España y el Peñón ultiman un acuerdo para acabar con la opacidad de la colonia - La medida pretende desatascar investigaciones por blanqueo
JAVIER MARTÍN-ARROYO - Sevilla - 03/05/2010
España y Gibraltar negocian los flecos de un acuerdo de intercambio de información fiscal para poner fin a una opacidad que ha durado décadas. "El texto está pactado y por lo que a Gibraltar concierne, se puede firmar mañana. No queremos que se nos perciba como una amenaza para el Tesoro Público español", afirma Peter Caruana, ministro principal del Peñón.
Hacienda asegura que sólo faltan cuestiones técnicas para el acuerdo
Más del 30% de las peticiones judiciales quedan sin respuesta
Hacienda se frota las manos, pero antes debe culminar un acuerdo cuya espinosa negociación arrancó el pasado verano con un gran escollo: el Gobierno exige que Reino Unido se sume al acuerdo. España no reconoce a Gibraltar capacidad para negociar en solitario, ya que desde hace 300 años reivindica la soberanía sobre la Roca. Y firmar a solas un acuerdo internacional con la colonia significaría un paso inédito que sería interpretado como un implícito reconocimiento de soberanía. "Trabajamos para fortalecer la cooperación en materia fiscal, pero siempre con la defensa de nuestras posiciones en Derecho internacional", recuerda un portavoz de Exteriores. "El tema de quién firma no es inocente, pero hay soluciones", matiza. Éstas pasan por firmar con el Peñón, pero adjuntar un documento que aclare la peculiaridad del territorio respecto a Reino Unido, como ya pasó con Bermuda.
Mientras, Gibraltar se resiste a ceder y argumenta que ninguno de los 18 acuerdos internacionales ya sellados con países como EE UU, Francia o Alemania requirió la firma de Londres. España desea acabar con la opacidad de un territorio de sólo 30.000 habitantes y cuyo negocio ha crecido pese a la crisis, con un PIB de 1.030 millones de euros. "Para el acuerdo sólo faltan pequeñas cuestiones técnicas", minimizan en paralelo fuentes del Ministerio de Economía y Hacienda.
El detonante de la aparente carrera de los paraísos fiscales por la transparencia fue la reunión hace un año del G-20, el club de los países más poderosos del mundo. Tras amenazar con sanciones a los territorios offshore por su opacidad, la cruzada de las potencias se tradujo en un paquete de acuerdos de intercambio fiscal. La mayoría de ellos fueron fuegos artificiales (acuerdos entre ellos mismos y con países sin relevancia en movimiento de capitales), pero también se han producido tímidos avances para acabar con el secreto bancario que permite la evasión fiscal. España ha firmado por ahora ocho acuerdos con países como Luxemburgo y Andorra, pero están pendientes otros como Suiza. El Gobierno negocia con 13 territorios como Liechtenstein o la isla de Jersey.
La mecánica es simple. Un millonario con fondos lícitos o procedentes del crimen organizado acude a Gibraltar para comprar una empresa por 1.000 euros y contratar a un abogado con poderes para comprar terrenos y casas. De este modo se asegura que tendrá la opacidad para que nadie pueda preguntar por el origen de esos fondos, incluida la policía. No es necesario que la empresa tenga empleados y los impuestos son mínimos cuando no inexistentes, por lo que el ahorro de la operación es considerable. Esto facilita que fortunas españolas se evadan del fisco sólo con cruzar la valla.
Por su parte, la OCDE revisará el próximo septiembre los acuerdos de 18 paraísos fiscales que han salido de su lista gris y comprobar que no todo es fachada, pero Gibraltar no está en este primer lote. "No hay alternativa. El mundo está cambiando y Gibraltar tiene que adaptarse. Puede ser que las islas caribeñas duren un poco más, pero en un entorno europeo no será posible. No se puede operar sin ser transparente", reflexiona el ex ministro y abogado llanito Peter Montegriffo.
Para estampar la firma, ambas partes deberán aparcar la negociación del Foro Tripartito que analiza en paralelo seis aspectos (medio ambiente, cooperación policial, etc.) y sacarlo del paquete para no eternizar la espera. Caruana insiste en que su propósito es ir más allá del texto estándar de mínimos: "Estamos intentando llegar a acuerdos muchísimo más amplios que los de la OCDE porque reconocemos que como vecino inmediato España se siente más amenazado".
No faltan las voces que tachan los acuerdos de cortina de humo. El grupo de presión Tax Justice Network alerta de que el Peñón sigue acogiendo flujos de la evasión de impuestos, la corrupción y el crimen organizado, tal y como puso de relieve la Operación Ballena Blanca en 2005. "Gibraltar está muy lejos de ofrecer transparencia financiera y mantiene la opacidad en un 92% de los casos", determinó en su informe de 2009 Tax Justice Network.
Más del 30% de las comisiones rogatorias que España presenta a Gibraltar con indicios de criminalidad se quedan empantanadas y sin respuesta, según fuentes policiales. Gibraltar se escuda en que algunos jueces españoles dirigen las peticiones a las autoridades británicas en vez remitirlas a ellos directamente. Pero la principal razón es lo que denominan fishing expedition (peticiones en términos generales), requerimientos de jueces escasos de argumentación y que no especifican los indicios criminales. "España pide información sin explicar cómo y por qué es relevante para su investigación. Vaya usted a la firma de abogados o a Barclays y deme todo lo que salga en relación a este personaje", ejemplifica Caruana. Un mando policial responde: "Es una disculpa absurda. Infinidad de comisiones rogatorias de juez a juez se han ampliado y aún así se mantiene el silencio. Porque parecen gallegos, cuando preguntas algo, te preguntan que por qué lo preguntas".
Caruana: "¡Pero si Londres es mayor!"
Durante décadas se consideró una supuesta lavadora de dinero negro, fama que insisten sus autoridades en atribuir a las malas lenguas. El Peñón acoge hoy día a 25.000 empresas, de las cuales 2.000 son privilegiadas al estar exentas de impuestos. A finales de año, Gibraltar impondrá una tasa del 10% a estas 2.000 empresas obligado por la Unión Europea. Esto significa que el 1 de enero de 2011 dejará de tener dos regímenes tributarios, aunque este giro no representa una amenaza seria para sus intereses. Por el contrario, en España el impuesto sobre sociedades alcanza el 30%, lo que explica la fuga de compañías al otro lado de la verja.
¿Para cuándo la armonización de tipos de impuestos a las empresas para evitar que sea un factor en las decisiones para ubicarse en Europa? "No va a venir un pueblo de 30.000 habitantes a iniciar ese debate. Yo no tengo ni silla en Bruselas ¡Pero si Londres es el mayor paraíso fiscal del mundo!", exclama Caruana.
Desde que en 1969 se cerró la verja, el resentimiento hacia España creció de forma escalonada. Sus 30.000 habitantes debían convivir en 6,5 kilómetros sin apenas avenidas y con una sensación de claustrofobia sólo atenuada por los vuelos a Londres. Los llanitos podían salir en barco u otear el horizonte desde su impresionante montaña. Tras la apertura de la frontera en 1985, el intercambio y mezcolanza con la población del Campo de Gibraltar ha aumentado hasta llegar a los 3.500 trabajadores españoles de la Bahía de Algeciras que cada día acuden a la "fábrica", el apelativo informal del Peñón.
