiones ante una población que envejece, Alemania lideró el cambio mucho antes de la crisis. Hace una década, el socialdemócrata Schröder favoreció los planes privados y la gran coalición de Merkel aprobó cambios en el sistema antes de la recesión
La población europea envejece. La esperanza de vida aumenta. Y el número de personas en edad de trabajar para sostener las pensiones, el que probablemente es el mayor pilar del Estado de bienestar europeo, disminuye. Esta ecuación ha llevado a los Gobiernos de casi toda Europa a reformar sus sistemas de pensiones. Italia, Francia, Portugal o Suecia han emprendido cambios que buscan limitar la jubilación anticipada y retrasar la edad real de jubilación. También Alemania lo ha hecho. El país en donde hace ya más de un siglo nació el estado de bienestar tuvo que actuar mucho antes de la crisis: Schröder impulsó las pensiones privadas y Merkel, forzada por una Seguridad Social en números rojos, retrasó la edad de jubilación.
El necesario acuerdo sobre pensiones
Alemania
A FONDO
Capital: Berlín. Gobierno: República Federal. Población: 82,369,552 (est. 2008)
Los cambios ya comenzaron con Schröder hace casi una década
ESPECIAL: El futuro del Estado de Bienestar
La coalición entre democristianos (CDU) y socialdemócratas (SPD) que presidía Angela Merkel aprobó en 2007 la reforma del sistema alemán de pensiones que se conoce por su aspecto más llamativo y que recuerda mucho la propuesta del Gobierno español al Pacto de Toledo: la jubilación a los 67. A partir de 2012, los nacidos después de 1947 accederán a la jubilación más tarde que sus mayores. El aplazamiento gradual culmina en 2031. Serán excepción los que hayan cotizado por más de 45 años como trabajadores en activo.
La Seguridad Social perdía dinero, pero este tipo de reformas casi nunca encuentran el respaldo popular. El descontento entre la población alemana ha sido masivo, sobre todo entre los votantes socialdemócratas. Todavía en octubre, dos años después de aprobada la reforma, una encuesta de la televisión pública señalaba que el 73% de los alemanes quiere que el SPD se retracte de su apoyo inicial a la medida. Y unos meses antes, en verano, el 44% de los encuestados se dijeron partidarios de su suspensión definitiva.
La politóloga berlinesa Barbara Riedmüller apunta que con los cambios "se amplió el grupo de los que cobran menos que nunca". "Además, los que no encuentran trabajo ven cómo sus pensiones encogen con cada mes de paro, se ha cambiado la fórmula de cálculo", añade.
Pero los cambios en el sistema de pensiones alemán ya habían comenzado con el Gobierno del socialdemócrata Gerhard Schröder. El antiguo canciller favoreció el desarrollo de los seguros privados mediante ventajas fiscales. Desde 1957, el Estado alemán garantizaba que los jubilados tuvieran ingresos suficientes gracias a las pensiones públicas. En 2001, se dio marcha atrás. Y las llamadas pensiones Riester que combinan el seguro público y el privado trató de compensarlo.
Para Riedmüller, la medida de Schröder dejaba fuera a quienes no pueden pagarse un fondo de pensiones complementario. Pero también admite que gracias a esta medida "la reforma tuvo un reflejo positivo en las cajas públicas".
Los alemanes recuerdan la reforma de las pensiones de 1957 como uno de los pilares de la "economía social de mercado" que acompañó al milagro económico de la posguerra. El democristiano Konrad Adenauer acabó con la disparidad entre el crecimiento de los salarios propiciado por el boom y las bajas pensiones. De un plumazo, subieron una media del 60%. Se implantó el llamado contrato generacional. Los trabajadores en activo asumen el coste de las pensiones con la perspectiva de que la generación siguiente pagaría las suyas.
Con la crisis de los setenta llegaron los primeros recortes. Las pensiones se convirtieron en un permanente calvario político. La práctica congelación de los pagos entre 1978 y 1981 desató protestas contra el socialdemócrata Helmut Schmidt. El crecimiento del paro y la caída de la natalidad agravaron la situación en los años siguientes. Al democristiano Helmut Kohl lo acusaron de pagar la Unificación de Alemania con el dinero de las cajas de pensiones públicas. Su ministro de Trabajo Norbert Blum echó mano de la tijera y anunció a bombo y platillo que "las pensiones están garantizadas". Es una de esas frases históricas que se recuerdan con sarcasmo.
lunes, 3 de mayo de 2010
La corrupción atenaza al PP
Camps ponen su futuro en Cuatro causas que salpican a cuarentena
El PP presiona al Supremo para evitar que siente al presidente en el banquillo
CARLOS E. CUÉ - Madrid - 03/05/2010
En público todos hacen como si no existiera, pero en privado no se habla de otra cosa. En la calle Génova se ha instalado una gran preocupación con el futuro del presidente valenciano Francisco Camps. El PP, como los periodistas, busca información en el Tribunal Supremo, que debe decidir el 12 de mayo si envía a Camps al banquillo por el asunto de los trajes, como pidió el juez Flors, instructor de la causa en Valencia, o le exonera, como decidieron dos de los tres magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal valenciano. Y los rumores, más que noticias, que les llegan no son positivos. "Tiene mala pinta", es la frase más repetida estos días en la sede central del PP.
