El magistrado del Supremo ha sido acusado de "tener interés en la causa"
J. YOLDI - Madrid - 27/04/2010
FTE: ELPAIS.ES
El magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela decidirá hoy previsiblemente si admite a trámite o rechaza de plano la recusación que Baltasar Garzón presentó en su contra el pasado viernes. El juez de la Audiencia Nacional considera que Varela tiene "interés en el caso" que instruye contra él por investigar los crímenes del franquismo.
El instructor dio indicaciones y una nueva oportunidad a las acusaciones
Varela dio la semana pasada una segunda oportunidad a Falange Española de las JONS (FE-JONS) y Manos Limpias para que subsanasen los defectos de forma que contenían sus escritos de acusación, en los que solicitaban 20 años de inhabilitación para Garzón por un presunto delito de prevaricación. Sucede que, si el magistrado no les hubiera abierto esa puerta, dándoles además las instrucciones para realizar las correcciones pertinentes, hubiera tenido que darlos por inadmitidos. Esto ya ha sucedido con anterioridad en el Supremo, por ejemplo con el Partido Popular en el caso Filesa. En esta ocasión, habría supuesto el fin del proceso por falta de acusación, puesto que la fiscalía ha solicitado reiteradamente el archivo de las actuaciones al no ver delito alguno.
El escrito de Varela indicaba claramente cuáles eran los folios de los escritos de las acusaciones que resultaban inadmisibles, al mezclar valoraciones con hechos sin que fuera posible deslindar los unos de las otras. Eso impedía a Garzón saber exactamente de qué acusaciones tenía que defenderse. Por si fuera poco, el pseudosindicato ultraderechista Manos Limpias copió literalmente más de la mitad del auto dictado por Varela el 3 de febrero para rechazar el sobreseimiento de las actuaciones que había solicitado Garzón. Ese plagio evidenciaba que el auto del Supremo era la clave para mantener la acusación, lo que puso en cuestión la supuesta imparcialidad del juez instructor.
Luego, acogiéndose a una sutileza jurídica sobre los plazos de presentación de escritos -contraria a la Ley de Enjuiciamiento Civil, de aplicación subsidiaria-, Varela expulsó a FE-JONS del proceso, lo que en las asociaciones de memoria histórica se interpretó como "una operación de maquillaje" para eliminar a una acusación que hace chirriar el proceso. Resulta llamativo que sean aquellos a los que Garzón quería investigar los que a la postre sienten al juez en el banquillo.
Varela podría rechazar de plano la recusación de Garzón, aunque el margen de la ley para ello es muy escaso, pues sólo puede hacerlo si no constaran los motivos en que se basa o no se hubiera presentado la documentación correspondiente.
En caso contrario, deberá admitirla a trámite aunque no vea motivos para ser recusado, de forma que la Sala de lo Penal nombre a un instructor del expediente y designe a un juez que le sustituya en la tramitación del caso Garzón en tanto que se resuelve el incidente.
La recusación retrasará sin duda todo el proceso contra el juez de la Audiencia Nacional, puesto que Varela, una vez recusado, no puede dictar auto de apertura de juicio oral. Esa decisión daría paso inmediato a la suspensión de Garzón por el Consejo General del Poder Judicial.
Lo normal es que sea el pleno de la Sala de lo Penal el que, en dos o tres semanas, resuelva el incidente de recusación. Entre tanto, y puesto que la ley quiere que el proceso no se paralice, el sustituto de Varela tendrá la posibilidad de abrir el juicio oral o de archivar la causa si considerase -como sostiene el fiscal- que los hechos no son constitutivos de delito.
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martes, 27 de abril de 2010
domingo, 25 de abril de 2010
El acoso al juez Garzón.- Manos Limpias copió un auto de Varela para acusar a Garzón
El juez de la Audiencia recusa al del Supremo por "asesorar" a la acusación
MANUEL ALTOZANO - Madrid - 25/04/2010
FTE: (EL PAIS.ES)
¿Qué mejores argumentos acusatorios que los del propio juez instructor? El colectivo ultraderechista Manos Limpias reprodujo de forma literal en su escrito de acusación -incluso con los mismos errores tipográficos- gran parte de la resolución que el magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela redactó el pasado 3 de febrero y en la que detallaba sus razones para sentar en el banquillo a Baltasar Garzón por supuesta prevaricación al abrir una investigación sobre los crímenes del franquismo. Varela dio el miércoles una segunda oportunidad a Manos Limpias para que eliminara de su escrito sus propios argumentos. Garzón, que considera que con ese trámite "insólito", el instructor "aconsejó" a la única acusación que sostiene el caso, recusó ayer a Varela por su "interés indirecto" en el proceso que lo convierte en un juez "parcial"
El escrito copiaba hasta los calificativos usados por Varela
El instructor pidió a la asociación que eliminara dos tercios de su escrito
En la providencia por la que Varela permitió a Manos Limpias corregir su escrito de acusación, el magistrado del Supremo detallaba las páginas exactas que la acusación debía eliminar para que su escrito fuera aceptado. En caso de que el colectivo de funcionarios no lo hubiera hecho, la causa se habría quedado sin acusación -Falange fue expulsada del caso el viernes y el fiscal no ve delito en la actuación del juez- por lo que el Supremo se habría visto obligado a archivar el caso.
Esa providencia, considerada "insólita" por la defensa de Garzón, pero también por otras fuentes judiciales consultadas por este periódico, reclamaba que se eliminaran partes enteras del escrito citando incluso las páginas concretas que debían desaparecer para que la acusación fuera admisible. Esa labor de "expurgación" -como la califica el abogado de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda- afectó en total a dos tercios de su contenido (50 de sus 74 páginas), tal y como se explica en el escrito de recusación.
Una de las partes que Manos Limpias plagia por párrafos enteros del auto de Varela del 3 de febrero es la relativa a la supuesta prescripción de las desapariciones de opositores al régimen de Franco que defendió el instructor para tratar de demostrar la supuesta prevaricación de Garzón. La acusación también copió literalmente todas las alegaciones de Varela en lo que se refiere a la Ley de Amnistía de 1977 que Garzón, en aplicación de Tratados Internacionales suscritos por España, dejó de aplicar respecto de los crímenes de la dictadura.
Hasta los calificativos empleados por Varela hacia Garzón en su resolución aparecen en el escrito de acusación. "El querellado [es decir, Garzón] se erige, de hecho, en árbitro ético de la decisión política tomada por las fuerzas políticas democráticas en 1977, so pretexto de baremos axiológicos extraídos de instrumentos de Derecho Internacional", sostienen al unísono el instructor y la acusación popular.
Orientado a Manos Limpias para que eliminara sus alegaciones, Varela ha demostrado tener un interés concreto en el caso, según Garzón, que ayer mismo recusó al magistrado del Supremo para intentar apartarlo del proceso. "El instructor ha mostrado su interés en que las partes acusadoras mejoraran sus escritos de acusación", mantiene el juez de la Audiencia Nacional en su escrito, muy parecido al recurso de apelación presentado el viernes para impugnar "la segunda oportunidad", que el instructor dio a la acusación. Con esa decisión, Varela "ha tomado partido a favor de uno de los contendientes en el pleito", añade el escrito.
Varela deberá a partir de ahora abstenerse de seguir adelante con el caso mientras la Sala tramita su recusación. Otro magistrado de lo penal deberá instruir esta nueva petición que, finalmente, será resuelta por todos los magistrados. A diferencia del resto de trámites iniciados por Garzón, éste último suspende el procedimiento hasta que se decida si Varela es definitivamente apartado del caso y sustituido por otro instructor. Fuentes jurídicas aseguran, sin embargo, que el tribunal también podría rechazar la petición a trámite sin entrar ni siquiera en el fondo del asunto.