Mientras, unas 20 compañías de apuestas por Internet emplean a 2.000 personas y el 8% de todos los seguros de coche en Gran Bretaña se realizan desde Gibraltar. La desconfianza con los municipios vecinos se difumina y el comercio aumenta. "Cualquier acuerdo de intercambio fiscal que afiance la confianza con España será bienvenido", asegura voluntarioso Edward Macquisten, presidente de la Cámara de Comercio gibraltareña. Está por ver si la publicitada transparencia llegará para dar un vuelco a su modelo de negocio.
lunes, 3 de mayo de 2010
La Unión Europea y el FMI activan el plan de ayuda a Grecia por 110.000 millones
Los fondos fluirán antes del día 19, cuando vence parte de la deuda griega.- España aportará 9.792 millones, el 12,24% del fondo europeo para tres años
RICARDO MARTÍNEZ DE RITUERTO - Bruselas - 02/05/2010
Los ministros de Finanzas de los 16 países que comparten el euro, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), han acordado activar un programa de rescate financiero de Grecia que aportará a Atenas 110.000 millones de euros en tres años, de los que 80.000 millones procederán de los países de la eurozona. En este primer año de aplicación del plan, Grecia podrá recibir hasta 30.000 millones de sus socios. España contribuirá al conjunto con 9.792 millones, de los que 3.672 serán liberados en 2010. Los desembolsos se empezarán a hacer efectivos antes del próximo 19 de mayo, cuando Grecia deberá hacer frente a sus primeras obligaciones de pagos.
Después de casi tres meses de dar largas al plan de ayuda, con la Alemania de Angela Merkel en la vanguardia de la resistencia, ha sido precisamente esta urgencia de calendario y la constatación por los ministros, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo de que "el acceso de Grecia a los mercados no es suficiente y que proporcionarle préstamos garantiza la estabilidad de la zona euro en su conjunto"; lo que ha llevado a todos los asitentes a la reunión de urgencia en Bruselas a la unánime decisión de poner marcha el mecanismo de apoyo al Gobierno heleno mediante créditos bilaterales que administrará la Comisión.
El duro trabajo para cerrar las condiciones se ha realizado a lo largo de toda esta semana en Atenas, con intensas negociaciones que han desembocado en un drástico programa de ajuste pactado con el Ejecutivo de Yorgos Papandreu. Ese plan, a juicio de los socios del Eurogrupo, es "capaz de estabilizar la sitación fiscal y económica y responder de forma decisiva a los desafíos fiscales y estructurales de la economía griega", según la declaración leída por Jean-Claude Juncker, presidente del Eurogrupo, al finalizar la reunión.
"En el contexto de un programa conjunto trianual con el FMI, el paquete financiero dispondrá de 110.000 millones para ayudara a Grecia a cumplir con sus necesidades de financiación, a las que los Estados de los eurozona están dispuestos a contribuir con 80.000 millones, de los 30.000 millones en el primer año", ha proseguido Juncker. "El primer desembolso será hecho efectivo antes de que cumplan las obligaciones de pagos de Grecia del 19 de mayo".
Satisfacción general
Todos parecen satisfechos con el pacto alcanzado, sin negar la evidencia de las dramáticas circunstancias del ambicioso plan. El presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, que no ha asistido a los debates de los ministros del Eurogrupo, se ha felicitado por lo logrado y ha convocado a los jefes de Estado y de Gobierno de los dieciséis países del euro a una cumbre para el próximo viernes por la tarde "para cerrar el proceso y extraer las primeras conclusiones de esta crisis de gobernanza en la zona euro".
Juncker ha dejado bien claro, en un intento de acabar con nuevas especulaciones letales de los mercados, que la cumbre del día 7 de mayo "no volverá a discutir sobre lo ya acordado". Es decir que los 110.00 millones y las condiciones para su liberación son incuestionables. Según el presidente del Eurogrupo, la nueva cita de jefes de Estado y de Gobierno tendrá por objeto revisar el estado de los procesos legislativos de aprobación del paquete que se han de poner en marcha esta semana en algunos países, en particular en Alemania, y discutir sobre la gobernanza económica en la Unión.
"Grecia hará todo lo necesario"
En las últimas jornadas se ha venido especulando con que, con independencia de lo que se decidiera, Grecia acabara para no devolver parte de la ayuda que va a recibir. Interrogado directamente sobre si Atenas pagará los préstamos, el ministro griego de Finanzas, Yorgos Papaconstantinu, ha respondido: "Sí. Hemos demostrado en estos meses que Grecia es capaz de hacer lo que tiene que hacer. El Gobierno hará todo lo que se necesario para responder de sus obligaciones".
El plan de socorro está supeditado a un durísimo plan de reajuste cuyo cumplimiento la Comisión Europea revisará trimestralmente, antes de liberar los pagos con vistas a las obligaciones contraídas para el siguiente trimestre. Tanto Papacosntantinu como Juncker han negado que ello supusiera colocar a Atenas bajo tutela.
En Alemania, la canciller Merkel ha prometido trabajar con intensidad para que el plan sea aprobado cuanto antes por el parlamento. Berlín contribuirá con unos 22.000 millones de los 80.000 millones europeos. Elena Salgado, que ha asistido en nombre de España a la reunión, ha evaluado la aportación española en 9.792 millones de euros para los tres años y ha aventurado que será aprobada por decreto ley el propio día 7, el de la cumbre del Eurogrupo. Olli Rehn, comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, ha precisado que 10.000 de los 110.000 millones están marcados como potencial ayuda al sistema bancario griego.
RICARDO MARTÍNEZ DE RITUERTO - Bruselas - 02/05/2010
Los ministros de Finanzas de los 16 países que comparten el euro, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), han acordado activar un programa de rescate financiero de Grecia que aportará a Atenas 110.000 millones de euros en tres años, de los que 80.000 millones procederán de los países de la eurozona. En este primer año de aplicación del plan, Grecia podrá recibir hasta 30.000 millones de sus socios. España contribuirá al conjunto con 9.792 millones, de los que 3.672 serán liberados en 2010. Los desembolsos se empezarán a hacer efectivos antes del próximo 19 de mayo, cuando Grecia deberá hacer frente a sus primeras obligaciones de pagos.
Después de casi tres meses de dar largas al plan de ayuda, con la Alemania de Angela Merkel en la vanguardia de la resistencia, ha sido precisamente esta urgencia de calendario y la constatación por los ministros, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo de que "el acceso de Grecia a los mercados no es suficiente y que proporcionarle préstamos garantiza la estabilidad de la zona euro en su conjunto"; lo que ha llevado a todos los asitentes a la reunión de urgencia en Bruselas a la unánime decisión de poner marcha el mecanismo de apoyo al Gobierno heleno mediante créditos bilaterales que administrará la Comisión.
El duro trabajo para cerrar las condiciones se ha realizado a lo largo de toda esta semana en Atenas, con intensas negociaciones que han desembocado en un drástico programa de ajuste pactado con el Ejecutivo de Yorgos Papandreu. Ese plan, a juicio de los socios del Eurogrupo, es "capaz de estabilizar la sitación fiscal y económica y responder de forma decisiva a los desafíos fiscales y estructurales de la economía griega", según la declaración leída por Jean-Claude Juncker, presidente del Eurogrupo, al finalizar la reunión.