• Las causas contra Camps y su Gobierno
• Esperanza Aguirre: "La corrupción es consustancial a las instituciones"
• El PP propone que se puedan pinchar teléfonos en delitos menos graves
• Canal 9 dedicó un escaso 1,4% de sus informativos al sumario del 'caso Gürtel'
La cúpula del PP está convencida de ganar Valencia con cualquier candidato
Los cinco jueces -dos conservadores, dos progresistas y uno, el presidente, de la asociación moderada Francisco de Vitoria- tienen encima de la mesa una papeleta difícil. El auto del juez Flors, también de la Francisco de Vitoria, era clarísimo: pedía llevar a Camps a juicio porque encontró pruebas más que suficientes de que le habían regalado 12.000 euros en trajes -lo que entendía como cohecho impropio- y ninguna sólida de que los hubiera pagado él, como afirmó el presidente. También tiene encima de la mesa el voto particular del juez Montero, un conservador muy prestigioso, que defendió que sólo debía exonerarse a Ricardo Costa, porque no estaba en el Gobierno valenciano y por tanto no podía tomar decisiones sobre contratos públicos, pero sí debía enjuiciarse a Camps, ya que recibió los regalos en función de su cargo. Exonerarle podría implicar acabar con el sentido del artículo 426 del código penal. Además, los magistrados conocen ahora todas las novedades del caso -el informe policial sobre la posible financiación ilegal, las comisiones en la visita del Papa a Valencia o los contratos irregulares y sin concurso que premiaron a las empresas de la red-. Se trata de otras tres causas derivadas del caso Gürtel que afectan a parte del Gobierno valenciano que preside Camps y que podría acabar con la imputación de algunos de los consejeros y el propio presidente.
Frente a esta realidad, que ven muy oscura, el PP ha optado por una doble estrategia. Primero, la de presionar con todos los medios a su alcance -obviamente sin cometer ninguna irregularidad, haciendo llegar a los jueces la trascendencia de su decisión que puede acabar con una carrera política por un asunto que el PP sigue considerando menor, como es el de los trajes-. Distintos dirigentes confirman que toda la dirección, y, en especial, Federico Trillo, el hombre del PP que más relaciones tiene con el mundo judicial, está dedicado a esta tarea, la de orientar esa decisión.
Por otro lado, el PP se está preparando también para, en caso de que se confirmen los peores augurios, prepararse para limpiar la Comunidad Valenciana. Nadie sabe muy bien cómo reaccionará Camps si le mandan a juicio, aunque la mayoría cree que dimitirá. Es difícil que Mariano Rajoy, a quien Camps tanto apoyó en sus momentos difíciles tras la derrota de 2008, se lo pida. Pero todos los dirigentes asumen que si el Supremo devuelve el caso al Tribunal Superior de Justicia de Valencia para que sea juzgado, habrá una catarata de decisiones.
"No podemos actuar mientras no haya imputaciones, no sería justo. Pero la dirección está preparada para tomar decisiones radicales en Valencia. El discurso de Rajoy de que será implacable con la corrupción impide la inacción. Si la justicia actúa, nosotros también actuaremos", señala un dirigente. Génova, en cualquier caso, ve a Camps y al PP valenciano como la última estación del vía crucis de Rajoy con el caso Gürtel. Y pese a la preocupación -la idea de ver caer a un presidente autonómico por un caso de corrupción es dura de asumir-, afrontar la estrategia con una tranquilidad de fondo. Están absolutamente convencidos de que cualquier candidato del PP ganará de calle en Valencia. Y eso hace que el asunto sea un problema grave, pero no dramático, porque para Rajoy, como es obvio, la prioridad es conservar el poder en esta comunidad, gran feudo del PP con Madrid y la recuperada Galicia.
Rita Barberá es la que tiene más números para relevar a Camps. Hay otros como Esteban González Pons, aunque no podría ser presidente hasta 2011 porque no es diputado autonómico, y Alberto Fabra, el alcalde de Castellón. "En este momento, Camps es nuestro peor candidato. Con cualquier otro, ganamos de calle. El PSOE no existe en Valencia", sentencia un dirigente. En Génova se ha instalado además una gran preocupación por el estado anímico de Camps. Su Gobierno, insisten todas las fuentes, está paralizado por el shock del presidente. Mientras tanto, el PP valenciano en pleno reaccionó ayer respaldando por escrito a Camps. Al menos 18 alcaldes y dirigentes regionales emitieron comunicados de apoyo a su aún presidente.
Las causas contra Camps y su Gobierno
- Los trajes regalados. El próximo 12 de mayo, el Tribunal Supremo decidirá si el presidente valenciano Francisco Camps tiene que ser juzgado por un supuesto delito de cohecho impropio junto a otros cargos y ex altos cargos del Gobierno valenciano. Álvaro Pérez, El Bigotes, máximo responsable de Orange Market, regaló trajes por casi 30.000 euros a Camps y otros tres miembros del Gobierno valenciano durante distintas épocas del año. Orange Market recibió decenas de contratos a dedo de distintos departamentos del Gobierno valenciano. El Tribunal Superior de Justicia de Valencia, por dos votos a uno, decidió que los regalos no estaban vinculados con la adjudicación de contratos, por lo que descartó que se tratase de cohecho impropio. El fiscal recurrió la decisión ante el Supremo.
- Financiación ilegal. Un informe policial basado en la documentación oficial incautada en la sede de Orange Market
y en la intervención de las comunicaciones telefónicas de Álvaro Pérez apunta a la existencia de una trama organizada para la financiación ilegal del PP valenciano. Durante años, diversas empresas adjudicatarias de contratos en la administración regional valenciana financiaron actos electorales del PP valenciano haciéndolos pasar por servicios contratados a Orange Market. El juez Antonio Pedreira, del TSJ de Madrid, ha pedido informes sobre esta supuesta irregularidad.
- Contratos amañados. El análisis de los contratos adjudicados por el Gobierno de Francisco Camps a nueve empresas de la trama corrupta acredita numerosas irregularidades, hasta el punto de que el juez Antonio Pedreira ha solicitado los nombres de los máximos responsables de los departamentos que, sin concurso, adjudicaron contratos a dedo a las empresas de la trama corrupta. Las distintas consejerías llegaron a invitar a tres empresas para un determinado servicio. Y las tres invitadas resultaron pertenecer al mismo grupo empresarial, el de Francisco Correa. Los peritos judiciales sostienen que se vulneraron los principios de libre concurrencia que deben presidir todos los contratos públicos.