Trámites pendientes
- Recurso de apelación contra el "asesoramiento" a Manos Limpias. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo deberá resolver el recurso de Garzón contra el auto y la providencia por los que Varela permitió corregir sus escritos de acusación a Falange (que no lo hizo a tiempo y por ello fue expulsada del proceso) y Manos Limpias. Garzón considera que, al tomar esas decisiones, el magistrado del Supremo perdió su imparcialidad y actuó como "juez y parte" en una labor impropia de un juez instructor.
- Recusación contra Luciano Varela. Según la Ley de Enjuiciamiento Criminal debe ser instruida por uno de los magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y decidida en última instancia por la Sala de lo Penal. Garzón la basa en el "interés directo en la causa" que habría demostrado al dar una segunda oportunidad a las acusaciones -Falange y Manos Limpias- para que corrigieran sus escritos de acusación.
- Recurso contra el auto de Varela en el que decidió juzgar a Garzón. La Sala de lo Penal debe resolver el recurso del juez de la Audiencia Nacional contra el auto de Varela por el que decidió procesar a Garzón y sentarle en el banquillo por prevaricación.
- Suspensión por el Poder Judicial. El gobierno de los jueces espera que la decisión del Supremo de juzgar a Garzón sea firme para proceder a su suspensión cautelar. La comisión permanente del acordó que fuera el Pleno el que tomara la decisión que, según la Ley Orgánica del Poder Judicial, es reglada (no admite discusión). El Consejo no descarta convocar un pleno extraordinario para hacerlo
MANUEL ALTOZANO - Madrid - 25/04/2010
FTE: (EL PAIS.ES)
¿Qué mejores argumentos acusatorios que los del propio juez instructor? El colectivo ultraderechista Manos Limpias reprodujo de forma literal en su escrito de acusación -incluso con los mismos errores tipográficos- gran parte de la resolución que el magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela redactó el pasado 3 de febrero y en la que detallaba sus razones para sentar en el banquillo a Baltasar Garzón por supuesta prevaricación al abrir una investigación sobre los crímenes del franquismo. Varela dio el miércoles una segunda oportunidad a Manos Limpias para que eliminara de su escrito sus propios argumentos. Garzón, que considera que con ese trámite "insólito", el instructor "aconsejó" a la única acusación que sostiene el caso, recusó ayer a Varela por su "interés indirecto" en el proceso que lo convierte en un juez "parcial"
El escrito copiaba hasta los calificativos usados por Varela
El instructor pidió a la asociación que eliminara dos tercios de su escrito
En la providencia por la que Varela permitió a Manos Limpias corregir su escrito de acusación, el magistrado del Supremo detallaba las páginas exactas que la acusación debía eliminar para que su escrito fuera aceptado. En caso de que el colectivo de funcionarios no lo hubiera hecho, la causa se habría quedado sin acusación -Falange fue expulsada del caso el viernes y el fiscal no ve delito en la actuación del juez- por lo que el Supremo se habría visto obligado a archivar el caso.
Esa providencia, considerada "insólita" por la defensa de Garzón, pero también por otras fuentes judiciales consultadas por este periódico, reclamaba que se eliminaran partes enteras del escrito citando incluso las páginas concretas que debían desaparecer para que la acusación fuera admisible. Esa labor de "expurgación" -como la califica el abogado de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda- afectó en total a dos tercios de su contenido (50 de sus 74 páginas), tal y como se explica en el escrito de recusación.
Una de las partes que Manos Limpias plagia por párrafos enteros del auto de Varela del 3 de febrero es la relativa a la supuesta prescripción de las desapariciones de opositores al régimen de Franco que defendió el instructor para tratar de demostrar la supuesta prevaricación de Garzón. La acusación también copió literalmente todas las alegaciones de Varela en lo que se refiere a la Ley de Amnistía de 1977 que Garzón, en aplicación de Tratados Internacionales suscritos por España, dejó de aplicar respecto de los crímenes de la dictadura.
Hasta los calificativos empleados por Varela hacia Garzón en su resolución aparecen en el escrito de acusación. "El querellado [es decir, Garzón] se erige, de hecho, en árbitro ético de la decisión política tomada por las fuerzas políticas democráticas en 1977, so pretexto de baremos axiológicos extraídos de instrumentos de Derecho Internacional", sostienen al unísono el instructor y la acusación popular.
Orientado a Manos Limpias para que eliminara sus alegaciones, Varela ha demostrado tener un interés concreto en el caso, según Garzón, que ayer mismo recusó al magistrado del Supremo para intentar apartarlo del proceso. "El instructor ha mostrado su interés en que las partes acusadoras mejoraran sus escritos de acusación", mantiene el juez de la Audiencia Nacional en su escrito, muy parecido al recurso de apelación presentado el viernes para impugnar "la segunda oportunidad", que el instructor dio a la acusación. Con esa decisión, Varela "ha tomado partido a favor de uno de los contendientes en el pleito", añade el escrito.
Varela deberá a partir de ahora abstenerse de seguir adelante con el caso mientras la Sala tramita su recusación. Otro magistrado de lo penal deberá instruir esta nueva petición que, finalmente, será resuelta por todos los magistrados. A diferencia del resto de trámites iniciados por Garzón, éste último suspende el procedimiento hasta que se decida si Varela es definitivamente apartado del caso y sustituido por otro instructor. Fuentes jurídicas aseguran, sin embargo, que el tribunal también podría rechazar la petición a trámite sin entrar ni siquiera en el fondo del asunto.
Trámites pendientes
- Recurso de apelación contra el "asesoramiento" a Manos Limpias. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo deberá resolver el recurso de Garzón contra el auto y la providencia por los que Varela permitió corregir sus escritos de acusación a Falange (que no lo hizo a tiempo y por ello fue expulsada del proceso) y Manos Limpias. Garzón considera que, al tomar esas decisiones, el magistrado del Supremo perdió su imparcialidad y actuó como "juez y parte" en una labor impropia de un juez instructor.
- Recusación contra Luciano Varela. Según la Ley de Enjuiciamiento Criminal debe ser instruida por uno de los magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y decidida en última instancia por la Sala de lo Penal. Garzón la basa en el "interés directo en la causa" que habría demostrado al dar una segunda oportunidad a las acusaciones -Falange y Manos Limpias- para que corrigieran sus escritos de acusación.
- Recurso contra el auto de Varela en el que decidió juzgar a Garzón. La Sala de lo Penal debe resolver el recurso del juez de la Audiencia Nacional contra el auto de Varela por el que decidió procesar a Garzón y sentarle en el banquillo por prevaricación.
- Suspensión por el Poder Judicial. El gobierno de los jueces espera que la decisión del Supremo de juzgar a Garzón sea firme para proceder a su suspensión cautelar. La comisión permanente del acordó que fuera el Pleno el que tomara la decisión que, según la Ley Orgánica del Poder Judicial, es reglada (no admite discusión). El Consejo no descarta convocar un pleno extraordinario para hacerlo
El acoso al juez Garzón "Es una cuestión de justicia y de dignidad"
JUAN DIEGO QUESADA - Madrid - 25/04/2010
FTE: (EL PAIS.ES)
Se llamaba Enrique Santiago Araújo y era médico de profesión. Fue detenido en su casa un día de julio de 1936. Su crimen: haber asistido a un mitin socialista la semana anterior. Estuvo encerrado en los calabozos de Ceuta casi un mes. Se lo devolvieron a su mujer en un ataúd de madera con el cuerpo lleno de balazos. Tenía 27 años.
Los nietos de Enrique Santiago Araújo se manifestaron ayer con su retrato en sepia por la calle de Alcalá, 74 años después. Volvieron hace poco a Ceuta para visitar la tumba de su abuelo e intentaron sin éxito aclarar las circunstancias de su muerte. Pero ¿por qué precisamente ahora? "El tema estaba dormido, pero con lo que están intentando hacer al juez Garzón hemos despertado", comentaba en medio de la multitud Pablo Santiago, uno de sus descendientes. Para la manifestación, buscaron la foto de su abuelo y encontraron un sentimiento que tenían dormido: "Queremos saber qué le pasó. Y si hay alguien que tenga que ser juzgado, adelante".