"En el contexto de un programa conjunto trianual con el FMI, el paquete financiero dispondrá de 110.000 millones para ayudara a Grecia a cumplir con sus necesidades de financiación, a las que los Estados de los eurozona están dispuestos a contribuir con 80.000 millones, de los 30.000 millones en el primer año", ha proseguido Juncker. "El primer desembolso será hecho efectivo antes de que cumplan las obligaciones de pagos de Grecia del 19 de mayo".
Satisfacción general
Todos parecen satisfechos con el pacto alcanzado, sin negar la evidencia de las dramáticas circunstancias del ambicioso plan. El presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, que no ha asistido a los debates de los ministros del Eurogrupo, se ha felicitado por lo logrado y ha convocado a los jefes de Estado y de Gobierno de los dieciséis países del euro a una cumbre para el próximo viernes por la tarde "para cerrar el proceso y extraer las primeras conclusiones de esta crisis de gobernanza en la zona euro".
Juncker ha dejado bien claro, en un intento de acabar con nuevas especulaciones letales de los mercados, que la cumbre del día 7 de mayo "no volverá a discutir sobre lo ya acordado". Es decir que los 110.00 millones y las condiciones para su liberación son incuestionables. Según el presidente del Eurogrupo, la nueva cita de jefes de Estado y de Gobierno tendrá por objeto revisar el estado de los procesos legislativos de aprobación del paquete que se han de poner en marcha esta semana en algunos países, en particular en Alemania, y discutir sobre la gobernanza económica en la Unión.
"Grecia hará todo lo necesario"
En las últimas jornadas se ha venido especulando con que, con independencia de lo que se decidiera, Grecia acabara para no devolver parte de la ayuda que va a recibir. Interrogado directamente sobre si Atenas pagará los préstamos, el ministro griego de Finanzas, Yorgos Papaconstantinu, ha respondido: "Sí. Hemos demostrado en estos meses que Grecia es capaz de hacer lo que tiene que hacer. El Gobierno hará todo lo que se necesario para responder de sus obligaciones".
El plan de socorro está supeditado a un durísimo plan de reajuste cuyo cumplimiento la Comisión Europea revisará trimestralmente, antes de liberar los pagos con vistas a las obligaciones contraídas para el siguiente trimestre. Tanto Papacosntantinu como Juncker han negado que ello supusiera colocar a Atenas bajo tutela.
En Alemania, la canciller Merkel ha prometido trabajar con intensidad para que el plan sea aprobado cuanto antes por el parlamento. Berlín contribuirá con unos 22.000 millones de los 80.000 millones europeos. Elena Salgado, que ha asistido en nombre de España a la reunión, ha evaluado la aportación española en 9.792 millones de euros para los tres años y ha aventurado que será aprobada por decreto ley el propio día 7, el de la cumbre del Eurogrupo. Olli Rehn, comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, ha precisado que 10.000 de los 110.000 millones están marcados como potencial ayuda al sistema bancario griego.
La Audiencia Nacional juzga a partir de hoy a tres etarras por el atentado de la T-4
El fiscal pide 900 años de cárcel para Mattin Sarasola, Mikel San Sebastián e Igor Portu por el ataque que rompió la última tregua de ETA y en el que murieron dos personas
La Audiencia Nacional juzga desde hoy a Mattin Sarasola, Mikel San Sebastián e Igor Portu, para quienes el fiscal pide 900 años de cárcel por perpetrar el atentado de la T-4 de Barajas el 30 de diciembre 2006, con el que ETA rompió su última tregua y en el que murieron dos ciudadanos ecuatorianos , Diego Armando Estacio y Carlos Alonso Palate.
• La T-4 de Barajas sale del caos tras el atentado
• ETA cargó la bomba de Barajas con al menos 200 kilos de explosivo
• ETA avisó del atentado con un móvil comprado pocos días antes en Madrid
El terrorismo de ETA
Además de la pena de cárcel, el fiscal Daniel Campos reclamará en el juicio, que está señalado hasta el jueves, que cada uno de los acusados -a los que imputa dos delitos de asesinato terrorista, 41 de tentativa de asesinato y uno de estragos terroristas- indemnicen a los familiares de Carlos Alonso Palate y Diego Armando Estacio con 500.000 euros por cada uno de los fallecidos.
Por estos hechos también están procesados el ex jefe militar de ETA Garikoitz Aspiazu, Txeroki, y Joseba Aranibar, Basurde, quien, junto con los tres acusados, integraba el comando Elurra formado en 2002. Según el escrito de conclusiones provisionales del fiscal, Txeroki y Aranibar se reunieron en septiembre de 2006 en el monte Auza, en el valle de Baztán (Navarra), con Sarasola, Portu y San Sebastián y les propusieron cometer el atentado, para lo que estos últimos viajaron dos veces desde Navarra hasta Barajas en un coche que alquilaron en Irún (Guipúzcoa), entre el 21 y el 22 de octubre. Tras estos ensayos, los integrantes del Elurra se reunieron de nuevo con Aspiazu y Aranibar y les dieron instrucciones para cometer la acción terrorista.
Fin de la tregua
La furgoneta utilizada en el atentado fue robada el 27 de diciembre en un aparcamiento de caravanas en Luz Ardiden (Francia), después de que los etarras retuvieran a su dueño, al que maniataron y colocaron una capucha en la cabeza y mantuvieron secuestrado en varios lugares, hasta que lo liberaron cerca del monte Marie Blanque en Escott (Francia) tras perpetrar el atentado.
El 29 de diciembre Aranibar entregó la furgoneta a Sarasola y San Sebastián -que iba de lanzadera en una moto-, quienes habían quedado con Portu a unos 50 kilómetros del aeropuerto madrileño. En ese punto, añade el fiscal, San Sebastián se queda con el vehículo de Portu, quien, tras entregar a Sarasola una maleta y una muleta pasó a conducir la moto por delante de Sarasola, que trasladó la furgoneta hasta las cercanías del aeropuerto, donde activó el mecanismo de iniciación de la carga "con una importante cantidad de explosivo", y se colocó una peluca, una gorra y una mascarilla.
Sobre las 18.51 del 29 de diciembre, Sarasola estacionó la furgoneta en el módulo D del aparcamiento de la T-4, lo que fue grabado por las cámaras de seguridad, recuerda el fiscal, que añade que después de esto se fue en taxi hasta una zona cercana a las instalaciones de Antena 3 en San Sebastián de los Reyes, donde se deshizo del disfraz. Después de reunirse con San Sebastián y Portu, los tres regresaron a Lesaka (Navarra), y este último se fue a la capital donostiarra.
A las 07.53 del 30 de diciembre, Portu avisó con un móvil a la DYA de la colocación de la furgoneta, tres minutos más tarde llamó a los bomberos de Madrid, y a las 08.35 a la central SOS/DEIAK de San Sebastián desde una cabina telefónica. Además, agrega el fiscal, entre las 07.52 y las 07.59 realizó varias llamadas al diario Gara, "habitual portavoz" de ETA, que el 10 de enero de 2007 difundió un comunicado de la banda reivindicando el atentado .
A las 08.45 horas se localizó la furgoneta, se desalojó el aparcamiento y un minuto antes de las nueve de la mañana, se produjo la explosión , en la que murieron Palate y Estacio, otras 41 personas resultaron heridas y 313 vehículos sufrieron daños. Los destrozos provocados en el módulo D del aparcamiento y zonas adyacentes han sido valorados en 26.777.520 euros.