- El negocio de la visita del Papa. Un patronato formado por la Iglesia, la Comunidad Valenciana, el Ayuntamiento
de Valencia y la Diputación Provincial adjudicó la exclusiva de la retransmisión de la visita del Papa a Valencia a Canal Nou, la cadena autonómica de televisión. A su vez, la televisión pública valenciana decidió adjudicar los trabajos de sonorización e instalación de pantallas de televisión por el recorrido a una empresa constructora leonesa, Teconsa, sin ninguna experiencia en ese tipo de tareas. La investigación judicial descubrió en uno de los pisos que utilizaba la trama corrupta las tripas de esta operación que dejaron a Teconsa un beneficio de tres millones de euros y a la red de Francisco Correa unas comisiones de al menos un millón de euros.
El PP presiona al Supremo para evitar que siente al presidente en el banquillo
CARLOS E. CUÉ - Madrid - 03/05/2010
En público todos hacen como si no existiera, pero en privado no se habla de otra cosa. En la calle Génova se ha instalado una gran preocupación con el futuro del presidente valenciano Francisco Camps. El PP, como los periodistas, busca información en el Tribunal Supremo, que debe decidir el 12 de mayo si envía a Camps al banquillo por el asunto de los trajes, como pidió el juez Flors, instructor de la causa en Valencia, o le exonera, como decidieron dos de los tres magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal valenciano. Y los rumores, más que noticias, que les llegan no son positivos. "Tiene mala pinta", es la frase más repetida estos días en la sede central del PP.
• Las causas contra Camps y su Gobierno
• Esperanza Aguirre: "La corrupción es consustancial a las instituciones"
• El PP propone que se puedan pinchar teléfonos en delitos menos graves
• Canal 9 dedicó un escaso 1,4% de sus informativos al sumario del 'caso Gürtel'
La cúpula del PP está convencida de ganar Valencia con cualquier candidato
Los cinco jueces -dos conservadores, dos progresistas y uno, el presidente, de la asociación moderada Francisco de Vitoria- tienen encima de la mesa una papeleta difícil. El auto del juez Flors, también de la Francisco de Vitoria, era clarísimo: pedía llevar a Camps a juicio porque encontró pruebas más que suficientes de que le habían regalado 12.000 euros en trajes -lo que entendía como cohecho impropio- y ninguna sólida de que los hubiera pagado él, como afirmó el presidente. También tiene encima de la mesa el voto particular del juez Montero, un conservador muy prestigioso, que defendió que sólo debía exonerarse a Ricardo Costa, porque no estaba en el Gobierno valenciano y por tanto no podía tomar decisiones sobre contratos públicos, pero sí debía enjuiciarse a Camps, ya que recibió los regalos en función de su cargo. Exonerarle podría implicar acabar con el sentido del artículo 426 del código penal. Además, los magistrados conocen ahora todas las novedades del caso -el informe policial sobre la posible financiación ilegal, las comisiones en la visita del Papa a Valencia o los contratos irregulares y sin concurso que premiaron a las empresas de la red-. Se trata de otras tres causas derivadas del caso Gürtel que afectan a parte del Gobierno valenciano que preside Camps y que podría acabar con la imputación de algunos de los consejeros y el propio presidente.
Frente a esta realidad, que ven muy oscura, el PP ha optado por una doble estrategia. Primero, la de presionar con todos los medios a su alcance -obviamente sin cometer ninguna irregularidad, haciendo llegar a los jueces la trascendencia de su decisión que puede acabar con una carrera política por un asunto que el PP sigue considerando menor, como es el de los trajes-. Distintos dirigentes confirman que toda la dirección, y, en especial, Federico Trillo, el hombre del PP que más relaciones tiene con el mundo judicial, está dedicado a esta tarea, la de orientar esa decisión.
Por otro lado, el PP se está preparando también para, en caso de que se confirmen los peores augurios, prepararse para limpiar la Comunidad Valenciana. Nadie sabe muy bien cómo reaccionará Camps si le mandan a juicio, aunque la mayoría cree que dimitirá. Es difícil que Mariano Rajoy, a quien Camps tanto apoyó en sus momentos difíciles tras la derrota de 2008, se lo pida. Pero todos los dirigentes asumen que si el Supremo devuelve el caso al Tribunal Superior de Justicia de Valencia para que sea juzgado, habrá una catarata de decisiones.
"No podemos actuar mientras no haya imputaciones, no sería justo. Pero la dirección está preparada para tomar decisiones radicales en Valencia. El discurso de Rajoy de que será implacable con la corrupción impide la inacción. Si la justicia actúa, nosotros también actuaremos", señala un dirigente. Génova, en cualquier caso, ve a Camps y al PP valenciano como la última estación del vía crucis de Rajoy con el caso Gürtel. Y pese a la preocupación -la idea de ver caer a un presidente autonómico por un caso de corrupción es dura de asumir-, afrontar la estrategia con una tranquilidad de fondo. Están absolutamente convencidos de que cualquier candidato del PP ganará de calle en Valencia. Y eso hace que el asunto sea un problema grave, pero no dramático, porque para Rajoy, como es obvio, la prioridad es conservar el poder en esta comunidad, gran feudo del PP con Madrid y la recuperada Galicia.
Rita Barberá es la que tiene más números para relevar a Camps. Hay otros como Esteban González Pons, aunque no podría ser presidente hasta 2011 porque no es diputado autonómico, y Alberto Fabra, el alcalde de Castellón. "En este momento, Camps es nuestro peor candidato. Con cualquier otro, ganamos de calle. El PSOE no existe en Valencia", sentencia un dirigente. En Génova se ha instalado además una gran preocupación por el estado anímico de Camps. Su Gobierno, insisten todas las fuentes, está paralizado por el shock del presidente. Mientras tanto, el PP valenciano en pleno reaccionó ayer respaldando por escrito a Camps. Al menos 18 alcaldes y dirigentes regionales emitieron comunicados de apoyo a su aún presidente.