Más arriba, un tipo con chaleco lleva una fotografía de Ángeles Losada. Debajo pone: ¡Justicia! "¿Es usted familiar de esta mujer?". "Qué va, me han dado la pancarta hace un rato. No sé ni quién es, pero me basta con saber que es una víctima del franquismo", dice, y apostilla para que conste en acta que se llama Juancho García y que tiene 33 años. Es más, añade que proviene de una familia que comulgaba con el régimen franquista. "Eso no cambia nada. Yo tengo mis ideas y quiero que se repare la memoria de todos los muertos y desaparecidos. Si se hace en Argentina o en Chile... ¿por qué no aquí?".
Por la Puerta del Sol andaba también Francisco Olmo, pin con la bandera republicana en la solapa. Quiso estar en la manifestación a favor de Garzón. Se bastaba él y la foto de su padre, un agricultor desaparecido. A su madre, la viuda, le ofrecieron durante el franquismo una pensión de viudedad a cambio de que firmase un documento ignominioso que afirmaba que su marido había fallecido de muerte natural. No lo hizo, a pesar de que en casa no había un mendrugo de pan que echarse a la boca.
El hombre lleva años tratando de saber dónde está su padre. Era un retrato de la dignidad verle ayer solo, a sus 77 años, con su foto entre la multitud.
"¡España mañana será republicana!", clamaban Juan Carlos y Luis, dos estudiantes de Historia que rondan la veintena. "Los muertos son de todos nosotros. No podemos olvidarles", explicaban, a pesar de que ninguno de los dos tiene familiares directos. "No es que sea sólo justicia, es una cuestión de dignidad".
FTE: (EL PAIS.ES)
Se llamaba Enrique Santiago Araújo y era médico de profesión. Fue detenido en su casa un día de julio de 1936. Su crimen: haber asistido a un mitin socialista la semana anterior. Estuvo encerrado en los calabozos de Ceuta casi un mes. Se lo devolvieron a su mujer en un ataúd de madera con el cuerpo lleno de balazos. Tenía 27 años.
Los nietos de Enrique Santiago Araújo se manifestaron ayer con su retrato en sepia por la calle de Alcalá, 74 años después. Volvieron hace poco a Ceuta para visitar la tumba de su abuelo e intentaron sin éxito aclarar las circunstancias de su muerte. Pero ¿por qué precisamente ahora? "El tema estaba dormido, pero con lo que están intentando hacer al juez Garzón hemos despertado", comentaba en medio de la multitud Pablo Santiago, uno de sus descendientes. Para la manifestación, buscaron la foto de su abuelo y encontraron un sentimiento que tenían dormido: "Queremos saber qué le pasó. Y si hay alguien que tenga que ser juzgado, adelante".
Más arriba, un tipo con chaleco lleva una fotografía de Ángeles Losada. Debajo pone: ¡Justicia! "¿Es usted familiar de esta mujer?". "Qué va, me han dado la pancarta hace un rato. No sé ni quién es, pero me basta con saber que es una víctima del franquismo", dice, y apostilla para que conste en acta que se llama Juancho García y que tiene 33 años. Es más, añade que proviene de una familia que comulgaba con el régimen franquista. "Eso no cambia nada. Yo tengo mis ideas y quiero que se repare la memoria de todos los muertos y desaparecidos. Si se hace en Argentina o en Chile... ¿por qué no aquí?".
Por la Puerta del Sol andaba también Francisco Olmo, pin con la bandera republicana en la solapa. Quiso estar en la manifestación a favor de Garzón. Se bastaba él y la foto de su padre, un agricultor desaparecido. A su madre, la viuda, le ofrecieron durante el franquismo una pensión de viudedad a cambio de que firmase un documento ignominioso que afirmaba que su marido había fallecido de muerte natural. No lo hizo, a pesar de que en casa no había un mendrugo de pan que echarse a la boca.
El hombre lleva años tratando de saber dónde está su padre. Era un retrato de la dignidad verle ayer solo, a sus 77 años, con su foto entre la multitud.
"¡España mañana será republicana!", clamaban Juan Carlos y Luis, dos estudiantes de Historia que rondan la veintena. "Los muertos son de todos nosotros. No podemos olvidarles", explicaban, a pesar de que ninguno de los dos tiene familiares directos. "No es que sea sólo justicia, es una cuestión de dignidad".
El acoso al juez Garzón Rajoy califica de "brutal" la campaña contra el Supremo por el 'caso Garzón'
El líder del PP pide a Zapatero que "dé la cara" y opine sobre la situación del alto tribunal
EFE - Pamplona - 24/04/2010
FTE: (ABC.ES)
El líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha exigido al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que "dé la cara" y opine sobre la "brutal y antidemocrática" campaña que, a su juicio, se está llevando a cabo contra el Tribunal Supremo. En su intervención en Pamplona ante la Junta Directiva del PP de Navarra, refundado en 2008 tras su ruptura con UPN, Rajoy ha aludido a las causas abiertas en el Supremo contra el juez Baltasar Garzón y ha subrayado que todos los españoles "son iguales ante la ley" y nadie puede tener "patente de corso"
in embargo, ha afirmado, se asiste en España a una "brutal" campaña en contra del Tribunal Supremo y el poder judicial para que "no se juzgue a una persona" y, de triunfar esta pretensión, ha dicho, "la ley no sería igual para todos" y "el daño a la justicia sería irreparable". "Lo que está en juego es la justicia, su independencia, su libertad", ha declarado Rajoy, quien ha resaltado que el PP apoyará siempre al Supremo "cualquiera que sea su decisión" en relación al juez Garzón. Zapatero, ha destacado el líder de la oposición, "no puede seguir callado" mientras "se organizan manifestaciones y presiones antidemocráticas" y por ello le ha exigido que explique "si cree en la división de poderes" y si "le parece bien o mal esta brutal campaña", en la que "de forma bochornosa están participando miembros del Partido Socialista".
Críticas a la reforma de la Ley del Aborto
Rajoy ha centrado gran parte de su intervención en la crisis y ha denunciado que España "está haciendo lo mismo que ha hecho Grecia desde hace mucho tiempo", por lo que ha instado a aplicar políticas de austeridad y reducción del gasto público, porque "el tiempo se acaba" y está en juego "la recuperación económica de España para mucho tiempo". El Gobierno socialista, ha criticado Rajoy, ha pasado en esta crisis económica por tres fases: la del "engaño", la del "gasto desmesurado" y la de la "hiperactividad inútil", con una última medida, la de la subida del IVA, que en su opinión será "injusta e insolidaria", pero además "absolutamente ineficaz". En cambio, ha apuntado, la receta del PP contra la crisis pasa por la reducción del gasto público, la reestructuración del sistema financiero para incrementar el crédito y la inversión, la reforma del mercado laboral, y la bajada de impuestos, especialmente para las pymes y autónomos.
El tiempo para aplicar estas medidas "se acaba", ha insistido Rajoy, quien ha asegurado que "el ejemplo de Grecia es la lección que debemos aprender". Rajoy ha apoyado la decisión de apoyar económicamente a Grecia, con 3.600 millones de euros en el caso de España, pero ha aseverado que esa ayuda "no es ni para alegrarse ni para presumir, que es lo que hace el Gobierno de España", ya que, para ello, "hay que pedir dinero prestado" y el montante de crédito para 2010, ha calculado, ascenderá a unos 200.000 millones de euros.
