El fiscal pide 900 años de cárcel para Mattin Sarasola, Mikel San Sebastián e Igor Portu por el ataque que rompió la última tregua de ETA y en el que murieron dos personas
La Audiencia Nacional juzga desde hoy a Mattin Sarasola, Mikel San Sebastián e Igor Portu, para quienes el fiscal pide 900 años de cárcel por perpetrar el atentado de la T-4 de Barajas el 30 de diciembre 2006, con el que ETA rompió su última tregua y en el que murieron dos ciudadanos ecuatorianos , Diego Armando Estacio y Carlos Alonso Palate.
• La T-4 de Barajas sale del caos tras el atentado
• ETA cargó la bomba de Barajas con al menos 200 kilos de explosivo
• ETA avisó del atentado con un móvil comprado pocos días antes en Madrid
El terrorismo de ETA
Además de la pena de cárcel, el fiscal Daniel Campos reclamará en el juicio, que está señalado hasta el jueves, que cada uno de los acusados -a los que imputa dos delitos de asesinato terrorista, 41 de tentativa de asesinato y uno de estragos terroristas- indemnicen a los familiares de Carlos Alonso Palate y Diego Armando Estacio con 500.000 euros por cada uno de los fallecidos.
Por estos hechos también están procesados el ex jefe militar de ETA Garikoitz Aspiazu, Txeroki, y Joseba Aranibar, Basurde, quien, junto con los tres acusados, integraba el comando Elurra formado en 2002. Según el escrito de conclusiones provisionales del fiscal, Txeroki y Aranibar se reunieron en septiembre de 2006 en el monte Auza, en el valle de Baztán (Navarra), con Sarasola, Portu y San Sebastián y les propusieron cometer el atentado, para lo que estos últimos viajaron dos veces desde Navarra hasta Barajas en un coche que alquilaron en Irún (Guipúzcoa), entre el 21 y el 22 de octubre. Tras estos ensayos, los integrantes del Elurra se reunieron de nuevo con Aspiazu y Aranibar y les dieron instrucciones para cometer la acción terrorista.
Fin de la tregua
La furgoneta utilizada en el atentado fue robada el 27 de diciembre en un aparcamiento de caravanas en Luz Ardiden (Francia), después de que los etarras retuvieran a su dueño, al que maniataron y colocaron una capucha en la cabeza y mantuvieron secuestrado en varios lugares, hasta que lo liberaron cerca del monte Marie Blanque en Escott (Francia) tras perpetrar el atentado.
El 29 de diciembre Aranibar entregó la furgoneta a Sarasola y San Sebastián -que iba de lanzadera en una moto-, quienes habían quedado con Portu a unos 50 kilómetros del aeropuerto madrileño. En ese punto, añade el fiscal, San Sebastián se queda con el vehículo de Portu, quien, tras entregar a Sarasola una maleta y una muleta pasó a conducir la moto por delante de Sarasola, que trasladó la furgoneta hasta las cercanías del aeropuerto, donde activó el mecanismo de iniciación de la carga "con una importante cantidad de explosivo", y se colocó una peluca, una gorra y una mascarilla.
Sobre las 18.51 del 29 de diciembre, Sarasola estacionó la furgoneta en el módulo D del aparcamiento de la T-4, lo que fue grabado por las cámaras de seguridad, recuerda el fiscal, que añade que después de esto se fue en taxi hasta una zona cercana a las instalaciones de Antena 3 en San Sebastián de los Reyes, donde se deshizo del disfraz. Después de reunirse con San Sebastián y Portu, los tres regresaron a Lesaka (Navarra), y este último se fue a la capital donostiarra.
A las 07.53 del 30 de diciembre, Portu avisó con un móvil a la DYA de la colocación de la furgoneta, tres minutos más tarde llamó a los bomberos de Madrid, y a las 08.35 a la central SOS/DEIAK de San Sebastián desde una cabina telefónica. Además, agrega el fiscal, entre las 07.52 y las 07.59 realizó varias llamadas al diario Gara, "habitual portavoz" de ETA, que el 10 de enero de 2007 difundió un comunicado de la banda reivindicando el atentado .
A las 08.45 horas se localizó la furgoneta, se desalojó el aparcamiento y un minuto antes de las nueve de la mañana, se produjo la explosión , en la que murieron Palate y Estacio, otras 41 personas resultaron heridas y 313 vehículos sufrieron daños. Los destrozos provocados en el módulo D del aparcamiento y zonas adyacentes han sido valorados en 26.777.520 euros.
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lunes, 3 de mayo de 2010
viernes, 30 de abril de 2010
La Fiscalía de Nueva York inicia un proceso criminal contra Goldman Sachs
La investigación se encuentra en una fase preliminar que determinará si se presentan cargos por fraude contra la entidad
AGENCIAS - Nueva York - 30/04/2010
FTE: EL PAIS.ES
La Fiscalía federal de Nueva York ha iniciado un proceso criminal para investigar si Goldman Sachs o alguno de sus empleados cometieron fraude de valores en la comercialización de instrumentos financieros vinculados a hipotecas, según informó el jueves el diario The Wall Street Journal en su versión digital.