Las causas contra Camps y su Gobierno
- Los trajes regalados. El próximo 12 de mayo, el Tribunal Supremo decidirá si el presidente valenciano Francisco Camps tiene que ser juzgado por un supuesto delito de cohecho impropio junto a otros cargos y ex altos cargos del Gobierno valenciano. Álvaro Pérez, El Bigotes, máximo responsable de Orange Market, regaló trajes por casi 30.000 euros a Camps y otros tres miembros del Gobierno valenciano durante distintas épocas del año. Orange Market recibió decenas de contratos a dedo de distintos departamentos del Gobierno valenciano. El Tribunal Superior de Justicia de Valencia, por dos votos a uno, decidió que los regalos no estaban vinculados con la adjudicación de contratos, por lo que descartó que se tratase de cohecho impropio. El fiscal recurrió la decisión ante el Supremo.
- Financiación ilegal. Un informe policial basado en la documentación oficial incautada en la sede de Orange Market
y en la intervención de las comunicaciones telefónicas de Álvaro Pérez apunta a la existencia de una trama organizada para la financiación ilegal del PP valenciano. Durante años, diversas empresas adjudicatarias de contratos en la administración regional valenciana financiaron actos electorales del PP valenciano haciéndolos pasar por servicios contratados a Orange Market. El juez Antonio Pedreira, del TSJ de Madrid, ha pedido informes sobre esta supuesta irregularidad.
- Contratos amañados. El análisis de los contratos adjudicados por el Gobierno de Francisco Camps a nueve empresas de la trama corrupta acredita numerosas irregularidades, hasta el punto de que el juez Antonio Pedreira ha solicitado los nombres de los máximos responsables de los departamentos que, sin concurso, adjudicaron contratos a dedo a las empresas de la trama corrupta. Las distintas consejerías llegaron a invitar a tres empresas para un determinado servicio. Y las tres invitadas resultaron pertenecer al mismo grupo empresarial, el de Francisco Correa. Los peritos judiciales sostienen que se vulneraron los principios de libre concurrencia que deben presidir todos los contratos públicos.
- El negocio de la visita del Papa. Un patronato formado por la Iglesia, la Comunidad Valenciana, el Ayuntamiento
de Valencia y la Diputación Provincial adjudicó la exclusiva de la retransmisión de la visita del Papa a Valencia a Canal Nou, la cadena autonómica de televisión. A su vez, la televisión pública valenciana decidió adjudicar los trabajos de sonorización e instalación de pantallas de televisión por el recorrido a una empresa constructora leonesa, Teconsa, sin ninguna experiencia en ese tipo de tareas. La investigación judicial descubrió en uno de los pisos que utilizaba la trama corrupta las tripas de esta operación que dejaron a Teconsa un beneficio de tres millones de euros y a la red de Francisco Correa unas comisiones de al menos un millón de euros.
viernes, 30 de abril de 2010
El Santander mantendrá la guerra de depósitos para robar clientes
El banco gana el 5,7% más y confía en superar los beneficios de 2009
ÍÑIGO DE BARRÓN - Madrid - 30/04/2010
FTE: EL PAIS.ES
En 1989, cuando Alfredo Sáenz era vicepresidente del BBV, el Santander lanzó la supercuenta y remuneró el pasivo al 10% mientras los demás ofrecían el 0%. Pasó de tener el 3% de cuota de mercado al 10%. "Los demás se quedaron petrificados. No reaccionaron al movimiento del Santander, que lo hizo porque tenía músculo y fortaleza. Ahora es igual", dijo ayer Sáenz, vicepresidente y consejero delegado del Santander.
Brasil y Reino Unido compensan la caída del mercado español
El ejecutivo se refería a la campaña de depósitos pagados al 4%. "No voy a decir hasta cuándo va a seguir. No es tanto para ganar pasivo como para robar clientes. A ver si queda claro. Se trata de ganar cuota de mercado cuando existe una debilidad generalizada del sector. Hemos detectado que los clientes buscan entidades de calidad y debemos aprovechar la situación", aclaró. Ante los analistas, Sáenz insinuó que podían continuar con la campaña hasta después del verano. Fuentes del mercado dicen que el Santander podría captar hasta 10.000 millones y que hasta abril llevaban unos 7.000 millones. Según las cuentas, hasta marzo habrían incrementado los depósitos en 4.000 millones.
Este movimiento ha pasado factura al Santander en España. Los ingresos se han congelado y el beneficio ha caído un 8,2%. Empeorará en próximos trimestres, pero el banco lo compensa con los ingresos de América Latina.
Los analistas apuestan por la estrategia del Santander en el pasivo, "porque tenía la mitad de cuota en depósitos que la de otros negocios. El Santander siempre ataca donde tiene poca presencia y puede hacer daño a los rivales", dice Íñigo Vega, analista de Iberian Equities. La entidad puede forzar al haraquiri (como dijo Bankinter) de bancos y cajas, lo que podría acelerar la reestructuración de las cajas. Sáenz también dijo que captar pasivo "es un seguro por lo que puede pasar. La prudencia es una característica del banquero". El grupo ganó 2.215 millones hasta marzo, un 5,7% más. La clave de la cuenta fue que los ingresos subieron un 18% con los tipos de interés al 1%. La entidad resaltó que lo ha logrado "gracias a la diversificación geográfica y de sus negocios, ya que, pese a un entorno de poco crecimiento económico, se mantiene la capacidad de generar beneficio recurrente y mejorar la liquidez, eficiencia y solvencia". Los resultados de Brasil suben el 38%; los de México, el 32%; los de Reino Unido, el 17%, y los de Santander Consumer, un 22%.
La entidad resaltó que el foco se ha centrado en la mejora de los márgenes, reducción de costes, menor necesidad de provisiones y mayor recuperación de los morosos. Las dotaciones para insolvencias sumaron 2.436 millones, un 10,3% más, aunque la cobertura descendió en un año del 80% al 74%. La entrada de morosos se está frenando, aunque la tasa creció en un año desde el 2,49% al 3,34%. Sáenz cree que el techo lo alcanzarán a final de año cuando lleguen al 4%. En España la mora es del 3,59%, "lejos del 5,37% de la media del sector", precisó. Los créditos en España bajaron un 6% y en el grupo quedaron planos. Respecto a los sectores inmobiliario y constructor, Sáenz aclaró que tienen 41.400 millones prestados, de los que 14.100 millones "son potencialmente problemáticos, como los denomina el Banco de España".