En una comunidad donde no se practican abortos 22 años después de la despenalización, Rajoy ha cargado contra la modificación de la Ley del Aborto y ha instado al Gobierno a que, en lugar de aprobar "normas que dividen a los españoles" y que son "anticonstitucionales", ofrezca "apoyo, ayuda, cariño e información" a las mujeres que quieran interrumpir su embarazo. También ha reclamado más apoyo a las familias y ha manifestado en ese sentido que "es inaceptable que una niña de 16 años pueda, sin el conocimiento de sus padres, tomar una decisión de estas características".
Ha intervenido asimismo en este acto el presidente del PPN, Santiago Cervera, quien, sobre esta última cuestión, ha indicado que "un partido o un Gobierno que recurre una ley ante el Tribunal Constitucional no vulnera el derecho de ninguna mujer", sino que, por el contrario, está "defendiendo el derecho de todos". Tanto Cervera como Rajoy han dado en este acto la bienvenida en el partido a Jesús Ángel Lecumberri, alcalde de San Martín de Unx, ex integrante de la Agrupación Independiente San Martín, que se ha convertido en el primer alcalde afiliado al PP en Navarra
EFE - Pamplona - 24/04/2010
FTE: (ABC.ES)
El líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha exigido al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que "dé la cara" y opine sobre la "brutal y antidemocrática" campaña que, a su juicio, se está llevando a cabo contra el Tribunal Supremo. En su intervención en Pamplona ante la Junta Directiva del PP de Navarra, refundado en 2008 tras su ruptura con UPN, Rajoy ha aludido a las causas abiertas en el Supremo contra el juez Baltasar Garzón y ha subrayado que todos los españoles "son iguales ante la ley" y nadie puede tener "patente de corso"
in embargo, ha afirmado, se asiste en España a una "brutal" campaña en contra del Tribunal Supremo y el poder judicial para que "no se juzgue a una persona" y, de triunfar esta pretensión, ha dicho, "la ley no sería igual para todos" y "el daño a la justicia sería irreparable". "Lo que está en juego es la justicia, su independencia, su libertad", ha declarado Rajoy, quien ha resaltado que el PP apoyará siempre al Supremo "cualquiera que sea su decisión" en relación al juez Garzón. Zapatero, ha destacado el líder de la oposición, "no puede seguir callado" mientras "se organizan manifestaciones y presiones antidemocráticas" y por ello le ha exigido que explique "si cree en la división de poderes" y si "le parece bien o mal esta brutal campaña", en la que "de forma bochornosa están participando miembros del Partido Socialista".
Críticas a la reforma de la Ley del Aborto
Rajoy ha centrado gran parte de su intervención en la crisis y ha denunciado que España "está haciendo lo mismo que ha hecho Grecia desde hace mucho tiempo", por lo que ha instado a aplicar políticas de austeridad y reducción del gasto público, porque "el tiempo se acaba" y está en juego "la recuperación económica de España para mucho tiempo". El Gobierno socialista, ha criticado Rajoy, ha pasado en esta crisis económica por tres fases: la del "engaño", la del "gasto desmesurado" y la de la "hiperactividad inútil", con una última medida, la de la subida del IVA, que en su opinión será "injusta e insolidaria", pero además "absolutamente ineficaz". En cambio, ha apuntado, la receta del PP contra la crisis pasa por la reducción del gasto público, la reestructuración del sistema financiero para incrementar el crédito y la inversión, la reforma del mercado laboral, y la bajada de impuestos, especialmente para las pymes y autónomos.
El tiempo para aplicar estas medidas "se acaba", ha insistido Rajoy, quien ha asegurado que "el ejemplo de Grecia es la lección que debemos aprender". Rajoy ha apoyado la decisión de apoyar económicamente a Grecia, con 3.600 millones de euros en el caso de España, pero ha aseverado que esa ayuda "no es ni para alegrarse ni para presumir, que es lo que hace el Gobierno de España", ya que, para ello, "hay que pedir dinero prestado" y el montante de crédito para 2010, ha calculado, ascenderá a unos 200.000 millones de euros.
En una comunidad donde no se practican abortos 22 años después de la despenalización, Rajoy ha cargado contra la modificación de la Ley del Aborto y ha instado al Gobierno a que, en lugar de aprobar "normas que dividen a los españoles" y que son "anticonstitucionales", ofrezca "apoyo, ayuda, cariño e información" a las mujeres que quieran interrumpir su embarazo. También ha reclamado más apoyo a las familias y ha manifestado en ese sentido que "es inaceptable que una niña de 16 años pueda, sin el conocimiento de sus padres, tomar una decisión de estas características".
Ha intervenido asimismo en este acto el presidente del PPN, Santiago Cervera, quien, sobre esta última cuestión, ha indicado que "un partido o un Gobierno que recurre una ley ante el Tribunal Constitucional no vulnera el derecho de ninguna mujer", sino que, por el contrario, está "defendiendo el derecho de todos". Tanto Cervera como Rajoy han dado en este acto la bienvenida en el partido a Jesús Ángel Lecumberri, alcalde de San Martín de Unx, ex integrante de la Agrupación Independiente San Martín, que se ha convertido en el primer alcalde afiliado al PP en Navarra
El acoso al juez Garzón ¿Valen menos las víctimas de Franco que las de Pinochet?
Asociaciones de jueces y fiscales, así como organizaciones de defensa de derechos humanos defienden la investigación del franquismo que abrió Garzón
NATALIA JUNQUERA - Madrid - 25/04/2010
FTE: (EL PAIS.es)
Hace cinco meses el fiscal de la Corte Penal Internacional, lo más parecido a un árbitro internacional, Luis Ocampo, en una entrevista a este diario se mostraba escéptico respecto a las querellas interpuestas contra Baltasar Garzón. "Son gajes del oficio", decía. Dudaba que el magistrado de la Audiencia Nacional fuera a sentarse en el banquillo. Nunca pensó que las cosas fueran a llegar tan lejos
Pero el magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela atribuyó a la "imaginación creativa" de Garzón su decisión de abrir una causa al franquismo. Le acusó de "cuartear principios esenciales del Estado" y denegó todas las pruebas de descargo que solicitó el juez querellado, entre ellas, el testimonio de otros jueces, de España y el extranjero, con idéntica fantasía. Hoy la carrera del juez pende de un hilo.
Asociaciones de jueces y fiscales nacionales e internacionales han emitido decenas de comunicados para concluir que donde el magistrado del Tribunal Supremo ve indicios de prevaricación, hay, en realidad, un debate jurídico: el de la restricción de las leyes de amnistía o punto final para juzgar delitos de barbarie. Este es un repaso a lo que han dicho juristas y asociaciones de defensa de los derechos humanos de todo el mundo, aunque el juez Valera se ha negado a que se les escuche en el Tribunal Supremo.
- Comisión Internacional de Juristas (CIJ). Integrada por 59 presidentes y ex presidentes de Cortes Supremas, magistrados y abogados de países representados en Naciones Unidas, la CIJ expresó su "preocupación" por la "interferencia injustificada" en las funciones profesionales de Garzón y su investigación de unos crímenes "que España tiene el deber internacional de investigar y perseguir judicialmente", porque, añadían, son imprescriptibles.
- Eugenio Raúl Zaffaroni, Corte Suprema de Justicia de Argentina. Participó en la redacción de la sentencia que acabó con las dos leyes de Obediencia civil y Punto Final que amnistiaban los delitos cometidos durante la dictadura argentina. "Da la sensación de que España trata de ocultar la existencia de crímenes contra la humanidad", opinó. "No se entiende. La privación del estado civil, y el secuestro de niños es un delito permanente. Es decir, el delito se sigue cometiendo mientras no se dé cuenta del paradero del secuestrado. Es doctrina universal aceptada por todos los países, no tiene que ver con el código penal de cada país", aseguró.