• Goldman Sachs, el titán de Wall Street en el banquillo
• EE UU acusa a Goldman de fraude por las 'subprime'
• Los directivos de Goldman niegan en el Congreso la comisión de delitos
El diario neoyorquino cita como fuente a personas que están al corriente de la investigación y detalla que ésta se encuentra en una fase preliminar y que sus responsables aún no han decidido si presentarán cargos contra la firma más poderosa de Wall Street.
La noticia se difunde dos días después de que los directivos de la entidad financiera prestaran declaración ante un comité del Senado estadounidense para dar explicaciones sobre el fraude del que se les acusa: ocultar a sus inversores los riesgos de los títulos hipotecarios que les recomendaba comprar. Ahora ha sido la Fiscalía de EE UU quien ha abierto la investigación, pero fue la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC, por su sigla en inglés) la que presentó el pasado 16 de abril una demanda civil contra la entidad financiera en la que aseguraba que ésta engañó a sus clientes vendiéndoles títulos de hipotecas que la firma sabía que eran de alto riesgo y podían caer en impagos. La entidad, por su parte, en todo momento ha mantenido que actuó correctamente y ha negado que las acusaciones de la SEC sean ciertas.
Según las fuentes señaladas por el periódico americano, en el caso criminal la investigación se centra en diferentes evidencias que en el proceso civil que está llevando a cabo la SEC, aunque no han sido determinados qué aspectos está examinando la fiscalía.
Goldman Sachs ha suscitado críticas y acusaciones sobre sus prácticas entre otras cosas porque en medio de la peor crisis financiera desde la Gran Depresión de los años treinta en Estados Unidos logró jugosas ganancias en el sector inmobiliario. A pesar del lavado de imagen que está intentando llevar a cabo la entidad, la empresa sufrió un duro revés esta semana cuando el presidente de la Comisión del Senado estadounidense ,que trata de esclarecer las causas de la crisis financiera, hizo público un mensaje electrónico del consejero delegado de Goldman Sachs en el que presumía de las ganancias que hacían con el colapso del mercado hipotecario.
"Dado el reciente enfoque sobre la firma, no nos sorprende ninguna averiguación sobre nuestro pasado. Cooperaremos completamente con cualquier solicitud de información", ha dicho Samuel Robinson, un portavoz de la compañía.
AGENCIAS - Nueva York - 30/04/2010
FTE: EL PAIS.ES
La Fiscalía federal de Nueva York ha iniciado un proceso criminal para investigar si Goldman Sachs o alguno de sus empleados cometieron fraude de valores en la comercialización de instrumentos financieros vinculados a hipotecas, según informó el jueves el diario The Wall Street Journal en su versión digital.
• Goldman Sachs, el titán de Wall Street en el banquillo
• EE UU acusa a Goldman de fraude por las 'subprime'
• Los directivos de Goldman niegan en el Congreso la comisión de delitos
El diario neoyorquino cita como fuente a personas que están al corriente de la investigación y detalla que ésta se encuentra en una fase preliminar y que sus responsables aún no han decidido si presentarán cargos contra la firma más poderosa de Wall Street.
La noticia se difunde dos días después de que los directivos de la entidad financiera prestaran declaración ante un comité del Senado estadounidense para dar explicaciones sobre el fraude del que se les acusa: ocultar a sus inversores los riesgos de los títulos hipotecarios que les recomendaba comprar. Ahora ha sido la Fiscalía de EE UU quien ha abierto la investigación, pero fue la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC, por su sigla en inglés) la que presentó el pasado 16 de abril una demanda civil contra la entidad financiera en la que aseguraba que ésta engañó a sus clientes vendiéndoles títulos de hipotecas que la firma sabía que eran de alto riesgo y podían caer en impagos. La entidad, por su parte, en todo momento ha mantenido que actuó correctamente y ha negado que las acusaciones de la SEC sean ciertas.
Según las fuentes señaladas por el periódico americano, en el caso criminal la investigación se centra en diferentes evidencias que en el proceso civil que está llevando a cabo la SEC, aunque no han sido determinados qué aspectos está examinando la fiscalía.
Goldman Sachs ha suscitado críticas y acusaciones sobre sus prácticas entre otras cosas porque en medio de la peor crisis financiera desde la Gran Depresión de los años treinta en Estados Unidos logró jugosas ganancias en el sector inmobiliario. A pesar del lavado de imagen que está intentando llevar a cabo la entidad, la empresa sufrió un duro revés esta semana cuando el presidente de la Comisión del Senado estadounidense ,que trata de esclarecer las causas de la crisis financiera, hizo público un mensaje electrónico del consejero delegado de Goldman Sachs en el que presumía de las ganancias que hacían con el colapso del mercado hipotecario.