ÍÑIGO DE BARRÓN - Madrid - 30/04/2010
FTE: EL PAIS.ES
En 1989, cuando Alfredo Sáenz era vicepresidente del BBV, el Santander lanzó la supercuenta y remuneró el pasivo al 10% mientras los demás ofrecían el 0%. Pasó de tener el 3% de cuota de mercado al 10%. "Los demás se quedaron petrificados. No reaccionaron al movimiento del Santander, que lo hizo porque tenía músculo y fortaleza. Ahora es igual", dijo ayer Sáenz, vicepresidente y consejero delegado del Santander.
Brasil y Reino Unido compensan la caída del mercado español
El ejecutivo se refería a la campaña de depósitos pagados al 4%. "No voy a decir hasta cuándo va a seguir. No es tanto para ganar pasivo como para robar clientes. A ver si queda claro. Se trata de ganar cuota de mercado cuando existe una debilidad generalizada del sector. Hemos detectado que los clientes buscan entidades de calidad y debemos aprovechar la situación", aclaró. Ante los analistas, Sáenz insinuó que podían continuar con la campaña hasta después del verano. Fuentes del mercado dicen que el Santander podría captar hasta 10.000 millones y que hasta abril llevaban unos 7.000 millones. Según las cuentas, hasta marzo habrían incrementado los depósitos en 4.000 millones.
Este movimiento ha pasado factura al Santander en España. Los ingresos se han congelado y el beneficio ha caído un 8,2%. Empeorará en próximos trimestres, pero el banco lo compensa con los ingresos de América Latina.
Los analistas apuestan por la estrategia del Santander en el pasivo, "porque tenía la mitad de cuota en depósitos que la de otros negocios. El Santander siempre ataca donde tiene poca presencia y puede hacer daño a los rivales", dice Íñigo Vega, analista de Iberian Equities. La entidad puede forzar al haraquiri (como dijo Bankinter) de bancos y cajas, lo que podría acelerar la reestructuración de las cajas. Sáenz también dijo que captar pasivo "es un seguro por lo que puede pasar. La prudencia es una característica del banquero". El grupo ganó 2.215 millones hasta marzo, un 5,7% más. La clave de la cuenta fue que los ingresos subieron un 18% con los tipos de interés al 1%. La entidad resaltó que lo ha logrado "gracias a la diversificación geográfica y de sus negocios, ya que, pese a un entorno de poco crecimiento económico, se mantiene la capacidad de generar beneficio recurrente y mejorar la liquidez, eficiencia y solvencia". Los resultados de Brasil suben el 38%; los de México, el 32%; los de Reino Unido, el 17%, y los de Santander Consumer, un 22%.
La entidad resaltó que el foco se ha centrado en la mejora de los márgenes, reducción de costes, menor necesidad de provisiones y mayor recuperación de los morosos. Las dotaciones para insolvencias sumaron 2.436 millones, un 10,3% más, aunque la cobertura descendió en un año del 80% al 74%. La entrada de morosos se está frenando, aunque la tasa creció en un año desde el 2,49% al 3,34%. Sáenz cree que el techo lo alcanzarán a final de año cuando lleguen al 4%. En España la mora es del 3,59%, "lejos del 5,37% de la media del sector", precisó. Los créditos en España bajaron un 6% y en el grupo quedaron planos. Respecto a los sectores inmobiliario y constructor, Sáenz aclaró que tienen 41.400 millones prestados, de los que 14.100 millones "son potencialmente problemáticos, como los denomina el Banco de España".
jueves, 29 de abril de 2010
El 'caso Gürtel' El Supremo cita a declarar como imputado a Garzón el día 10 por las escuchas de Gürtel
El Supremo admitió a trámite el pasado día 16 la querella por las grabaciones en prisión a los abogados de la trama y sus clientes
JOSÉ YOLDI 29/04/2010
FTE: EL PAIS
El magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha sido hoy citado a declarar por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo para el próximo día 10 de mayo, a las 10.30, en relación con las escuchas del caso Gürtel, la trama corrupta que afecta al Partido Popular . Ésta es una de las tres querellas contra el juez que están vivas actualmente. El magistrado ya declaró por la causa de los crímenes del franquismo y por las facturas de unos cursos que impartió en la Universidad de Nueva York. Este caso se refiere a las escuchas en la cárcel ordenadas por Baltasar Garzón entre abogados de la trama corrupta y sus defendidos. Las grabaciones fueron anuladas y eliminadas del sumario. El Tribunal Supremo confirmó la admisión a trámite de la querella presentada contra Garzón el pasado día 16 por un presunto delito de prevaricación.
Esas escuchas fueron ordenadas por el magistrado a petición de la Fiscalía Anticorrupción durante la instrucción inicial del escándalo de corrupción vinculada al PP y que implica a varias Administraciones gobernadas por ese partido. Las intervenciones fueron luego avaladas por el juez instructor del caso en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira, aunque finalmente sus superiores decidieron anularlas en bloque y eliminarlas del sumario pocos días antes de que este se hiciera público.
La querella fue presentada por Ignacio Peláez, abogado de José Luis Ulibarri, uno de los acusados del caso Gürtel, por considerar que Garzón autorizó de forma genérica e indiscriminada la intervención de las grabaciones de cualquier letrado, siendo "perfectamente conocedor de la ilicitud e ilegalidad que estaba cometiendo". Después se adhirieron los abogados José Antonio Choclán, en nombre del cabecilla de la trama corrupta, Francisco Correa, y Gonzalo Rodríguez-Mourullo, en nombre de otro de los principales imputados, Pablo Crespo.
En febrero de 2010 la Fiscalía del Supremo calificaba de "fraude de ley" la querella presentada por Ignacio Peláez. Pese a este escrito, la sala admitió la denuncia a trámite, decisión contra la que la propia fiscalía del alto tribunal ha presentado un recurso de súplica que ha sido rechazado. En dicho recurso, el fiscal aseguraba que las intervenciones contaron en todo momento con la autorización judicial necesaria y además proporcionaron datos claves sobre las actividades de blanqueo de capitales de los imputados.