- Amnistía Internacional. "El Comité de Derechos Humanos y el Comité contra la Tortura, de la ONU, han señalado que España debe revocar la Ley de Amnistía. Han reiterado a las autoridades españolas que la desaparición forzada y la tortura son crímenes por los que no pueden aplicarse amnistías y que no prescriben", asegura. Su posición es que "en vez de entablar acciones penales contra Garzón por investigar delitos de derecho internacional, España, independientemente de la fecha de comisión de los delitos, debe llevar a los responsables ante la justicia".
- Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ). Esta organización ha asesorado a decenas de estados en procesos de revisión de su pasado dictatorial. "España ha ratificado el estatuto del Tribunal Penal Internacional, se ha comprometido a poner fin a la impunidad de los crímenes más graves, y no a promoverla", afirmó el presidente del ICTJ, David Tolbert. "Aquellos jueces que investigan de buena fe, respaldados por el derecho internacional, no pueden hacer su trabajo si se sienten bajo amenaza de ser políticamente atacados con acciones legales".
- Comisión Colombiana de Juristas. La organización expresó su "enorme preocupación" por la decisión de Varela. "Los fundamentos de la decisión del magistrado instructor resultan contrarios a derecho e incompatibles con las obligaciones internacionales del Estado español en materia de investigación y represión de los crímenes de lesa humanidad", que, añadían, "son imprescriptibles y no pueden ser objeto de amnistías o medidas similares". "Resulta extraño, jurídica y éticamente, que un magistrado pueda ser juzgado por buscar la verdad, la justicia y la reparación por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la Guerra Civil española y la posterior dictadura franquista. Esta decisión del Magistrado instructor del Supremo envía una mala señal al mundo".
- Human Rights Watch. "La decisión de procesar a Garzón permite que España y Europa sean acusadas de aplicar un doble rasero y socava la credibilidad y efectividad de la UE en la lucha contra la impunidad por delitos graves", declaró Lotte Leicht, directora de la oficina ante la UE de la organización internacional. "La decisión de Garzón de no aplicar la Ley de Amnistía tiene sustento tanto en el derecho internacional convencional como consuetudinario, que obliga a los Estados a investigar los delitos internacionales más graves, incluidos los crímenes de lesa humanidad". "En 2008, el Comité de Derechos Humanos de la ONU instó a España a derogar la Ley de Amnistía de 1977 y a garantizar que los tribunales no aplicasen plazos de prescripción en los casos de delitos de lesa humanidad". "El Tribunal Europeo de Derechos Humanos determinó en 2009 que las leyes de amnistía son incompatibles con la obligación de los estados de investigar los actos de tortura o barbarie".
- Clara Bayarri, magistrada de la Audiencia Nacional. Emitió un voto particular discrepante, junto a Ricardo de Prada y Ramón Sáez, en el que se mostraba partidaria de la competencia de la Audiencia para investigar "delitos de lesa humanidad y genocidio que la sistemática y masiva eliminación de adversarios políticos que se verificó tras la Guerra Civil constituye". "Soy una discrepante, sí, pero no soy por ello una grosera ignorante de la legalidad ni una prevaricadora".
- Jueces para la Democracia y Unión Progresista de Fiscales. Ambas organizaciones, descendientes de Justicia Democrática, nacida bajo la dictadura franquista, emitieron un comunicado conjunto en el que aseguraban: "A nivel judicial ninguna responsabilidad ha sido establecida por la autoría de tan horrendos crímenes . Este drama, una vergüenza nacional y una verdadera excepción en nuestro ámbito, resulta particularmente hiriente si se considera que la jurisdicción española ha sido capaz de perseguir a criminales contra la humanidad (...) en otros países". "La investigación respondía a requerimientos del derecho internacional, a la lucha contra la impunidad de los más graves crímenes contra la humanidad internacional, a la promoción y defensa de los derechos humanos. Esta imaginación creativa que consideró inaplicables las leyes de punto final y obediencia debida (...) permitió sentar en el banquillo a dictadores, torturadores y genocidas (...) Cuestionar la ley de amnistía con base al derecho internacional, que niega validez a las normas de impunidad de los crímenes internacionales, no puede ser un hecho delictivo porque entra en la función del juez como intérprete de la legalidad ponderar las normas que debe aplicar. (...)".
Los casos más famosos del juez Garzón
- La cúpula de Interior, a prisión por los GAL. El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón fue el instructor del caso Marey, que investigó el secuestro en diciembre de 1983 del empresario Segundo Marey , confundido con un etarra. Las pesquisas desembocaron en la condena de José Barrionuevo, ex ministro de Interior en uno de los gobiernos de Felipe González, y de su número dos, el ex secretario de Estado de Seguridad Rafael Vera, merced a la confesión del ex policía José Amedo.
- Pinochet, recluido durante meses en Londres. Su investigación sobre el ex dictador chileno por genocidio, terrorismo y torturas lo mantuvo retenido durante 15 meses -entre 1998 y 1999- en Londres a la espera de que el Gobierno británico decidiera si daba curso a la petición de extradición planteada por el magistrado español. Al final, Londres denegó la entrega.
- Cerco al entorno de ETA. No sólo son terroristas los miembros de la banda, sino también los de sus organizaciones satélite. Garzón ha sido el artífice de una estrategia judicial que ha debilitado al máximo a ETA, paralizando sus actividades y procesando a los miembros de KAS, Segi y de la Mesa Nacional de Batasuna.
- Golpe a la mayor trama de corrupción del PP. El caso Gürtel descubrió una trama de comisiones ilegales y sobornos a cargos del PP. La investigación tiene entre sus implicados al ex tesorero del partido y ex senador Luis Bárcenas, y al ex diptuado Jesús Merino, que tuvieron que dimitir de todos sus cargos, y al presidente valenciano Francisco Camps.
- Contra los narcos gallegos. Garzón acabó con el clan de los Charlines, y con capos como Sito Miñanco o Laureano Oubiña, que controlaban la droga en Galicia
NATALIA JUNQUERA - Madrid - 25/04/2010
FTE: (EL PAIS.es)
Hace cinco meses el fiscal de la Corte Penal Internacional, lo más parecido a un árbitro internacional, Luis Ocampo, en una entrevista a este diario se mostraba escéptico respecto a las querellas interpuestas contra Baltasar Garzón. "Son gajes del oficio", decía. Dudaba que el magistrado de la Audiencia Nacional fuera a sentarse en el banquillo. Nunca pensó que las cosas fueran a llegar tan lejos
Pero el magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela atribuyó a la "imaginación creativa" de Garzón su decisión de abrir una causa al franquismo. Le acusó de "cuartear principios esenciales del Estado" y denegó todas las pruebas de descargo que solicitó el juez querellado, entre ellas, el testimonio de otros jueces, de España y el extranjero, con idéntica fantasía. Hoy la carrera del juez pende de un hilo.
Asociaciones de jueces y fiscales nacionales e internacionales han emitido decenas de comunicados para concluir que donde el magistrado del Tribunal Supremo ve indicios de prevaricación, hay, en realidad, un debate jurídico: el de la restricción de las leyes de amnistía o punto final para juzgar delitos de barbarie. Este es un repaso a lo que han dicho juristas y asociaciones de defensa de los derechos humanos de todo el mundo, aunque el juez Valera se ha negado a que se les escuche en el Tribunal Supremo.
- Comisión Internacional de Juristas (CIJ). Integrada por 59 presidentes y ex presidentes de Cortes Supremas, magistrados y abogados de países representados en Naciones Unidas, la CIJ expresó su "preocupación" por la "interferencia injustificada" en las funciones profesionales de Garzón y su investigación de unos crímenes "que España tiene el deber internacional de investigar y perseguir judicialmente", porque, añadían, son imprescriptibles.
- Eugenio Raúl Zaffaroni, Corte Suprema de Justicia de Argentina. Participó en la redacción de la sentencia que acabó con las dos leyes de Obediencia civil y Punto Final que amnistiaban los delitos cometidos durante la dictadura argentina. "Da la sensación de que España trata de ocultar la existencia de crímenes contra la humanidad", opinó. "No se entiende. La privación del estado civil, y el secuestro de niños es un delito permanente. Es decir, el delito se sigue cometiendo mientras no se dé cuenta del paradero del secuestrado. Es doctrina universal aceptada por todos los países, no tiene que ver con el código penal de cada país", aseguró.