"Dado el reciente enfoque sobre la firma, no nos sorprende ninguna averiguación sobre nuestro pasado. Cooperaremos completamente con cualquier solicitud de información", ha dicho Samuel Robinson, un portavoz de la compañía.
jueves, 29 de abril de 2010
El 'caso Gürtel' Todo el Gobierno valenciano amañó contratos para nueve empresas de la trama corrupta
Un informe pericial remitido al Tribunal Superior de Madrid acredita 76 contratos a dedo y denuncia múltiples irregularidades
ADOLF BELTRAN - Valencia - 29/04/2010
FTE: EL PAIS.ES
La presidencia y la vicepresidencia del Gobierno valenciano, siete consejerías (Justicia, Vivienda, Infraestructuras, Turismo, Educación, Bienestar Social y Sanidad) y ocho organismos públicos dependientes del Ejecutivo autónomo del PP, adjudicaron entre 2004 y 2008 al menos 85 contratos a nueve empresas de la trama corrupta que dirigía Francisco Correa por 7,2 millones de euros. De esos contratos, la inmensa mayoría se adjudicaron a dedo sin requerir expedientes de contratación.
La unidad de auxilio judicial al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que investiga el caso Gürtel, remitió hace algo más de una semana un informe de 43 páginas, que esta mañana ha esgrimido en las Cortes valencianas el portavoz socialista, Ángel Luna, donde denuncia múltiples irregularidades en la contratación con las empresas de la trama corrupta que salpican tanto a Francisco Camps, como a su vicepresidente y a siete consejeros del Gobierno del PP.
Sobre la mayoría de los contratos menores, adjudicados a dedo, el informe señala las siguientes irregularidades:
Fraccionamiento ilegal. "En al menos 14 actividades se ha fraccionado el objeto del contrato en varios contratos menores con el fin de no utilizar otros procedimientos de contratación -negociado o abierto- vulnerando los principios de publicidad y concurrencia, recogidas en la normativa reguladora de la contratación pública". Los distintos departamentos del Gobierno valenciano del PP vulneraron las normas de varias formas, según el informe pericial:
- El mismo órgano fracciona el expediente en varios contratos que se adjudican a la misma empresa.
- El mismo órgano fracciona el expediente en varios contratos, algunos de los cuales adjudican a la misma empresa y otros se adjudican a empresas diferentes pero del mismo grupo [pertenecientes a la red de sociedades de Francisco Correa].
De cada una de estas actividades, el informe pericial aporta ejemplos tras el análisis de los distintos expedientes de contratación. Los peritos destacan, por ejemplo, que tras adjudicar la Agencia Valenciana de Turismo en 2005, este sí por concurso, el montaje y desmontaje del pabellón valenciano en la feria Fitur que se celebra en Madrid todos los años, otras consejerías como Vivienda o Infraestructura y Transportes, contrataron diversos servicios para ese pabellón fraccionando el objeto de contrato para no tenerlo que sacar a concurso y adjudicárselo a las empresas de la trama corrupta, "vulnerando los principios de publicidad y concurrencia".
En aquel momento era consejera de Turismo la actual presidenta de las Cortes valencianas, Milagrosa Martínez, a quien la trama regaló un reloj de 2.400 euros. El informe afirma que no se debió conceder a Orange Market el pabellón porque no acreditó solvencia ni experiencia suficiente. Por otra parte, Martínez convalidó contratos menores relacionados con Fitur también de forma irregular. El informe asegura que "la convalidación la debería hacer el superior jerárquico", que sería Presidencia de la Generalitat.
Un escándalo en contenedor amarillo
La empresa pública valenciana VAERSA contrató la grabación, edición y realización de un vídeo documental para concienciar a los valencianos sobre el correcto uso del contenedor amarillo. Para adjudicar el proyecto se solicitaron tres ofertas a Orange Market, Boomerangdrive y Down Town Consulting. No se trataba de empresas conocidas en Valencia y especializadas en la elaboración de ese tipo de trabajos. Ni siquiera eran empresas con las que tratara habitualmente VAERSA. Simplemente eran empresas que pertenecían, todas, a la red corrupta de Francisco Correa.
Los peritos que auxilian al Tribunal Superior de Justicia de Madrid en la investigación del caso Gürtel señalan que en ese concurso "se vulneraron los principios de publicidad y concurrencia".
El contrato se adjudicó finalmente a Orange Market, la única de las tres empresas de la red corrupta con sede en Valencia y cuyo máximo responsable, Álvaro Pérez, tenía íntima amistad con algunos de los dirigentes del Gobierno valenciano. El contrato se adjudica en 119.500 euros pero se le adelanta el 50% (69.310) por el guión técnico y literario del futuro documental, que nunca se llega a grabar. VAERSA asume la responsabilidad del incumplimiento del contrato, lo que exonera a Orange Market y le permite seguir contratando con la administración valenciana. En el expediente de este contrato, los peritos señalan que no consta "ninguna apertura de expediente de responsabilidad administrativa contra personal de VAERSA por dejación o incumplimiento de sus obligaciones".