La causa está instruida por el juez del Supremo Alberto Jorge Barreiro, miembro de la asociación profesional Jueces para la Democracia, que accedió al cargo hace ahora un año desde la presidencia de la Sección 15 de la Audiencia Provincial de Madrid, encargada de juzgar, entre otros, el llamado caso del ácido bórico en el que se dirimía la actuación de cuatro altos mandos de la Policía por la supuesta manipulación de un informe de tres subordinados suyos en el que vinculaban a ETA con el 11-M.
JOSÉ YOLDI 29/04/2010
FTE: EL PAIS
El magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha sido hoy citado a declarar por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo para el próximo día 10 de mayo, a las 10.30, en relación con las escuchas del caso Gürtel, la trama corrupta que afecta al Partido Popular . Ésta es una de las tres querellas contra el juez que están vivas actualmente. El magistrado ya declaró por la causa de los crímenes del franquismo y por las facturas de unos cursos que impartió en la Universidad de Nueva York. Este caso se refiere a las escuchas en la cárcel ordenadas por Baltasar Garzón entre abogados de la trama corrupta y sus defendidos. Las grabaciones fueron anuladas y eliminadas del sumario. El Tribunal Supremo confirmó la admisión a trámite de la querella presentada contra Garzón el pasado día 16 por un presunto delito de prevaricación.
Esas escuchas fueron ordenadas por el magistrado a petición de la Fiscalía Anticorrupción durante la instrucción inicial del escándalo de corrupción vinculada al PP y que implica a varias Administraciones gobernadas por ese partido. Las intervenciones fueron luego avaladas por el juez instructor del caso en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira, aunque finalmente sus superiores decidieron anularlas en bloque y eliminarlas del sumario pocos días antes de que este se hiciera público.
La querella fue presentada por Ignacio Peláez, abogado de José Luis Ulibarri, uno de los acusados del caso Gürtel, por considerar que Garzón autorizó de forma genérica e indiscriminada la intervención de las grabaciones de cualquier letrado, siendo "perfectamente conocedor de la ilicitud e ilegalidad que estaba cometiendo". Después se adhirieron los abogados José Antonio Choclán, en nombre del cabecilla de la trama corrupta, Francisco Correa, y Gonzalo Rodríguez-Mourullo, en nombre de otro de los principales imputados, Pablo Crespo.
En febrero de 2010 la Fiscalía del Supremo calificaba de "fraude de ley" la querella presentada por Ignacio Peláez. Pese a este escrito, la sala admitió la denuncia a trámite, decisión contra la que la propia fiscalía del alto tribunal ha presentado un recurso de súplica que ha sido rechazado. En dicho recurso, el fiscal aseguraba que las intervenciones contaron en todo momento con la autorización judicial necesaria y además proporcionaron datos claves sobre las actividades de blanqueo de capitales de los imputados.
La causa está instruida por el juez del Supremo Alberto Jorge Barreiro, miembro de la asociación profesional Jueces para la Democracia, que accedió al cargo hace ahora un año desde la presidencia de la Sección 15 de la Audiencia Provincial de Madrid, encargada de juzgar, entre otros, el llamado caso del ácido bórico en el que se dirimía la actuación de cuatro altos mandos de la Policía por la supuesta manipulación de un informe de tres subordinados suyos en el que vinculaban a ETA con el 11-M.
martes, 27 de abril de 2010
Detenido en Italia un jefe histórico de la 'Ndrangheta
Giovanni Tegano fue arrestado en Perretti / AFP
EFE | ROMA
FTE: EL ABC.ES
Actualizado Martes , 27-04-10 a las 12 : 34
La policía italiana detuvo a Giovanni Tegano, de 70 años, considerado uno de los jefe históricos de la mafia más poderosa del país, la 'Ndrangheta, e incluido en la lista de los 30 criminales más peligrosos.
La detención se produjo anoche en la localidad de Perretti en la región sureña de Calabria, donde tiene origen la 'Ndrangheta, y mientras estaba en compañía de otras tres personas.
Tegano estaba en paradero desconocido desde 1993, cuando fue condenado a cadena perpetua por varios homicidios y otros delitos como asociación mafiosa.
Fuentes policiales explicaron hoy que Tegano, a pesar de la edad, estaba en plena actividad y gestionaba en la clandestinidad las actividades ilegales de la 'Ndrangheta.
La «primera empresa» de ItaliaEl mafioso estaba considerado por los investigadores "la persona más influyente" entre la 'Ndrangheta, la organización criminal considerada la "primera empresa" de Italia con un volumen de negocios anual de más de 90.000 millones de euros, según un informe presentado el 2008 por la asociación de empresas Confesercenti.
Asimismo recordaron que la "familia" que dirigía Tegano estaba considerada una de las responsables de la guerra interina que durante desde 1985 a 1991 causó más de 600 muertos.
Tras el arresto, el ministro del Interior, Roberto Maroni, aseguró que "se ha tratado del golpe más duro que hoy en día se podía dar a la 'Ndrangheta, ya que era el número uno de los fugitivos de la organización criminal".
EFE | ROMA
FTE: EL ABC.ES
Actualizado Martes , 27-04-10 a las 12 : 34
La policía italiana detuvo a Giovanni Tegano, de 70 años, considerado uno de los jefe históricos de la mafia más poderosa del país, la 'Ndrangheta, e incluido en la lista de los 30 criminales más peligrosos.
La detención se produjo anoche en la localidad de Perretti en la región sureña de Calabria, donde tiene origen la 'Ndrangheta, y mientras estaba en compañía de otras tres personas.
Tegano estaba en paradero desconocido desde 1993, cuando fue condenado a cadena perpetua por varios homicidios y otros delitos como asociación mafiosa.