La Audiencia Nacional juzga desde hoy a Mattin Sarasola, Mikel San Sebastián e Igor Portu, para quienes el fiscal pide 900 años de cárcel por perpetrar el atentado de la T-4 de Barajas el 30 de diciembre 2006, con el que ETA rompió su última tregua y en el que murieron dos ciudadanos ecuatorianos , Diego Armando Estacio y Carlos Alonso Palate.
• La T-4 de Barajas sale del caos tras el atentado
• ETA cargó la bomba de Barajas con al menos 200 kilos de explosivo
• ETA avisó del atentado con un móvil comprado pocos días antes en Madrid
El terrorismo de ETA
Además de la pena de cárcel, el fiscal Daniel Campos reclamará en el juicio, que está señalado hasta el jueves, que cada uno de los acusados -a los que imputa dos delitos de asesinato terrorista, 41 de tentativa de asesinato y uno de estragos terroristas- indemnicen a los familiares de Carlos Alonso Palate y Diego Armando Estacio con 500.000 euros por cada uno de los fallecidos.
Por estos hechos también están procesados el ex jefe militar de ETA Garikoitz Aspiazu, Txeroki, y Joseba Aranibar, Basurde, quien, junto con los tres acusados, integraba el comando Elurra formado en 2002. Según el escrito de conclusiones provisionales del fiscal, Txeroki y Aranibar se reunieron en septiembre de 2006 en el monte Auza, en el valle de Baztán (Navarra), con Sarasola, Portu y San Sebastián y les propusieron cometer el atentado, para lo que estos últimos viajaron dos veces desde Navarra hasta Barajas en un coche que alquilaron en Irún (Guipúzcoa), entre el 21 y el 22 de octubre. Tras estos ensayos, los integrantes del Elurra se reunieron de nuevo con Aspiazu y Aranibar y les dieron instrucciones para cometer la acción terrorista.
Fin de la tregua
La furgoneta utilizada en el atentado fue robada el 27 de diciembre en un aparcamiento de caravanas en Luz Ardiden (Francia), después de que los etarras retuvieran a su dueño, al que maniataron y colocaron una capucha en la cabeza y mantuvieron secuestrado en varios lugares, hasta que lo liberaron cerca del monte Marie Blanque en Escott (Francia) tras perpetrar el atentado.
El 29 de diciembre Aranibar entregó la furgoneta a Sarasola y San Sebastián -que iba de lanzadera en una moto-, quienes habían quedado con Portu a unos 50 kilómetros del aeropuerto madrileño. En ese punto, añade el fiscal, San Sebastián se queda con el vehículo de Portu, quien, tras entregar a Sarasola una maleta y una muleta pasó a conducir la moto por delante de Sarasola, que trasladó la furgoneta hasta las cercanías del aeropuerto, donde activó el mecanismo de iniciación de la carga "con una importante cantidad de explosivo", y se colocó una peluca, una gorra y una mascarilla.
Sobre las 18.51 del 29 de diciembre, Sarasola estacionó la furgoneta en el módulo D del aparcamiento de la T-4, lo que fue grabado por las cámaras de seguridad, recuerda el fiscal, que añade que después de esto se fue en taxi hasta una zona cercana a las instalaciones de Antena 3 en San Sebastián de los Reyes, donde se deshizo del disfraz. Después de reunirse con San Sebastián y Portu, los tres regresaron a Lesaka (Navarra), y este último se fue a la capital donostiarra.
A las 07.53 del 30 de diciembre, Portu avisó con un móvil a la DYA de la colocación de la furgoneta, tres minutos más tarde llamó a los bomberos de Madrid, y a las 08.35 a la central SOS/DEIAK de San Sebastián desde una cabina telefónica. Además, agrega el fiscal, entre las 07.52 y las 07.59 realizó varias llamadas al diario Gara, "habitual portavoz" de ETA, que el 10 de enero de 2007 difundió un comunicado de la banda reivindicando el atentado .
A las 08.45 horas se localizó la furgoneta, se desalojó el aparcamiento y un minuto antes de las nueve de la mañana, se produjo la explosión , en la que murieron Palate y Estacio, otras 41 personas resultaron heridas y 313 vehículos sufrieron daños. Los destrozos provocados en el módulo D del aparcamiento y zonas adyacentes han sido valorados en 26.777.520 euros.
REPORTAJE: Vida & Artes
El presidente de EE UU promete acabar con el rescate público de los bancos - Las entidades volverán a tomar riesgos si se evita su quiebra - El automóvil y las aerolíneas claman por más ayudas
RAMÓN MUÑOZ 03/05/2010
"No habrá más dinero público para rescatar a la banca. Punto final". Así presentaba su reforma del sistema financiero Barack Obama. Sólo un país donde preocupa más el destino de los impuestos que la asistencia sanitaria podía emprender una revolución que pretende poner coto a una práctica tan vieja como el propio capitalismo: privaticemos las ganancias, socialicemos las pérdidas.
El Gobierno sigue estando en el capital de muchas firmas rescatadas
Los contribuyentes de EE UU perderán 90.000 de los millones aportados
El lema, no por desgastado, deja de estar de actualidad. La mayor recesión económica desde 1929 ha puesto encima de la mesa de los gobiernos la petición de sectores enteros de la economía de miles de millones de dinero público para su subsistencia. Bancos, aseguradoras, aerolíneas, automovilísticas... Todos se pusieron a la cola para reclamar. Algunos han comenzado a devolver ahora esas ayudas; otros, nunca lo harán. Pero casi todos rechazan cualquier regulación estricta como la que defiende Obama para impedir que el fenómeno se repita en la próxima crisis.
El mensaje de que papá Estado está ahí, pase lo que pase, se ha puesto de manifiesto una vez más con motivo de la erupción del volcán islandés Eyjafjalla, que paralizó durante una semana los cielos de Europa, causando la anulación de miles de vuelos. La UE ya ha dicho que saldrá al rescate y aprobará ayudas a las aerolíneas de entre 1.500 y 2.500 millones de euros.
Para calmar los encendidos ánimos de los contribuyentes, algunos de los sectores más subsidiados intentan deslizar la idea de que, en realidad, se ha tratado sólo de un préstamo y que el dinero se devolverá. "Hemos pagado totalmente y con intereses", dice estos días el risueño presidente de General Motors (GM), Edward Whitacre, en un anuncio emitido por las grandes cadenas de televisión de EE UU. El gigante de Detroit ha devuelto 6.700 millones de dólares (5.000 millones de euros) a los gobiernos estadounidense y canadiense, cinco años antes de lo anunciado.
Al presidente de GM, nombrado a dedo por el propio Obama, se le olvida un pequeño detalle en las cuñas comerciales: la automovilística sólo ha restituido los préstamos que le otorgaron. Pero no ha devuelto ni un centavo de los 45.000 millones de dólares que inyectó el Estado y por los que recibió el 61% del capital, convirtiendo a la fuerza al contribuyente estadounidense en el primer accionista de la firma de Detroit; ni ha pedido disculpas a los acreedores a los que forzó a aceptar importantes quitas, ni a los miles de accionistas que arruinó o a los trabajadores que despidió. Chrysler también tuvo que ser rescatada mientras que Ford prefirió renunciar a las ayudas y ahora tiene que competir en una lucha desigual con sus contendientes. ¿Puede sobrevivir el mercado libre en esa mezcla entre lo público y lo privado?