ADOLF BELTRAN - Valencia - 29/04/2010
FTE: EL PAIS.ES
La presidencia y la vicepresidencia del Gobierno valenciano, siete consejerías (Justicia, Vivienda, Infraestructuras, Turismo, Educación, Bienestar Social y Sanidad) y ocho organismos públicos dependientes del Ejecutivo autónomo del PP, adjudicaron entre 2004 y 2008 al menos 85 contratos a nueve empresas de la trama corrupta que dirigía Francisco Correa por 7,2 millones de euros. De esos contratos, la inmensa mayoría se adjudicaron a dedo sin requerir expedientes de contratación.
La unidad de auxilio judicial al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que investiga el caso Gürtel, remitió hace algo más de una semana un informe de 43 páginas, que esta mañana ha esgrimido en las Cortes valencianas el portavoz socialista, Ángel Luna, donde denuncia múltiples irregularidades en la contratación con las empresas de la trama corrupta que salpican tanto a Francisco Camps, como a su vicepresidente y a siete consejeros del Gobierno del PP.
Sobre la mayoría de los contratos menores, adjudicados a dedo, el informe señala las siguientes irregularidades:
Fraccionamiento ilegal. "En al menos 14 actividades se ha fraccionado el objeto del contrato en varios contratos menores con el fin de no utilizar otros procedimientos de contratación -negociado o abierto- vulnerando los principios de publicidad y concurrencia, recogidas en la normativa reguladora de la contratación pública". Los distintos departamentos del Gobierno valenciano del PP vulneraron las normas de varias formas, según el informe pericial:
- El mismo órgano fracciona el expediente en varios contratos que se adjudican a la misma empresa.
- El mismo órgano fracciona el expediente en varios contratos, algunos de los cuales adjudican a la misma empresa y otros se adjudican a empresas diferentes pero del mismo grupo [pertenecientes a la red de sociedades de Francisco Correa].
De cada una de estas actividades, el informe pericial aporta ejemplos tras el análisis de los distintos expedientes de contratación. Los peritos destacan, por ejemplo, que tras adjudicar la Agencia Valenciana de Turismo en 2005, este sí por concurso, el montaje y desmontaje del pabellón valenciano en la feria Fitur que se celebra en Madrid todos los años, otras consejerías como Vivienda o Infraestructura y Transportes, contrataron diversos servicios para ese pabellón fraccionando el objeto de contrato para no tenerlo que sacar a concurso y adjudicárselo a las empresas de la trama corrupta, "vulnerando los principios de publicidad y concurrencia".
En aquel momento era consejera de Turismo la actual presidenta de las Cortes valencianas, Milagrosa Martínez, a quien la trama regaló un reloj de 2.400 euros. El informe afirma que no se debió conceder a Orange Market el pabellón porque no acreditó solvencia ni experiencia suficiente. Por otra parte, Martínez convalidó contratos menores relacionados con Fitur también de forma irregular. El informe asegura que "la convalidación la debería hacer el superior jerárquico", que sería Presidencia de la Generalitat.
Un escándalo en contenedor amarillo
La empresa pública valenciana VAERSA contrató la grabación, edición y realización de un vídeo documental para concienciar a los valencianos sobre el correcto uso del contenedor amarillo. Para adjudicar el proyecto se solicitaron tres ofertas a Orange Market, Boomerangdrive y Down Town Consulting. No se trataba de empresas conocidas en Valencia y especializadas en la elaboración de ese tipo de trabajos. Ni siquiera eran empresas con las que tratara habitualmente VAERSA. Simplemente eran empresas que pertenecían, todas, a la red corrupta de Francisco Correa.
Los peritos que auxilian al Tribunal Superior de Justicia de Madrid en la investigación del caso Gürtel señalan que en ese concurso "se vulneraron los principios de publicidad y concurrencia".
El contrato se adjudicó finalmente a Orange Market, la única de las tres empresas de la red corrupta con sede en Valencia y cuyo máximo responsable, Álvaro Pérez, tenía íntima amistad con algunos de los dirigentes del Gobierno valenciano. El contrato se adjudica en 119.500 euros pero se le adelanta el 50% (69.310) por el guión técnico y literario del futuro documental, que nunca se llega a grabar. VAERSA asume la responsabilidad del incumplimiento del contrato, lo que exonera a Orange Market y le permite seguir contratando con la administración valenciana. En el expediente de este contrato, los peritos señalan que no consta "ninguna apertura de expediente de responsabilidad administrativa contra personal de VAERSA por dejación o incumplimiento de sus obligaciones".