- Amnistía Internacional. "El Comité de Derechos Humanos y el Comité contra la Tortura, de la ONU, han señalado que España debe revocar la Ley de Amnistía. Han reiterado a las autoridades españolas que la desaparición forzada y la tortura son crímenes por los que no pueden aplicarse amnistías y que no prescriben", asegura. Su posición es que "en vez de entablar acciones penales contra Garzón por investigar delitos de derecho internacional, España, independientemente de la fecha de comisión de los delitos, debe llevar a los responsables ante la justicia".
- Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ). Esta organización ha asesorado a decenas de estados en procesos de revisión de su pasado dictatorial. "España ha ratificado el estatuto del Tribunal Penal Internacional, se ha comprometido a poner fin a la impunidad de los crímenes más graves, y no a promoverla", afirmó el presidente del ICTJ, David Tolbert. "Aquellos jueces que investigan de buena fe, respaldados por el derecho internacional, no pueden hacer su trabajo si se sienten bajo amenaza de ser políticamente atacados con acciones legales".
- Comisión Colombiana de Juristas. La organización expresó su "enorme preocupación" por la decisión de Varela. "Los fundamentos de la decisión del magistrado instructor resultan contrarios a derecho e incompatibles con las obligaciones internacionales del Estado español en materia de investigación y represión de los crímenes de lesa humanidad", que, añadían, "son imprescriptibles y no pueden ser objeto de amnistías o medidas similares". "Resulta extraño, jurídica y éticamente, que un magistrado pueda ser juzgado por buscar la verdad, la justicia y la reparación por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la Guerra Civil española y la posterior dictadura franquista. Esta decisión del Magistrado instructor del Supremo envía una mala señal al mundo".
- Human Rights Watch. "La decisión de procesar a Garzón permite que España y Europa sean acusadas de aplicar un doble rasero y socava la credibilidad y efectividad de la UE en la lucha contra la impunidad por delitos graves", declaró Lotte Leicht, directora de la oficina ante la UE de la organización internacional. "La decisión de Garzón de no aplicar la Ley de Amnistía tiene sustento tanto en el derecho internacional convencional como consuetudinario, que obliga a los Estados a investigar los delitos internacionales más graves, incluidos los crímenes de lesa humanidad". "En 2008, el Comité de Derechos Humanos de la ONU instó a España a derogar la Ley de Amnistía de 1977 y a garantizar que los tribunales no aplicasen plazos de prescripción en los casos de delitos de lesa humanidad". "El Tribunal Europeo de Derechos Humanos determinó en 2009 que las leyes de amnistía son incompatibles con la obligación de los estados de investigar los actos de tortura o barbarie".
- Clara Bayarri, magistrada de la Audiencia Nacional. Emitió un voto particular discrepante, junto a Ricardo de Prada y Ramón Sáez, en el que se mostraba partidaria de la competencia de la Audiencia para investigar "delitos de lesa humanidad y genocidio que la sistemática y masiva eliminación de adversarios políticos que se verificó tras la Guerra Civil constituye". "Soy una discrepante, sí, pero no soy por ello una grosera ignorante de la legalidad ni una prevaricadora".
- Jueces para la Democracia y Unión Progresista de Fiscales. Ambas organizaciones, descendientes de Justicia Democrática, nacida bajo la dictadura franquista, emitieron un comunicado conjunto en el que aseguraban: "A nivel judicial ninguna responsabilidad ha sido establecida por la autoría de tan horrendos crímenes . Este drama, una vergüenza nacional y una verdadera excepción en nuestro ámbito, resulta particularmente hiriente si se considera que la jurisdicción española ha sido capaz de perseguir a criminales contra la humanidad (...) en otros países". "La investigación respondía a requerimientos del derecho internacional, a la lucha contra la impunidad de los más graves crímenes contra la humanidad internacional, a la promoción y defensa de los derechos humanos. Esta imaginación creativa que consideró inaplicables las leyes de punto final y obediencia debida (...) permitió sentar en el banquillo a dictadores, torturadores y genocidas (...) Cuestionar la ley de amnistía con base al derecho internacional, que niega validez a las normas de impunidad de los crímenes internacionales, no puede ser un hecho delictivo porque entra en la función del juez como intérprete de la legalidad ponderar las normas que debe aplicar. (...)".
Los casos más famosos del juez Garzón
- La cúpula de Interior, a prisión por los GAL. El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón fue el instructor del caso Marey, que investigó el secuestro en diciembre de 1983 del empresario Segundo Marey , confundido con un etarra. Las pesquisas desembocaron en la condena de José Barrionuevo, ex ministro de Interior en uno de los gobiernos de Felipe González, y de su número dos, el ex secretario de Estado de Seguridad Rafael Vera, merced a la confesión del ex policía José Amedo.
- Pinochet, recluido durante meses en Londres. Su investigación sobre el ex dictador chileno por genocidio, terrorismo y torturas lo mantuvo retenido durante 15 meses -entre 1998 y 1999- en Londres a la espera de que el Gobierno británico decidiera si daba curso a la petición de extradición planteada por el magistrado español. Al final, Londres denegó la entrega.
- Cerco al entorno de ETA. No sólo son terroristas los miembros de la banda, sino también los de sus organizaciones satélite. Garzón ha sido el artífice de una estrategia judicial que ha debilitado al máximo a ETA, paralizando sus actividades y procesando a los miembros de KAS, Segi y de la Mesa Nacional de Batasuna.
- Golpe a la mayor trama de corrupción del PP. El caso Gürtel descubrió una trama de comisiones ilegales y sobornos a cargos del PP. La investigación tiene entre sus implicados al ex tesorero del partido y ex senador Luis Bárcenas, y al ex diptuado Jesús Merino, que tuvieron que dimitir de todos sus cargos, y al presidente valenciano Francisco Camps.
- Contra los narcos gallegos. Garzón acabó con el clan de los Charlines, y con capos como Sito Miñanco o Laureano Oubiña, que controlaban la droga en Galicia
El acoso al juez Garzón La Falange reúne a un centenar de personas en Madrid
Proclamas contra partidos políticos y sindicatos en la concentración a favor del procesamiento del juez Garzón y en defensa de la legalidad del grupo ultraderechista
BRUNO G. GALLO - Madrid - 24/04/2010
(FTE: EL PAIS.ES)
ocho años cantaba el himno franquista Cara al Sol, y su hermano menor hacía ondear una bandera falangista que le doblaba en altura. Aún no sabía la letra, pero, como los otros 150 asistentes a la manifestación en Madrid, elevaba el brazo con el saludo fascista. Terminaba así una protesta que dos horas antes había cerrado un carril de la calle Génova con cánticos insultantes, ambiente festivo y ni un solo incidente violento que resaltar.
Había varios niños, envueltos en enseñas nacionales, pero sobre todo había hombres y mujeres que se hicieron viejos de repente durante la guerra. Como Antonio López, hijo de un capitán fusilado por los republicanos, que, "al contrario que la mayoría de los de aquí", guarda el carnet de cuando la falange era el Movimiento Nacional. Con una gorra de "la guardia de Franco", coreaba gritos como "¡Pasamos, vencimos y venceremos!".
Pese a los intentos de la organización por suavizar las proclamas, hubo insultos y amenazas para todos: jueces, políticos de cualquier pelaje, gentes del cine, y por supuesto el comunista Santiago Carrillo. Megáfono en mano, uno de los miembros de La Falange iniciaba los cánticos ante una decena de cámaras de medios españoles y extranjeros. Dentro de la marcha, unos y otros se animaban entre sí: "No os peguéis mucho, que somos pocos", "esta noche seguro que salimos en el telediario".