Fuentes policiales explicaron hoy que Tegano, a pesar de la edad, estaba en plena actividad y gestionaba en la clandestinidad las actividades ilegales de la 'Ndrangheta.
La «primera empresa» de ItaliaEl mafioso estaba considerado por los investigadores "la persona más influyente" entre la 'Ndrangheta, la organización criminal considerada la "primera empresa" de Italia con un volumen de negocios anual de más de 90.000 millones de euros, según un informe presentado el 2008 por la asociación de empresas Confesercenti.
Asimismo recordaron que la "familia" que dirigía Tegano estaba considerada una de las responsables de la guerra interina que durante desde 1985 a 1991 causó más de 600 muertos.
Tras el arresto, el ministro del Interior, Roberto Maroni, aseguró que "se ha tratado del golpe más duro que hoy en día se podía dar a la 'Ndrangheta, ya que era el número uno de los fugitivos de la organización criminal".
domingo, 25 de abril de 2010
El acoso al juez Garzón.- Manos Limpias copió un auto de Varela para acusar a Garzón
El juez de la Audiencia recusa al del Supremo por "asesorar" a la acusación
MANUEL ALTOZANO - Madrid - 25/04/2010
FTE: (EL PAIS.ES)
¿Qué mejores argumentos acusatorios que los del propio juez instructor? El colectivo ultraderechista Manos Limpias reprodujo de forma literal en su escrito de acusación -incluso con los mismos errores tipográficos- gran parte de la resolución que el magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela redactó el pasado 3 de febrero y en la que detallaba sus razones para sentar en el banquillo a Baltasar Garzón por supuesta prevaricación al abrir una investigación sobre los crímenes del franquismo. Varela dio el miércoles una segunda oportunidad a Manos Limpias para que eliminara de su escrito sus propios argumentos. Garzón, que considera que con ese trámite "insólito", el instructor "aconsejó" a la única acusación que sostiene el caso, recusó ayer a Varela por su "interés indirecto" en el proceso que lo convierte en un juez "parcial"
El escrito copiaba hasta los calificativos usados por Varela
El instructor pidió a la asociación que eliminara dos tercios de su escrito
En la providencia por la que Varela permitió a Manos Limpias corregir su escrito de acusación, el magistrado del Supremo detallaba las páginas exactas que la acusación debía eliminar para que su escrito fuera aceptado. En caso de que el colectivo de funcionarios no lo hubiera hecho, la causa se habría quedado sin acusación -Falange fue expulsada del caso el viernes y el fiscal no ve delito en la actuación del juez- por lo que el Supremo se habría visto obligado a archivar el caso.
Esa providencia, considerada "insólita" por la defensa de Garzón, pero también por otras fuentes judiciales consultadas por este periódico, reclamaba que se eliminaran partes enteras del escrito citando incluso las páginas concretas que debían desaparecer para que la acusación fuera admisible. Esa labor de "expurgación" -como la califica el abogado de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda- afectó en total a dos tercios de su contenido (50 de sus 74 páginas), tal y como se explica en el escrito de recusación.
Una de las partes que Manos Limpias plagia por párrafos enteros del auto de Varela del 3 de febrero es la relativa a la supuesta prescripción de las desapariciones de opositores al régimen de Franco que defendió el instructor para tratar de demostrar la supuesta prevaricación de Garzón. La acusación también copió literalmente todas las alegaciones de Varela en lo que se refiere a la Ley de Amnistía de 1977 que Garzón, en aplicación de Tratados Internacionales suscritos por España, dejó de aplicar respecto de los crímenes de la dictadura.
Hasta los calificativos empleados por Varela hacia Garzón en su resolución aparecen en el escrito de acusación. "El querellado [es decir, Garzón] se erige, de hecho, en árbitro ético de la decisión política tomada por las fuerzas políticas democráticas en 1977, so pretexto de baremos axiológicos extraídos de instrumentos de Derecho Internacional", sostienen al unísono el instructor y la acusación popular.
Orientado a Manos Limpias para que eliminara sus alegaciones, Varela ha demostrado tener un interés concreto en el caso, según Garzón, que ayer mismo recusó al magistrado del Supremo para intentar apartarlo del proceso. "El instructor ha mostrado su interés en que las partes acusadoras mejoraran sus escritos de acusación", mantiene el juez de la Audiencia Nacional en su escrito, muy parecido al recurso de apelación presentado el viernes para impugnar "la segunda oportunidad", que el instructor dio a la acusación. Con esa decisión, Varela "ha tomado partido a favor de uno de los contendientes en el pleito", añade el escrito.
Varela deberá a partir de ahora abstenerse de seguir adelante con el caso mientras la Sala tramita su recusación. Otro magistrado de lo penal deberá instruir esta nueva petición que, finalmente, será resuelta por todos los magistrados. A diferencia del resto de trámites iniciados por Garzón, éste último suspende el procedimiento hasta que se decida si Varela es definitivamente apartado del caso y sustituido por otro instructor. Fuentes jurídicas aseguran, sin embargo, que el tribunal también podría rechazar la petición a trámite sin entrar ni siquiera en el fondo del asunto.
Trámites pendientes
- Recurso de apelación contra el "asesoramiento" a Manos Limpias. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo deberá resolver el recurso de Garzón contra el auto y la providencia por los que Varela permitió corregir sus escritos de acusación a Falange (que no lo hizo a tiempo y por ello fue expulsada del proceso) y Manos Limpias. Garzón considera que, al tomar esas decisiones, el magistrado del Supremo perdió su imparcialidad y actuó como "juez y parte" en una labor impropia de un juez instructor.
- Recusación contra Luciano Varela. Según la Ley de Enjuiciamiento Criminal debe ser instruida por uno de los magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y decidida en última instancia por la Sala de lo Penal. Garzón la basa en el "interés directo en la causa" que habría demostrado al dar una segunda oportunidad a las acusaciones -Falange y Manos Limpias- para que corrigieran sus escritos de acusación.