El 'caso Gürtel' El Supremo cita a declarar como imputado a Garzón el día 10 por las escuchas de Gürtel
El Supremo admitió a trámite el pasado día 16 la querella por las grabaciones en prisión a los abogados de la trama y sus clientes
JOSÉ YOLDI 29/04/2010
FTE: EL PAIS
El magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha sido hoy citado a declarar por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo para el próximo día 10 de mayo, a las 10.30, en relación con las escuchas del caso Gürtel, la trama corrupta que afecta al Partido Popular . Ésta es una de las tres querellas contra el juez que están vivas actualmente. El magistrado ya declaró por la causa de los crímenes del franquismo y por las facturas de unos cursos que impartió en la Universidad de Nueva York. Este caso se refiere a las escuchas en la cárcel ordenadas por Baltasar Garzón entre abogados de la trama corrupta y sus defendidos. Las grabaciones fueron anuladas y eliminadas del sumario. El Tribunal Supremo confirmó la admisión a trámite de la querella presentada contra Garzón el pasado día 16 por un presunto delito de prevaricación.
Esas escuchas fueron ordenadas por el magistrado a petición de la Fiscalía Anticorrupción durante la instrucción inicial del escándalo de corrupción vinculada al PP y que implica a varias Administraciones gobernadas por ese partido. Las intervenciones fueron luego avaladas por el juez instructor del caso en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira, aunque finalmente sus superiores decidieron anularlas en bloque y eliminarlas del sumario pocos días antes de que este se hiciera público.
La querella fue presentada por Ignacio Peláez, abogado de José Luis Ulibarri, uno de los acusados del caso Gürtel, por considerar que Garzón autorizó de forma genérica e indiscriminada la intervención de las grabaciones de cualquier letrado, siendo "perfectamente conocedor de la ilicitud e ilegalidad que estaba cometiendo". Después se adhirieron los abogados José Antonio Choclán, en nombre del cabecilla de la trama corrupta, Francisco Correa, y Gonzalo Rodríguez-Mourullo, en nombre de otro de los principales imputados, Pablo Crespo.
En febrero de 2010 la Fiscalía del Supremo calificaba de "fraude de ley" la querella presentada por Ignacio Peláez. Pese a este escrito, la sala admitió la denuncia a trámite, decisión contra la que la propia fiscalía del alto tribunal ha presentado un recurso de súplica que ha sido rechazado. En dicho recurso, el fiscal aseguraba que las intervenciones contaron en todo momento con la autorización judicial necesaria y además proporcionaron datos claves sobre las actividades de blanqueo de capitales de los imputados.
La causa está instruida por el juez del Supremo Alberto Jorge Barreiro, miembro de la asociación profesional Jueces para la Democracia, que accedió al cargo hace ahora un año desde la presidencia de la Sección 15 de la Audiencia Provincial de Madrid, encargada de juzgar, entre otros, el llamado caso del ácido bórico en el que se dirimía la actuación de cuatro altos mandos de la Policía por la supuesta manipulación de un informe de tres subordinados suyos en el que vinculaban a ETA con el 11-M.
JOSÉ YOLDI 29/04/2010
FTE: EL PAIS
El magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha sido hoy citado a declarar por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo para el próximo día 10 de mayo, a las 10.30, en relación con las escuchas del caso Gürtel, la trama corrupta que afecta al Partido Popular . Ésta es una de las tres querellas contra el juez que están vivas actualmente. El magistrado ya declaró por la causa de los crímenes del franquismo y por las facturas de unos cursos que impartió en la Universidad de Nueva York. Este caso se refiere a las escuchas en la cárcel ordenadas por Baltasar Garzón entre abogados de la trama corrupta y sus defendidos. Las grabaciones fueron anuladas y eliminadas del sumario. El Tribunal Supremo confirmó la admisión a trámite de la querella presentada contra Garzón el pasado día 16 por un presunto delito de prevaricación.
Esas escuchas fueron ordenadas por el magistrado a petición de la Fiscalía Anticorrupción durante la instrucción inicial del escándalo de corrupción vinculada al PP y que implica a varias Administraciones gobernadas por ese partido. Las intervenciones fueron luego avaladas por el juez instructor del caso en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira, aunque finalmente sus superiores decidieron anularlas en bloque y eliminarlas del sumario pocos días antes de que este se hiciera público.
La querella fue presentada por Ignacio Peláez, abogado de José Luis Ulibarri, uno de los acusados del caso Gürtel, por considerar que Garzón autorizó de forma genérica e indiscriminada la intervención de las grabaciones de cualquier letrado, siendo "perfectamente conocedor de la ilicitud e ilegalidad que estaba cometiendo". Después se adhirieron los abogados José Antonio Choclán, en nombre del cabecilla de la trama corrupta, Francisco Correa, y Gonzalo Rodríguez-Mourullo, en nombre de otro de los principales imputados, Pablo Crespo.