Tras la marcha, el mitin. Uno de los dirigentes falangistas, Ignacio Menéndez, agradecía a Pedro Almodóvar, Pilar Bardem y otros por "destapar la caja de Pandora" y sacarlos a la calle. Otro, Martín Sáenz Ynestrillas, retaba: "¡Ilegalizanos, aquí tenéis al primer militantes de las falanges clandestinas!". Por último el jefe nacional, Manuel Andrino, amenazaba: "Ningún papel administrativo nos impedirá defender España incluso con las armas; de momento no manejamos las armas, entonces se tendrán que sentar en la mes de igual a igual como hicieron con ETA".
Poco antes, otra dirigente sugería la posibilidad de "abrir otra vía judicial". Porque la manifestación la había convocado este partido (10.300 votos en 2004), pero la querella contra el juez Baltasar Garzón la presentó Falange Española de las JONS (14.000 votos en 2008), que precisamente ayer reunía a su Consejo Nacional para responder a su expulsión de la causa, y se desvinculaba por completo de la manifestación
BRUNO G. GALLO - Madrid - 24/04/2010
(FTE: EL PAIS.ES)
ocho años cantaba el himno franquista Cara al Sol, y su hermano menor hacía ondear una bandera falangista que le doblaba en altura. Aún no sabía la letra, pero, como los otros 150 asistentes a la manifestación en Madrid, elevaba el brazo con el saludo fascista. Terminaba así una protesta que dos horas antes había cerrado un carril de la calle Génova con cánticos insultantes, ambiente festivo y ni un solo incidente violento que resaltar.
Había varios niños, envueltos en enseñas nacionales, pero sobre todo había hombres y mujeres que se hicieron viejos de repente durante la guerra. Como Antonio López, hijo de un capitán fusilado por los republicanos, que, "al contrario que la mayoría de los de aquí", guarda el carnet de cuando la falange era el Movimiento Nacional. Con una gorra de "la guardia de Franco", coreaba gritos como "¡Pasamos, vencimos y venceremos!".
Pese a los intentos de la organización por suavizar las proclamas, hubo insultos y amenazas para todos: jueces, políticos de cualquier pelaje, gentes del cine, y por supuesto el comunista Santiago Carrillo. Megáfono en mano, uno de los miembros de La Falange iniciaba los cánticos ante una decena de cámaras de medios españoles y extranjeros. Dentro de la marcha, unos y otros se animaban entre sí: "No os peguéis mucho, que somos pocos", "esta noche seguro que salimos en el telediario".
Tras la marcha, el mitin. Uno de los dirigentes falangistas, Ignacio Menéndez, agradecía a Pedro Almodóvar, Pilar Bardem y otros por "destapar la caja de Pandora" y sacarlos a la calle. Otro, Martín Sáenz Ynestrillas, retaba: "¡Ilegalizanos, aquí tenéis al primer militantes de las falanges clandestinas!". Por último el jefe nacional, Manuel Andrino, amenazaba: "Ningún papel administrativo nos impedirá defender España incluso con las armas; de momento no manejamos las armas, entonces se tendrán que sentar en la mes de igual a igual como hicieron con ETA".
Poco antes, otra dirigente sugería la posibilidad de "abrir otra vía judicial". Porque la manifestación la había convocado este partido (10.300 votos en 2004), pero la querella contra el juez Baltasar Garzón la presentó Falange Española de las JONS (14.000 votos en 2008), que precisamente ayer reunía a su Consejo Nacional para responder a su expulsión de la causa, y se desvinculaba por completo de la manifestación
Al Supremo le llueven peticiones para que cierre el «caso Garzón»
Una oleada de marchas se preparan para el sábado en embajadas y ciudades españolas, asociaciones como Human Rights y Amnistía Internacional censuran el proceso contra el juez y 150.000 personas entregan firmas en el Congreso
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FTE (ABC.ES)
VÍDEO de la entrega de firmas en el Parlamento a favor de Garzón: ATLAS
Concentración en La Coruña de descendientes de víctimas del franquismo / EFE
La Plataforma ciudadana de Córdoba en apoyo del juez Garzón ha utilizado la sede de UGT para presentar la marcha del sábado / VALERIO MERINO
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«No comento temas judiciales», dice Botín, que ha recibido la citación
Las acusaciones requieren que también se pida información a Cepsa
Los «garzonistas» marcharán el sábado en una veintena de ciudades
La Fiscalía del Supremo pide el archivo de la causa contra Garzón
E. M. | MADRID
Actualizado Jueves , 22-04-10 a las 23 : 21
Durante la jornada de hoy, hemos escuchado muchos argumentos para no callarse ante el juicio que parece próximo y que sentará en el banquillo al juez Baltasar Garzón. Él mismo ha denegado acudir a un congreso que tenía en su agenda en Ginebra sobre la ligazón de Periodismo y Justicia debido a su «situación actual». Que el juez más mediático acuda a dar una lección magistral sobre lo unidos que deben caminar el ejercicio de periodistas, en connivencia con los jueces y las informaciones que su actividad depara, tiene un punto paradójico a fecha de hoy.
En su favor, el colectivo de representantes de la cultura agrupados en la recién creada Plataforma contra la impunidad del franquismo ha dado voz al anuncio de una manifestación multitudinaria -esperan- para el sábado en una veintena de ciudades. En Madrid estarán el cineasta Almodóvar, los escritores Almudena Grandes y Marcos Ana, y otro, Luis García Montero, se ha encargado de dar algunos detalles de la concentración del 24 de abril, a las 18.30 horas, entre Cibeles y Sol. Este colectivo de artistas -entre los que se ha podido ver, esta mañana, a Aitana Sánchez-Gijón, Tristán Ulloa, José Sacristán, Juan Diego Botto, Antonio de la Torre o Asunción Balaguer- se ha rodeado hoy de familiares de víctimas y asociaciones de la memoria histórica para presentar el acto.
El poeta García Montero ha hecho hincapié hoy en que la convocatoria se realiza desde el «respeto a las instituciones democráticas» -para alejar fantasmas de críticas al quehacer del Tribunal Supremo- y «sin intención de presionar a ninguna institución judicial». A continuación, familiares de víctimas del franquismo, como Hilda Farfante, quien tenía cinco años cuando sus padres, maestros de profesión, fueron asesinados en 1936 «y tirados a una cuneta», ha afirmado, para dejar la palabra al ex presidente de la asociación de ex presos y represaliados del franquismo, Gervasio Puente, literalmente: «Nos hemos dormido durante estos años, es necesario luchar».
El mismo sábado, Falange Española ha convocado otra concentración enfrentada, aunque los artistas han dejado claro que habrá un gran dispositivo que evite «cualquier mezcla»
García Montero ha censurado, literalmente, que «las mismas siglas que en el año 1936 rompieron la legalidad para imponer el terror sean las que ahora utilizan las leyes para burlar y despreciar a los descendientes de las personas a las que ellos mismos ajusticiaron», en referencia a la denuncia interpuesta por Falange Española. Por ello, la manifestación discurrirá por arterias centrales de la capital reclamando «Justicia, verdad y reparació para los familiares de al menos 131.000 desaparecidos, los fusilados, encarcelados, represaliados y exiliados».
Al Supremo le llueven peticiones para que cierre el «caso Garzón»
Concentración hoy en apoyo a Garzón / EFE
Polvorín de manifestacionesEl mismo día de esta marcha, Falange Española ha convocado otra concentración en las calles de Madrid, un gesto que los organizadores consideran «un acto de provocación más». Sin embargo, explicaron que han mantenido diversas reuniones con responsables del Ministerio del Interior para garantizar la seguridad. «Habrá un dispositivo policial que evite cualquier enfrentamiento y mezcla», garantizó García Montero.