- Recurso contra el auto de Varela en el que decidió juzgar a Garzón. La Sala de lo Penal debe resolver el recurso del juez de la Audiencia Nacional contra el auto de Varela por el que decidió procesar a Garzón y sentarle en el banquillo por prevaricación.
- Suspensión por el Poder Judicial. El gobierno de los jueces espera que la decisión del Supremo de juzgar a Garzón sea firme para proceder a su suspensión cautelar. La comisión permanente del acordó que fuera el Pleno el que tomara la decisión que, según la Ley Orgánica del Poder Judicial, es reglada (no admite discusión). El Consejo no descarta convocar un pleno extraordinario para hacerlo
MANUEL ALTOZANO - Madrid - 25/04/2010
FTE: (EL PAIS.ES)
¿Qué mejores argumentos acusatorios que los del propio juez instructor? El colectivo ultraderechista Manos Limpias reprodujo de forma literal en su escrito de acusación -incluso con los mismos errores tipográficos- gran parte de la resolución que el magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela redactó el pasado 3 de febrero y en la que detallaba sus razones para sentar en el banquillo a Baltasar Garzón por supuesta prevaricación al abrir una investigación sobre los crímenes del franquismo. Varela dio el miércoles una segunda oportunidad a Manos Limpias para que eliminara de su escrito sus propios argumentos. Garzón, que considera que con ese trámite "insólito", el instructor "aconsejó" a la única acusación que sostiene el caso, recusó ayer a Varela por su "interés indirecto" en el proceso que lo convierte en un juez "parcial"
El escrito copiaba hasta los calificativos usados por Varela
El instructor pidió a la asociación que eliminara dos tercios de su escrito
En la providencia por la que Varela permitió a Manos Limpias corregir su escrito de acusación, el magistrado del Supremo detallaba las páginas exactas que la acusación debía eliminar para que su escrito fuera aceptado. En caso de que el colectivo de funcionarios no lo hubiera hecho, la causa se habría quedado sin acusación -Falange fue expulsada del caso el viernes y el fiscal no ve delito en la actuación del juez- por lo que el Supremo se habría visto obligado a archivar el caso.
Esa providencia, considerada "insólita" por la defensa de Garzón, pero también por otras fuentes judiciales consultadas por este periódico, reclamaba que se eliminaran partes enteras del escrito citando incluso las páginas concretas que debían desaparecer para que la acusación fuera admisible. Esa labor de "expurgación" -como la califica el abogado de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda- afectó en total a dos tercios de su contenido (50 de sus 74 páginas), tal y como se explica en el escrito de recusación.
Una de las partes que Manos Limpias plagia por párrafos enteros del auto de Varela del 3 de febrero es la relativa a la supuesta prescripción de las desapariciones de opositores al régimen de Franco que defendió el instructor para tratar de demostrar la supuesta prevaricación de Garzón. La acusación también copió literalmente todas las alegaciones de Varela en lo que se refiere a la Ley de Amnistía de 1977 que Garzón, en aplicación de Tratados Internacionales suscritos por España, dejó de aplicar respecto de los crímenes de la dictadura.
Hasta los calificativos empleados por Varela hacia Garzón en su resolución aparecen en el escrito de acusación. "El querellado [es decir, Garzón] se erige, de hecho, en árbitro ético de la decisión política tomada por las fuerzas políticas democráticas en 1977, so pretexto de baremos axiológicos extraídos de instrumentos de Derecho Internacional", sostienen al unísono el instructor y la acusación popular.
Orientado a Manos Limpias para que eliminara sus alegaciones, Varela ha demostrado tener un interés concreto en el caso, según Garzón, que ayer mismo recusó al magistrado del Supremo para intentar apartarlo del proceso. "El instructor ha mostrado su interés en que las partes acusadoras mejoraran sus escritos de acusación", mantiene el juez de la Audiencia Nacional en su escrito, muy parecido al recurso de apelación presentado el viernes para impugnar "la segunda oportunidad", que el instructor dio a la acusación. Con esa decisión, Varela "ha tomado partido a favor de uno de los contendientes en el pleito", añade el escrito.
Varela deberá a partir de ahora abstenerse de seguir adelante con el caso mientras la Sala tramita su recusación. Otro magistrado de lo penal deberá instruir esta nueva petición que, finalmente, será resuelta por todos los magistrados. A diferencia del resto de trámites iniciados por Garzón, éste último suspende el procedimiento hasta que se decida si Varela es definitivamente apartado del caso y sustituido por otro instructor. Fuentes jurídicas aseguran, sin embargo, que el tribunal también podría rechazar la petición a trámite sin entrar ni siquiera en el fondo del asunto.
Trámites pendientes
- Recurso de apelación contra el "asesoramiento" a Manos Limpias. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo deberá resolver el recurso de Garzón contra el auto y la providencia por los que Varela permitió corregir sus escritos de acusación a Falange (que no lo hizo a tiempo y por ello fue expulsada del proceso) y Manos Limpias. Garzón considera que, al tomar esas decisiones, el magistrado del Supremo perdió su imparcialidad y actuó como "juez y parte" en una labor impropia de un juez instructor.
- Recusación contra Luciano Varela. Según la Ley de Enjuiciamiento Criminal debe ser instruida por uno de los magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y decidida en última instancia por la Sala de lo Penal. Garzón la basa en el "interés directo en la causa" que habría demostrado al dar una segunda oportunidad a las acusaciones -Falange y Manos Limpias- para que corrigieran sus escritos de acusación.
- Recurso contra el auto de Varela en el que decidió juzgar a Garzón. La Sala de lo Penal debe resolver el recurso del juez de la Audiencia Nacional contra el auto de Varela por el que decidió procesar a Garzón y sentarle en el banquillo por prevaricación.
- Suspensión por el Poder Judicial. El gobierno de los jueces espera que la decisión del Supremo de juzgar a Garzón sea firme para proceder a su suspensión cautelar. La comisión permanente del acordó que fuera el Pleno el que tomara la decisión que, según la Ley Orgánica del Poder Judicial, es reglada (no admite discusión). El Consejo no descarta convocar un pleno extraordinario para hacerlo
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