En febrero de 2010 la Fiscalía del Supremo calificaba de "fraude de ley" la querella presentada por Ignacio Peláez. Pese a este escrito, la sala admitió la denuncia a trámite, decisión contra la que la propia fiscalía del alto tribunal ha presentado un recurso de súplica que ha sido rechazado. En dicho recurso, el fiscal aseguraba que las intervenciones contaron en todo momento con la autorización judicial necesaria y además proporcionaron datos claves sobre las actividades de blanqueo de capitales de los imputados.
La causa está instruida por el juez del Supremo Alberto Jorge Barreiro, miembro de la asociación profesional Jueces para la Democracia, que accedió al cargo hace ahora un año desde la presidencia de la Sección 15 de la Audiencia Provincial de Madrid, encargada de juzgar, entre otros, el llamado caso del ácido bórico en el que se dirimía la actuación de cuatro altos mandos de la Policía por la supuesta manipulación de un informe de tres subordinados suyos en el que vinculaban a ETA con el 11-M.
martes, 27 de abril de 2010
SCJN pide liberar a Teresa y Alberta, por irregularidades
Carlos Avilés
El Universal
Martes 27 de abril de 2010
caviles@eluniversal.com.mx
La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Olga Sánchez Cordero, encontró “graves irregularidades” en el proceso contra las indígenas queretanas Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, por lo que presentó un proyecto de sentencia que propone dejarlas en libertad.
Por la cantidad y gravedad de las anomalías detectadas, se prevé el voto mayoritario o unánime de los ministros en la Primera Sala del alto tribunal, tras la discusión del documento, programada para mañana miércoles.
El proyecto concluye que hay elementos suficientes para revocar la sentencia del juez cuarto de distrito en Querétaro, Rodolfo Pedraza Longh, quien las condenó a 21 años de prisión luego de encontrarlas culpables de las acusaciones de la Procuraduría General de la República por el secuestro de seis agentes.
De acuerdo con información recopilada por este diario, la Procuraduría General de la República (PGR) incurrió en irregularidades como la fabricación de testimonios y el uso de pruebas ilícitas, para acusarlas, incluso, en el delito de posesión de cocaína que también se le fincó a Alberta Alcántara Juan.
Además, el juez no garantizó que Teresa y Alberta tuvieran acceso a un debido proceso y a una defensa adecuada por tratarse de indígenas.
Ambas mujeres fueron detenidas en marzo de 2006, junto con Jacinta Francisco Marcial, ya liberada, por “secuestrar” a agentes federales durante un operativo contra venta de productos pirata en Santiago Mexquititlán.
Por presión de defensores de derechos humanos y organismos nacionales e internacionales, la PGR retiró los cargos contra Jacinta, al considerar que en su caso había una “duda razonable” sobre su participación en los hechos.
De no frenarse o alargarse la discusión, se espera un fallo en la sesión de mañana. De lo contrario el caso se pospondría hasta el mes de mayo.
El Universal
Martes 27 de abril de 2010
caviles@eluniversal.com.mx
La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Olga Sánchez Cordero, encontró “graves irregularidades” en el proceso contra las indígenas queretanas Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, por lo que presentó un proyecto de sentencia que propone dejarlas en libertad.
Por la cantidad y gravedad de las anomalías detectadas, se prevé el voto mayoritario o unánime de los ministros en la Primera Sala del alto tribunal, tras la discusión del documento, programada para mañana miércoles.
El proyecto concluye que hay elementos suficientes para revocar la sentencia del juez cuarto de distrito en Querétaro, Rodolfo Pedraza Longh, quien las condenó a 21 años de prisión luego de encontrarlas culpables de las acusaciones de la Procuraduría General de la República por el secuestro de seis agentes.
De acuerdo con información recopilada por este diario, la Procuraduría General de la República (PGR) incurrió en irregularidades como la fabricación de testimonios y el uso de pruebas ilícitas, para acusarlas, incluso, en el delito de posesión de cocaína que también se le fincó a Alberta Alcántara Juan.
Además, el juez no garantizó que Teresa y Alberta tuvieran acceso a un debido proceso y a una defensa adecuada por tratarse de indígenas.
Ambas mujeres fueron detenidas en marzo de 2006, junto con Jacinta Francisco Marcial, ya liberada, por “secuestrar” a agentes federales durante un operativo contra venta de productos pirata en Santiago Mexquititlán.
Por presión de defensores de derechos humanos y organismos nacionales e internacionales, la PGR retiró los cargos contra Jacinta, al considerar que en su caso había una “duda razonable” sobre su participación en los hechos.
De no frenarse o alargarse la discusión, se espera un fallo en la sesión de mañana. De lo contrario el caso se pospondría hasta el mes de mayo.
EE.UU. extradita al ex general panameño Noriega a Francia
FTE: EL ABC.ES
El ex dictador panameño Manuel Antonio Noriega, extraditado hoy a Francia desde Estados Unidos, se encuentra ya en el Palacio de Justicia de París donde se le notificarán los cargos que le imputa la justicia francesa, informaron fuentes judiciales.