En Europa, el foco se ha centrado en las ayudas directas al consumidor para estimular las ventas de coches. Los resultados han sido espectaculares en los 14 países de la UE donde se han aplicado, pero la fecha de caducidad de las mismas hace temer que todo acabe en una ilusión de bengalas, y que el sector vuelva a la oscuridad en la que se vio sumido. Por ejemplo, en Reino Unido, donde el Estado ofrecía 2.000 libras (2.300 euros) por cambiar un coche viejo, las ventas crecieron un 87% en marzo, último mes de vigencia de las subvenciones. ¿Qué pasará a partir de ahora? La respuesta hay que buscarla en Alemania, donde se vendieron 3,8 millones de unidades en 2009, un 23% más que en el año anterior. Extinguidas las ayudas, las ventas han descendido en picado, y la patronal espera una caída del 30% para 2010.
En España, la situación es muy similar. El Plan 2000E, puesto en marcha en mayo de 2009, ofrece hasta 2.000 euros al comprador. Sólo en el primer trimestre de este año, las ventas de turismo han crecido un 44,5% en comparación con el mismo período de 2009, el mayor aumento trimestral de la historia. El Gobierno, que ha derivado 240 millones en subvenciones, estima que durante este mes de mayo se acabará el presupuesto. La patronal de los fabricantes Anfac ya ha solicitado una prórroga. Algunos de sus representados, como el presidente de Renault, Jean Pierre Laurent, lo tiene muy claro: si el Gobierno no accede a las peticiones, en el segundo semestre de este año, en el que coinciden la subida del IVA y el fin de las ayudas, "habrá que volver a hablar de regulaciones de empleo".
Anfac ve efectos positivos de todo tipo en estas ayudas. "El Plan 2000E ha producido una demanda adicional de 140.000 matriculaciones, con un superávit fiscal para las arcas públicas de 400 euros por vehículo en la parte estatal y 166 euros en la autonómica. En mantenimiento del empleo, se redujeron las personas afectadas en 2009 por un ERE temporal de 46.000 a 20.000, ahorrando 100 millones de euros en prestaciones por desempleo. En materia medioambiental, ha habido una reducción media de las emisiones de CO2. Y, por último, ha habido una mejora de la seguridad vial, puesto que la media de los coches retirados de la circulación es de 13 años", señala Luis Valero, presidente de Anfac. Si tantos son los beneficios, ¿por qué las ayudas al automóvil no se declaran permanentes?
Nadie parece discutir el deber de los gobiernos de salvar (con el dinero de sus gobernados) a las entidades financieras que fueron víctimas de sus propios excesos especulativos, en lugar de aplicar la regla fundamental del mercado: si lo haces mal, desapareces, como le ocurrió a Lehman Brothers, la única gran entidad que cayó al principio de la crisis. Al contrario, republicanos y demócratas en EE UU, conservadores y laboristas en Reino Unido y PSOE y PP en España, por ejemplo, han votado a favor de rescatar a las entidades si llega el caso.
Esa unanimidad política en torno al Estado salvador propicia dos mecanismos perversos: el "demasiado grande para caer" (too big to fall) y el "riesgo moral" (moral hazard). Por el primero, cuánto más grande sea una entidad, más previsiblemente tendrá que ser rescatada en caso de que le vaya mal, porque las consecuencias de su quiebra serían tan graves socialmente que ningún Gobierno se atrevería a afrontarlas. Es lo que ocurrió con la aseguradora AIG, General Motors o el banco Citigroup. El segundo principio implica que las empresas siguen estando dispuestas a tomar riesgos crecientes en la seguridad de que, si finalmente fallan, la Administración responderá por ellos, como ya ha ocurrido.
El programa de rescate financiero en EE UU ha movilizado 700.000 millones de dólares (527.000 millones de euros), y la Administración estima que el coste para el erario público será de 117.000 millones de dólares (90.000 millones de euros). Josep Stiglitz, premio Nobel de Economía, calificó ese plan de "estafa", y avisó de que alentaría nuevos desmanes en un futuro. Obama parece haber recogido ese clamor de los contribuyentes, que no están dispuestos a que, dentro de unos años, les vuelvan a meter otra vez la mano en los bolsillos en la siguiente crisis de Wall Street. Su reforma financiera prevé crear un impuesto que grave los activos de las grandes empresas financieras, limite el tamaño de los megabancos y restrinja los productos financieros opacos. "Queremos nuestro dinero de vuelta y lo vamos a obtener", decía Obama a los republicanos que rechazan su reforma.
Detrás de ese rechazo muchos ven la larga mano del lobby financiero que, tras devolver parte de las ayudas, como en el caso de Citigroup o Goldman, piensan que ya han purgado su culpa y no quieren ni oír hablar de mayores controles, y, menos aún, de recortar los bonus millonarios que pagan a sus directivos.
En España, por el momento, sólo ha precisado dinero público Caja Castilla La Mancha (3.375 millones de euros), intervenida por el Banco de España, pero está pendiente de Bruselas la autorización del llamado Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), dotado con 99.000 millones. Nadie desde el Gobierno o la banca ha precisado qué fondos harán falta finalmente, pero el FMI estima que los bancos necesitarían 5.000 millones y las cajas, 17.000. Estas ayudas también despiertan polémica. El presidente de la patronal bancaria (AEB), Miguel Martín, afirma que las entidades no viables y los malos gestores deben ser apartados. "No deben darse fondos públicos gratuitos. Si se conceden, deben ser devueltas. Mantener la competencia bancaria es esencial".
La AEB considera que la nueva regulación financiera que se prepara en Europa debe evitar que se repita la crisis y, "si se repite, que su coste sea menor en empleo y actividad y que no tengan que pagarlo los ciudadanos o los bancos comerciales, que no han sido causantes de la crisis y que tienen financiación vía depósitos estables", señala una portavoz.
Muchos expertos piensan que la solución más moral no es inyectar fondos, sino entrar en el capital de las entidades intervenidas. "Las ayudas públicas deben instrumentarse con compras de capital, de manera que al implicar una pérdida de la propiedad de los accionistas privados de las firmas intervenidas y disponer de fórmulas de posterior recuperación, por lo menos parcialmente, no se incurrirá en riesgo moral con el uso de dinero público. El problema español parece ser que las entidades con más necesidad de ayudas ya son públicas [cajas de ahorro] y, puede haber una mayor complejidad en la posterior devolución de los recursos públicos utilizados", dice el jefe del servicio de estudios de CC OO.
No todas las ayudas son iguales. La patronal de aerolíneas españolas (ACETA) rechaza completamente las que han recibido Alitalia y otras compañías para evitar la quiebra, pero justifica las del caos aéreo provocado por el volcán islandés "Se trata de una catástrofe natural. No es posible atender sin ayuda a casi dos millones de pasajeros diarios. Las administraciones públicas no pusieron en marcha los servicios para situaciones de emergencia. Así que no cabe hablar de subvenciones públicas, sino de compensaciones. El negocio de las compañías aéreas es volar, no recibir ayudas, como ha dicho el comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia".