Para apoyar la manifestación de Madrid están convocados actos a la misma hora en otras ciudades españolas y concentraciones ante las embajadas de España de diferentes lugares del mundo como Buenos Aires, Bruselas, Londres o París. Hoy mismo, y después de que asociaciones de víctimas hayan hecho entrega de 150.000 firmas pidiendo -como la Fiscalía- el archivo de la causa contra Garzón, la organización internacional Human Rights Watch ha pedido al presidente permanente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, y a los Estados miembros de la UE, que expresen «su oposición a las posibles sanciones contra el juez español Baltasar Garzón por investigar los abusos cometidos durante la dictadura franquista». «Garzón ha hecho esfuerzos para lograr justicia para las víctimas de violaciones de Derechos Humanos en el extranjero, y ahora está siendo castigado por intentar hacer lo mismo en su propio país», expresó Lotte Leicht, directora de la oficina ante la UE de Human Rights Watch. «La decisión de procesar a Garzón permite que España y Europa sean acusadas de aplicar un doble rasero y socava la credibilidad y efectividad de la UE en la lucha contra la impunidad por delitos graves», agregó, según informa Ep.
Otra organización internacional de entidad, Amnistía Internacional, ha solicitado también la «retirada de los escandalosos» cargos presentados contra el juez de la Audiencia Nacional por un presunto delito de prevaricación. Amnistía recuerda en un comunicado que por cuestión de principios no toma partido sobre los cargos que se presentan contra determinadas personas en el marco de un proceso judicial, pero que «en este caso, la organización no puede permanecer en silencio». Para Widney Brown, directivo de AI, «la cuestión de si la investigación de Baltasar Garzón violó o no la ley española es sencillamente irrelevante, porque esa ley (la Amnistía de 1977) vulnera el derecho internacional». «Investigar violaciones de los derechos humanos del pasado y dejar de lado una ley de amnistía para perdonar crímenes reconocidos en el derecho internacional -como las desapariciones forzosas, las ejecuciones extrajudiciales y la tortura- nunca debería ser tratado como un acto delictivo», añade Brown.
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Concentración en La Coruña de descendientes de víctimas del franquismo / EFE
La Plataforma ciudadana de Córdoba en apoyo del juez Garzón ha utilizado la sede de UGT para presentar la marcha del sábado / VALERIO MERINO
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«No comento temas judiciales», dice Botín, que ha recibido la citación
Las acusaciones requieren que también se pida información a Cepsa
Los «garzonistas» marcharán el sábado en una veintena de ciudades
La Fiscalía del Supremo pide el archivo de la causa contra Garzón
E. M. | MADRID
Actualizado Jueves , 22-04-10 a las 23 : 21
Durante la jornada de hoy, hemos escuchado muchos argumentos para no callarse ante el juicio que parece próximo y que sentará en el banquillo al juez Baltasar Garzón. Él mismo ha denegado acudir a un congreso que tenía en su agenda en Ginebra sobre la ligazón de Periodismo y Justicia debido a su «situación actual». Que el juez más mediático acuda a dar una lección magistral sobre lo unidos que deben caminar el ejercicio de periodistas, en connivencia con los jueces y las informaciones que su actividad depara, tiene un punto paradójico a fecha de hoy.
En su favor, el colectivo de representantes de la cultura agrupados en la recién creada Plataforma contra la impunidad del franquismo ha dado voz al anuncio de una manifestación multitudinaria -esperan- para el sábado en una veintena de ciudades. En Madrid estarán el cineasta Almodóvar, los escritores Almudena Grandes y Marcos Ana, y otro, Luis García Montero, se ha encargado de dar algunos detalles de la concentración del 24 de abril, a las 18.30 horas, entre Cibeles y Sol. Este colectivo de artistas -entre los que se ha podido ver, esta mañana, a Aitana Sánchez-Gijón, Tristán Ulloa, José Sacristán, Juan Diego Botto, Antonio de la Torre o Asunción Balaguer- se ha rodeado hoy de familiares de víctimas y asociaciones de la memoria histórica para presentar el acto.
El poeta García Montero ha hecho hincapié hoy en que la convocatoria se realiza desde el «respeto a las instituciones democráticas» -para alejar fantasmas de críticas al quehacer del Tribunal Supremo- y «sin intención de presionar a ninguna institución judicial». A continuación, familiares de víctimas del franquismo, como Hilda Farfante, quien tenía cinco años cuando sus padres, maestros de profesión, fueron asesinados en 1936 «y tirados a una cuneta», ha afirmado, para dejar la palabra al ex presidente de la asociación de ex presos y represaliados del franquismo, Gervasio Puente, literalmente: «Nos hemos dormido durante estos años, es necesario luchar».
El mismo sábado, Falange Española ha convocado otra concentración enfrentada, aunque los artistas han dejado claro que habrá un gran dispositivo que evite «cualquier mezcla»
García Montero ha censurado, literalmente, que «las mismas siglas que en el año 1936 rompieron la legalidad para imponer el terror sean las que ahora utilizan las leyes para burlar y despreciar a los descendientes de las personas a las que ellos mismos ajusticiaron», en referencia a la denuncia interpuesta por Falange Española. Por ello, la manifestación discurrirá por arterias centrales de la capital reclamando «Justicia, verdad y reparació para los familiares de al menos 131.000 desaparecidos, los fusilados, encarcelados, represaliados y exiliados».
Al Supremo le llueven peticiones para que cierre el «caso Garzón»
Concentración hoy en apoyo a Garzón / EFE
Polvorín de manifestacionesEl mismo día de esta marcha, Falange Española ha convocado otra concentración en las calles de Madrid, un gesto que los organizadores consideran «un acto de provocación más». Sin embargo, explicaron que han mantenido diversas reuniones con responsables del Ministerio del Interior para garantizar la seguridad. «Habrá un dispositivo policial que evite cualquier enfrentamiento y mezcla», garantizó García Montero.
Para apoyar la manifestación de Madrid están convocados actos a la misma hora en otras ciudades españolas y concentraciones ante las embajadas de España de diferentes lugares del mundo como Buenos Aires, Bruselas, Londres o París. Hoy mismo, y después de que asociaciones de víctimas hayan hecho entrega de 150.000 firmas pidiendo -como la Fiscalía- el archivo de la causa contra Garzón, la organización internacional Human Rights Watch ha pedido al presidente permanente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, y a los Estados miembros de la UE, que expresen «su oposición a las posibles sanciones contra el juez español Baltasar Garzón por investigar los abusos cometidos durante la dictadura franquista». «Garzón ha hecho esfuerzos para lograr justicia para las víctimas de violaciones de Derechos Humanos en el extranjero, y ahora está siendo castigado por intentar hacer lo mismo en su propio país», expresó Lotte Leicht, directora de la oficina ante la UE de Human Rights Watch. «La decisión de procesar a Garzón permite que España y Europa sean acusadas de aplicar un doble rasero y socava la credibilidad y efectividad de la UE en la lucha contra la impunidad por delitos graves», agregó, según informa Ep.
Otra organización internacional de entidad, Amnistía Internacional, ha solicitado también la «retirada de los escandalosos» cargos presentados contra el juez de la Audiencia Nacional por un presunto delito de prevaricación. Amnistía recuerda en un comunicado que por cuestión de principios no toma partido sobre los cargos que se presentan contra determinadas personas en el marco de un proceso judicial, pero que «en este caso, la organización no puede permanecer en silencio». Para Widney Brown, directivo de AI, «la cuestión de si la investigación de Baltasar Garzón violó o no la ley española es sencillamente irrelevante, porque esa ley (la Amnistía de 1977) vulnera el derecho internacional». «Investigar violaciones de los derechos humanos del pasado y dejar de lado una ley de amnistía para perdonar crímenes reconocidos en el derecho internacional -como las desapariciones forzosas, las ejecuciones extrajudiciales y la tortura- nunca debería ser tratado como un acto delictivo», añade Brown.
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