Noriega, de 76 años, comparecerá ante la Fiscalía, que le comunicará los cargos de blanqueo de capitales por los que ya fue condenado en ausencia en 1999 a diez años de cárcel.
A lo largo del día, el ex dictador será presentado ante un juez de las libertades y la detención que decidirá su eventual ingreso en prisión o su puesta en libertad.
Fuentes judiciales indicaron que Noriega será sometido "probablemente en junio próximo" a un nuevo juicio ante el Tribunal Correccional de París, el mismo que le condenó a diez años de cárcel en ausencia por blanqueo de capitales en cuentas galas y con la compra de apartamentos en la capital del país.
La justicia francesa se comprometió a repetir el proceso en su demanda de extradición de Estados Unidos.
El abogado francés de Noriega, Yves Leberquier, indicó a la emisora "France Info" que pedirán la liberación de su cliente porque los delitos que se le imputan, que datan de los años 80, han prescrito y porque el ex dictador goza de la inmunidad que le confiere su condición de ex jefe de Estado. Fuentes judiciales señalaron que serán los tribunales los que determinen estas cuestiones.
El ex dictador llegó esta mañana en el aeropuerto parisiense de Roissy-Charles de Gaulle en un Boeing 747 de la compañía Air France en el que fue embarcado ayer en Miami, después de que las autoridades estadounidenses autorizaran su extradición a Francia.
Según relataron los pasajeros que compartieron vuelo con él y personal del aeropuerto, a la llegada del avión un grupo de agentes lo transportaron en un furgón blanco con los cristales tintados hasta el Palacio de Justicia de París.
Los pasajeros señalaron que desconocían la identidad de su compañero de viaje, que se desarrolló con normalidad y que no notaron nada extraño por la presencia del ex dictador.
Diecisiete años en prisión en EE.UU.Noriega fue extraditado a Francia tras haber cumplido en Estados Unidos 17 años de prisión por complicidad en tráfico de drogas. Fue juzgado y condenado en 1992 por acusaciones de permitir el envío a este país de los embarques de cocaína del desaparecido cartel colombiano de Medellín en la década de los años ochenta. Llegó al país después de que una intervención militar de Washington le desalojara del poder en 1989, tras seis años al frente del país. Con anterioridad fue colaborador de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA).
El ex dictador también está reclamado por la justicia panameña que le condenó en ausencia a 15 y 20 años de cárcel por los asesinatos, respectivamente, del opositor Hugo Spadafora y el mayor Moisés Giroldi. El abogado de Noriega Frank Rubino, había solicitado el pasado 29 de marzo a la secretaria de Estado que su defendido fuese extraditado a Panamá, donde afronta cargos más graves que en Francia, pero la petición ha sido rechazada.
Francia pidió la extradición de Noriega en abril de 2004 tras hallarlo culpable en 1999, también en ausencia, del lavado de unos 3,1 millones de dólares, a través de bancos de ese país y mediante la compra de apartamentos. La defensa de Noriega recurrió a Hillary Clinton días después de que un juez de Miami levantara la orden que bloqueaba su extradición. Este fallo se produjo luego de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos rehusara en marzo revisar la apelación de Noriega en la que pedía no ser extraditado a Francia
El ex dictador panameño Manuel Antonio Noriega, extraditado hoy a Francia desde Estados Unidos, se encuentra ya en el Palacio de Justicia de París donde se le notificarán los cargos que le imputa la justicia francesa, informaron fuentes judiciales.
Noriega, de 76 años, comparecerá ante la Fiscalía, que le comunicará los cargos de blanqueo de capitales por los que ya fue condenado en ausencia en 1999 a diez años de cárcel.
A lo largo del día, el ex dictador será presentado ante un juez de las libertades y la detención que decidirá su eventual ingreso en prisión o su puesta en libertad.
Fuentes judiciales indicaron que Noriega será sometido "probablemente en junio próximo" a un nuevo juicio ante el Tribunal Correccional de París, el mismo que le condenó a diez años de cárcel en ausencia por blanqueo de capitales en cuentas galas y con la compra de apartamentos en la capital del país.
La justicia francesa se comprometió a repetir el proceso en su demanda de extradición de Estados Unidos.
El abogado francés de Noriega, Yves Leberquier, indicó a la emisora "France Info" que pedirán la liberación de su cliente porque los delitos que se le imputan, que datan de los años 80, han prescrito y porque el ex dictador goza de la inmunidad que le confiere su condición de ex jefe de Estado. Fuentes judiciales señalaron que serán los tribunales los que determinen estas cuestiones.
El ex dictador llegó esta mañana en el aeropuerto parisiense de Roissy-Charles de Gaulle en un Boeing 747 de la compañía Air France en el que fue embarcado ayer en Miami, después de que las autoridades estadounidenses autorizaran su extradición a Francia.
Según relataron los pasajeros que compartieron vuelo con él y personal del aeropuerto, a la llegada del avión un grupo de agentes lo transportaron en un furgón blanco con los cristales tintados hasta el Palacio de Justicia de París.