Cuando no hay catástrofes naturales sino pura negligencia empresarial también paga el Estado. En las navidades de 2006, Air Madrid dejó tirados a miles de pasajeros al no poder hacer frente a los pagos. El Ministerio de Fomento se hizo cargo del transporte de 4.000 afectados. Aún así, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid acaba de eximir a Air Madrid de abonar a la Administración los 6,8 millones de euros que gastó. Un precedente inquietante para el caso de Air Comet, que volvió a repetir la historia estas navidades, dejando en tierra a miles de pasajeros, y a quien Fomento reclama 6,3 millones.
Todos se sienten con derecho a cobrar del Estado. La Audiencia Nacional rechazó en febrero la pretensión de la asociación de afectados por la estafa piramidal de Fórum Filatélico y Afinsa de que la Administración se hiciera responsable patrimonial de sus pérdidas de 4.500 millones de euros. Antes de la quiebra, pocos de esos afectados se preguntaron cómo era posible que recibieran unos intereses por sus depósitos de más del doble de lo que pagaba la banca comercial. ¿No estaban asumiendo un riesgo implícito?
Si no eres suficientemente grande como un banco o una aseguradora, y las cosas van mal, tienes que resignarse a tu suerte. Es el caso de los autónomos. "770.000 autónomos han caído desde que se inició la crisis, lo que supone un cierre de actividades cercanas a las mil diarias. Ayudaron a un sector financiero convencidos de que facilitaría créditos, y ha sucedido exactamente lo contrario: el crédito se ha reducido un 26% para los autónomos. Nos sorprenden estas ayudas a bancos, constructoras, automovilísticas, aerolíneas y que se hayan olvidado de ayudar a la columna vertebral del tejido productivo de este país, que aporta más del 60% del empleo, soportando la morosidad, tanto pública como privada" indica Lorenzo Amor, presidente de la Federación de Trabajadores Autónomos (ATA).
Con todo, lo peor puede estar por venir. Porque, en lugar de rescatar bancos o empresas, ha llegado la hora de evitar la quiebra de países enteros como Grecia. Y la pregunta es la misma: ¿deben los contribuyentes de un país pagar los excesos y el despilfarro de los gobiernos de otros Estados? El futuro de la Unión Europea puede estar detrás de la respuesta.
Coste del rescate
- EE UU movilizó 700.000 millones de dólares (540.000 millones de euros) en su plan de rescate financiero. De ellos, ha entregado ayudas directas por 340.000 millones de euros, de las que sólo se han devuelto 143.000 millones.
- Lehman Brothers, en septiembre de 2008, ha sido la única gran entidad a la que se dejó caer.
- El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) es el mecanismo elegido para ayudar a bancos y cajas españoles, con una capacidad máxima de endeudamiento de 99.000 millones. Está recurrido en el Tribunal Constitucional y no tiene aún el visto bueno de Bruselas.
- Obama quiere gravar a las grandes entidades financieras con una tasa del 0,15% de sus activos como fondo de garantía para futuras crisis. Prevé recaudar 42.000 millones de euros en 10 años.
- Catorce países de la UE han aplicado ayudas directas a la compra de coches. En España, el Plan 2000E ha logrado 140.000 matriculaciones adicionales y evitado la pérdida de 26.000 empleos, según Anfac.
RAMÓN MUÑOZ 03/05/2010
"No habrá más dinero público para rescatar a la banca. Punto final". Así presentaba su reforma del sistema financiero Barack Obama. Sólo un país donde preocupa más el destino de los impuestos que la asistencia sanitaria podía emprender una revolución que pretende poner coto a una práctica tan vieja como el propio capitalismo: privaticemos las ganancias, socialicemos las pérdidas.
El Gobierno sigue estando en el capital de muchas firmas rescatadas
Los contribuyentes de EE UU perderán 90.000 de los millones aportados
El lema, no por desgastado, deja de estar de actualidad. La mayor recesión económica desde 1929 ha puesto encima de la mesa de los gobiernos la petición de sectores enteros de la economía de miles de millones de dinero público para su subsistencia. Bancos, aseguradoras, aerolíneas, automovilísticas... Todos se pusieron a la cola para reclamar. Algunos han comenzado a devolver ahora esas ayudas; otros, nunca lo harán. Pero casi todos rechazan cualquier regulación estricta como la que defiende Obama para impedir que el fenómeno se repita en la próxima crisis.
El mensaje de que papá Estado está ahí, pase lo que pase, se ha puesto de manifiesto una vez más con motivo de la erupción del volcán islandés Eyjafjalla, que paralizó durante una semana los cielos de Europa, causando la anulación de miles de vuelos. La UE ya ha dicho que saldrá al rescate y aprobará ayudas a las aerolíneas de entre 1.500 y 2.500 millones de euros.
Para calmar los encendidos ánimos de los contribuyentes, algunos de los sectores más subsidiados intentan deslizar la idea de que, en realidad, se ha tratado sólo de un préstamo y que el dinero se devolverá. "Hemos pagado totalmente y con intereses", dice estos días el risueño presidente de General Motors (GM), Edward Whitacre, en un anuncio emitido por las grandes cadenas de televisión de EE UU. El gigante de Detroit ha devuelto 6.700 millones de dólares (5.000 millones de euros) a los gobiernos estadounidense y canadiense, cinco años antes de lo anunciado.
Al presidente de GM, nombrado a dedo por el propio Obama, se le olvida un pequeño detalle en las cuñas comerciales: la automovilística sólo ha restituido los préstamos que le otorgaron. Pero no ha devuelto ni un centavo de los 45.000 millones de dólares que inyectó el Estado y por los que recibió el 61% del capital, convirtiendo a la fuerza al contribuyente estadounidense en el primer accionista de la firma de Detroit; ni ha pedido disculpas a los acreedores a los que forzó a aceptar importantes quitas, ni a los miles de accionistas que arruinó o a los trabajadores que despidió. Chrysler también tuvo que ser rescatada mientras que Ford prefirió renunciar a las ayudas y ahora tiene que competir en una lucha desigual con sus contendientes. ¿Puede sobrevivir el mercado libre en esa mezcla entre lo público y lo privado?
En Europa, el foco se ha centrado en las ayudas directas al consumidor para estimular las ventas de coches. Los resultados han sido espectaculares en los 14 países de la UE donde se han aplicado, pero la fecha de caducidad de las mismas hace temer que todo acabe en una ilusión de bengalas, y que el sector vuelva a la oscuridad en la que se vio sumido. Por ejemplo, en Reino Unido, donde el Estado ofrecía 2.000 libras (2.300 euros) por cambiar un coche viejo, las ventas crecieron un 87% en marzo, último mes de vigencia de las subvenciones. ¿Qué pasará a partir de ahora? La respuesta hay que buscarla en Alemania, donde se vendieron 3,8 millones de unidades en 2009, un 23% más que en el año anterior. Extinguidas las ayudas, las ventas han descendido en picado, y la patronal espera una caída del 30% para 2010.
En España, la situación es muy similar. El Plan 2000E, puesto en marcha en mayo de 2009, ofrece hasta 2.000 euros al comprador. Sólo en el primer trimestre de este año, las ventas de turismo han crecido un 44,5% en comparación con el mismo período de 2009, el mayor aumento trimestral de la historia. El Gobierno, que ha derivado 240 millones en subvenciones, estima que durante este mes de mayo se acabará el presupuesto. La patronal de los fabricantes Anfac ya ha solicitado una prórroga. Algunos de sus representados, como el presidente de Renault, Jean Pierre Laurent, lo tiene muy claro: si el Gobierno no accede a las peticiones, en el segundo semestre de este año, en el que coinciden la subida del IVA y el fin de las ayudas, "habrá que volver a hablar de regulaciones de empleo".