Los pasajeros señalaron que desconocían la identidad de su compañero de viaje, que se desarrolló con normalidad y que no notaron nada extraño por la presencia del ex dictador.
Diecisiete años en prisión en EE.UU.Noriega fue extraditado a Francia tras haber cumplido en Estados Unidos 17 años de prisión por complicidad en tráfico de drogas. Fue juzgado y condenado en 1992 por acusaciones de permitir el envío a este país de los embarques de cocaína del desaparecido cartel colombiano de Medellín en la década de los años ochenta. Llegó al país después de que una intervención militar de Washington le desalojara del poder en 1989, tras seis años al frente del país. Con anterioridad fue colaborador de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA).
El ex dictador también está reclamado por la justicia panameña que le condenó en ausencia a 15 y 20 años de cárcel por los asesinatos, respectivamente, del opositor Hugo Spadafora y el mayor Moisés Giroldi. El abogado de Noriega Frank Rubino, había solicitado el pasado 29 de marzo a la secretaria de Estado que su defendido fuese extraditado a Panamá, donde afronta cargos más graves que en Francia, pero la petición ha sido rechazada.
Francia pidió la extradición de Noriega en abril de 2004 tras hallarlo culpable en 1999, también en ausencia, del lavado de unos 3,1 millones de dólares, a través de bancos de ese país y mediante la compra de apartamentos. La defensa de Noriega recurrió a Hillary Clinton días después de que un juez de Miami levantara la orden que bloqueaba su extradición. Este fallo se produjo luego de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos rehusara en marzo revisar la apelación de Noriega en la que pedía no ser extraditado a Francia
Detenido en Italia un jefe histórico de la 'Ndrangheta
Giovanni Tegano fue arrestado en Perretti / AFP
EFE | ROMA
FTE: EL ABC.ES
Actualizado Martes , 27-04-10 a las 12 : 34
La policía italiana detuvo a Giovanni Tegano, de 70 años, considerado uno de los jefe históricos de la mafia más poderosa del país, la 'Ndrangheta, e incluido en la lista de los 30 criminales más peligrosos.
La detención se produjo anoche en la localidad de Perretti en la región sureña de Calabria, donde tiene origen la 'Ndrangheta, y mientras estaba en compañía de otras tres personas.
Tegano estaba en paradero desconocido desde 1993, cuando fue condenado a cadena perpetua por varios homicidios y otros delitos como asociación mafiosa.
Fuentes policiales explicaron hoy que Tegano, a pesar de la edad, estaba en plena actividad y gestionaba en la clandestinidad las actividades ilegales de la 'Ndrangheta.
La «primera empresa» de ItaliaEl mafioso estaba considerado por los investigadores "la persona más influyente" entre la 'Ndrangheta, la organización criminal considerada la "primera empresa" de Italia con un volumen de negocios anual de más de 90.000 millones de euros, según un informe presentado el 2008 por la asociación de empresas Confesercenti.
Asimismo recordaron que la "familia" que dirigía Tegano estaba considerada una de las responsables de la guerra interina que durante desde 1985 a 1991 causó más de 600 muertos.
Tras el arresto, el ministro del Interior, Roberto Maroni, aseguró que "se ha tratado del golpe más duro que hoy en día se podía dar a la 'Ndrangheta, ya que era el número uno de los fugitivos de la organización criminal".
EFE | ROMA
FTE: EL ABC.ES
Actualizado Martes , 27-04-10 a las 12 : 34
La policía italiana detuvo a Giovanni Tegano, de 70 años, considerado uno de los jefe históricos de la mafia más poderosa del país, la 'Ndrangheta, e incluido en la lista de los 30 criminales más peligrosos.
La detención se produjo anoche en la localidad de Perretti en la región sureña de Calabria, donde tiene origen la 'Ndrangheta, y mientras estaba en compañía de otras tres personas.
Tegano estaba en paradero desconocido desde 1993, cuando fue condenado a cadena perpetua por varios homicidios y otros delitos como asociación mafiosa.
Fuentes policiales explicaron hoy que Tegano, a pesar de la edad, estaba en plena actividad y gestionaba en la clandestinidad las actividades ilegales de la 'Ndrangheta.
La «primera empresa» de ItaliaEl mafioso estaba considerado por los investigadores "la persona más influyente" entre la 'Ndrangheta, la organización criminal considerada la "primera empresa" de Italia con un volumen de negocios anual de más de 90.000 millones de euros, según un informe presentado el 2008 por la asociación de empresas Confesercenti.
Asimismo recordaron que la "familia" que dirigía Tegano estaba considerada una de las responsables de la guerra interina que durante desde 1985 a 1991 causó más de 600 muertos.
Tras el arresto, el ministro del Interior, Roberto Maroni, aseguró que "se ha tratado del golpe más duro que hoy en día se podía dar a la 'Ndrangheta, ya que era el número uno de los fugitivos de la organización criminal".
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