Anfac ve efectos positivos de todo tipo en estas ayudas. "El Plan 2000E ha producido una demanda adicional de 140.000 matriculaciones, con un superávit fiscal para las arcas públicas de 400 euros por vehículo en la parte estatal y 166 euros en la autonómica. En mantenimiento del empleo, se redujeron las personas afectadas en 2009 por un ERE temporal de 46.000 a 20.000, ahorrando 100 millones de euros en prestaciones por desempleo. En materia medioambiental, ha habido una reducción media de las emisiones de CO2. Y, por último, ha habido una mejora de la seguridad vial, puesto que la media de los coches retirados de la circulación es de 13 años", señala Luis Valero, presidente de Anfac. Si tantos son los beneficios, ¿por qué las ayudas al automóvil no se declaran permanentes?
Nadie parece discutir el deber de los gobiernos de salvar (con el dinero de sus gobernados) a las entidades financieras que fueron víctimas de sus propios excesos especulativos, en lugar de aplicar la regla fundamental del mercado: si lo haces mal, desapareces, como le ocurrió a Lehman Brothers, la única gran entidad que cayó al principio de la crisis. Al contrario, republicanos y demócratas en EE UU, conservadores y laboristas en Reino Unido y PSOE y PP en España, por ejemplo, han votado a favor de rescatar a las entidades si llega el caso.
Esa unanimidad política en torno al Estado salvador propicia dos mecanismos perversos: el "demasiado grande para caer" (too big to fall) y el "riesgo moral" (moral hazard). Por el primero, cuánto más grande sea una entidad, más previsiblemente tendrá que ser rescatada en caso de que le vaya mal, porque las consecuencias de su quiebra serían tan graves socialmente que ningún Gobierno se atrevería a afrontarlas. Es lo que ocurrió con la aseguradora AIG, General Motors o el banco Citigroup. El segundo principio implica que las empresas siguen estando dispuestas a tomar riesgos crecientes en la seguridad de que, si finalmente fallan, la Administración responderá por ellos, como ya ha ocurrido.
El programa de rescate financiero en EE UU ha movilizado 700.000 millones de dólares (527.000 millones de euros), y la Administración estima que el coste para el erario público será de 117.000 millones de dólares (90.000 millones de euros). Josep Stiglitz, premio Nobel de Economía, calificó ese plan de "estafa", y avisó de que alentaría nuevos desmanes en un futuro. Obama parece haber recogido ese clamor de los contribuyentes, que no están dispuestos a que, dentro de unos años, les vuelvan a meter otra vez la mano en los bolsillos en la siguiente crisis de Wall Street. Su reforma financiera prevé crear un impuesto que grave los activos de las grandes empresas financieras, limite el tamaño de los megabancos y restrinja los productos financieros opacos. "Queremos nuestro dinero de vuelta y lo vamos a obtener", decía Obama a los republicanos que rechazan su reforma.
Detrás de ese rechazo muchos ven la larga mano del lobby financiero que, tras devolver parte de las ayudas, como en el caso de Citigroup o Goldman, piensan que ya han purgado su culpa y no quieren ni oír hablar de mayores controles, y, menos aún, de recortar los bonus millonarios que pagan a sus directivos.
En España, por el momento, sólo ha precisado dinero público Caja Castilla La Mancha (3.375 millones de euros), intervenida por el Banco de España, pero está pendiente de Bruselas la autorización del llamado Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), dotado con 99.000 millones. Nadie desde el Gobierno o la banca ha precisado qué fondos harán falta finalmente, pero el FMI estima que los bancos necesitarían 5.000 millones y las cajas, 17.000. Estas ayudas también despiertan polémica. El presidente de la patronal bancaria (AEB), Miguel Martín, afirma que las entidades no viables y los malos gestores deben ser apartados. "No deben darse fondos públicos gratuitos. Si se conceden, deben ser devueltas. Mantener la competencia bancaria es esencial".
La AEB considera que la nueva regulación financiera que se prepara en Europa debe evitar que se repita la crisis y, "si se repite, que su coste sea menor en empleo y actividad y que no tengan que pagarlo los ciudadanos o los bancos comerciales, que no han sido causantes de la crisis y que tienen financiación vía depósitos estables", señala una portavoz.
Muchos expertos piensan que la solución más moral no es inyectar fondos, sino entrar en el capital de las entidades intervenidas. "Las ayudas públicas deben instrumentarse con compras de capital, de manera que al implicar una pérdida de la propiedad de los accionistas privados de las firmas intervenidas y disponer de fórmulas de posterior recuperación, por lo menos parcialmente, no se incurrirá en riesgo moral con el uso de dinero público. El problema español parece ser que las entidades con más necesidad de ayudas ya son públicas [cajas de ahorro] y, puede haber una mayor complejidad en la posterior devolución de los recursos públicos utilizados", dice el jefe del servicio de estudios de CC OO.
No todas las ayudas son iguales. La patronal de aerolíneas españolas (ACETA) rechaza completamente las que han recibido Alitalia y otras compañías para evitar la quiebra, pero justifica las del caos aéreo provocado por el volcán islandés "Se trata de una catástrofe natural. No es posible atender sin ayuda a casi dos millones de pasajeros diarios. Las administraciones públicas no pusieron en marcha los servicios para situaciones de emergencia. Así que no cabe hablar de subvenciones públicas, sino de compensaciones. El negocio de las compañías aéreas es volar, no recibir ayudas, como ha dicho el comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia".
Cuando no hay catástrofes naturales sino pura negligencia empresarial también paga el Estado. En las navidades de 2006, Air Madrid dejó tirados a miles de pasajeros al no poder hacer frente a los pagos. El Ministerio de Fomento se hizo cargo del transporte de 4.000 afectados. Aún así, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid acaba de eximir a Air Madrid de abonar a la Administración los 6,8 millones de euros que gastó. Un precedente inquietante para el caso de Air Comet, que volvió a repetir la historia estas navidades, dejando en tierra a miles de pasajeros, y a quien Fomento reclama 6,3 millones.
Todos se sienten con derecho a cobrar del Estado. La Audiencia Nacional rechazó en febrero la pretensión de la asociación de afectados por la estafa piramidal de Fórum Filatélico y Afinsa de que la Administración se hiciera responsable patrimonial de sus pérdidas de 4.500 millones de euros. Antes de la quiebra, pocos de esos afectados se preguntaron cómo era posible que recibieran unos intereses por sus depósitos de más del doble de lo que pagaba la banca comercial. ¿No estaban asumiendo un riesgo implícito?
Si no eres suficientemente grande como un banco o una aseguradora, y las cosas van mal, tienes que resignarse a tu suerte. Es el caso de los autónomos. "770.000 autónomos han caído desde que se inició la crisis, lo que supone un cierre de actividades cercanas a las mil diarias. Ayudaron a un sector financiero convencidos de que facilitaría créditos, y ha sucedido exactamente lo contrario: el crédito se ha reducido un 26% para los autónomos. Nos sorprenden estas ayudas a bancos, constructoras, automovilísticas, aerolíneas y que se hayan olvidado de ayudar a la columna vertebral del tejido productivo de este país, que aporta más del 60% del empleo, soportando la morosidad, tanto pública como privada" indica Lorenzo Amor, presidente de la Federación de Trabajadores Autónomos (ATA).
Con todo, lo peor puede estar por venir. Porque, en lugar de rescatar bancos o empresas, ha llegado la hora de evitar la quiebra de países enteros como Grecia. Y la pregunta es la misma: ¿deben los contribuyentes de un país pagar los excesos y el despilfarro de los gobiernos de otros Estados? El futuro de la Unión Europea puede estar detrás de la respuesta.
Coste del rescate
- EE UU movilizó 700.000 millones de dólares (540.000 millones de euros) en su plan de rescate financiero. De ellos, ha entregado ayudas directas por 340.000 millones de euros, de las que sólo se han devuelto 143.000 millones.
- Lehman Brothers, en septiembre de 2008, ha sido la única gran entidad a la que se dejó caer.
- El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) es el mecanismo elegido para ayudar a bancos y cajas españoles, con una capacidad máxima de endeudamiento de 99.000 millones. Está recurrido en el Tribunal Constitucional y no tiene aún el visto bueno de Bruselas.
- Obama quiere gravar a las grandes entidades financieras con una tasa del 0,15% de sus activos como fondo de garantía para futuras crisis. Prevé recaudar 42.000 millones de euros en 10 años.
- Catorce países de la UE han aplicado ayudas directas a la compra de coches. En España, el Plan 2000E ha logrado 140.000 matriculaciones adicionales y evitado la pérdida de 26.000 empleos, según Anfac.
Obama asegura que BP "pagará la factura" del vertido en el golfo de México
El presidente de EE UU, que ha viajado a Luisiana para evaluar los daños, advierte de que puede ser una "catástrofe ecológica sin precedentes"
YOLANDA MONGE | Washington - Madrid / Washington - 03/05/2010
Bajo una persistente lluvia azotada por vientos racheados -sobre la cual broméo en un momento determinado-, Barack Obama definió ayer el vertido de petróleo del Golfo de México como "un potencial desastre medioambiental sin precedentes". El presidente viajó ayer hasta Venice, en la costa Luisiana y primer lugar al que se especula llegará el crudo, para defender su tesis: que su Administración estuvo operativa desde el primer día de la crisis y que el último y único responsable de la marea negra es el gigante petrolero BP. El presidente no aceptó preguntas.
• Los vertidos al mar más graves de los últimos 40 años
• Más grave que el 'Prestige'
• ¿Por qué no se cierra el 'grifo' de petróleo?
• "Es como estar en un crucero, salvo por el alcohol y la piscina"
• Se hunde la plataforma petrolera que explotó en el Golfo de México
Dirigiéndose a las cámaras ante el cuartel de los guardacostas de Venice (130 kilómetros al sur de Nueva Orleans), empapado de agua e intentando poner al mal tiempo buena cara, Obama advirtió sobre que frenar la expulsión de crudo del pozo que se encuentra a más de 1.500 metros bajo el mar podría llevar días. "Desde el día uno hemos estado preparados para lo peor sin perder esperanzas de que suceda lo mejor", dijo queriendo poner cierta dosis de optimismo a una crisis que intenta acotar no salpique su mandato.
Temiendo repetir los errores de su antecesor ante la gestión del huracán Katrina y que se le considere 'demasiado despegado' de lo que está ocurriendo en el Golfo de México y atajando así las críticas, Obama se desplazó hasta Luisiana para obtener de primera mano el informe de la dimensión de la marea negra que desde hace casi dos semanas amenaza las costas de Luisiana, Misisipi, Alabama y Florida.
Toda la maquinaria de imagen de la Casa Blanca puesta a trabajar. Además de la simbólica foto del presidente en la zona, dos destacados miembros del equipo de Gobierno de Obama definieron el impacto medioambiental del accidente de la plataforma petrolífera como "muy grave". Ambos fueron contundentes a la hora de señalar responsabilidades y asertivos -como el presidente- al asegurar que habían estado al tanto del suceso desde "el primer día".
"La respuesta dada sobre el terreno ha sido desde el principio consistente con la idea de que estábamos ante una catástrofe", declaró la secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano. "Todos y cada uno de los recursos posibles están desplegados en la zona". Por su parte, el secretario de Interior, Ken Salazar, manifestó que no estaba claro cuándo podría frenarse la salida de crudo a más de 1.500 metros bajo el mar. "Estamos ante un escenario muy grave. Puede que pasan 90 días antes de tengamos una solución final", advirtió Salazar. "Para entonces, mucho petróleo podría haberse derramarse". Una vez más, los responsables gubernamentales quisieron poner el foco sobre British Petroleum al afirmar Salazar que la Administración seguía teniendo "la bota puesta sobre el cuello" del gigante petrolero.
La línea costera desde Luisiana a Florida está amenazada por el derrame, cuyo tamaño estimado es de unos 200 kilómetros de largo por 100 a 112 de ancho. Y sigue creciendo. Muchas de las comunidades en el camino de la mancha de crudo son las mismas que fueron devastadas por el Huracán Katrina en el 2005 y ante el que la Administración republicana de George W. Bush tuvo una pésima respuesta que lastró aún más su mandato. La alarma de una marea negra cubriendo las costas de desató unos días después de que el pasado 20 de abril una plataforma petrolífera gestionada por BP sufriera una explosión que acabó con su hundimiento en el mar y miles de barriles de crudo expulsados al mar diariamente desde el pozo subterráneo del que nace.
En la ruta de la extensa mancha de crudo se encuentran grandes canales de navegación, áreas de pesca claves, refugios de flora y fauna, además de populares playas. Hasta ahora, las líneas más importantes de navegación que llevan al río Misisipi y los grandes puertos de la costa del Golfo no han sido afectados, indicaron funcionarios. La costa del Golfo de México y sus pantanales son hogar de cientos de especies salvajes, incluidos manatís, tortugas marinas, delfines, marsopas, ballenas, nutrias, pelícanos y otras aves.
"La madre naturaleza tiene la última palabra y eso significa que lo que pueda ocurrir es totalmente impredecible", declaró el almirante Thad Allen, alto mando de los Guarda Costas y designado por Obama para ser "el comandante al frente del 'incidente nacional'". "El vertido de crudo es lo suficientemente importante como para afectar a la costa. Pero la verdadera pregunta es cuándo sucederá y dónde", informó Allen, concernido por las malas condiciones metereológicas que afectan a la región y que ayer hicieron que Obama no pudiese sobrevolar la zona afectada.
YOLANDA MONGE | Washington - Madrid / Washington - 03/05/2010
Bajo una persistente lluvia azotada por vientos racheados -sobre la cual broméo en un momento determinado-, Barack Obama definió ayer el vertido de petróleo del Golfo de México como "un potencial desastre medioambiental sin precedentes". El presidente viajó ayer hasta Venice, en la costa Luisiana y primer lugar al que se especula llegará el crudo, para defender su tesis: que su Administración estuvo operativa desde el primer día de la crisis y que el último y único responsable de la marea negra es el gigante petrolero BP. El presidente no aceptó preguntas.
• Los vertidos al mar más graves de los últimos 40 años
• Más grave que el 'Prestige'
• ¿Por qué no se cierra el 'grifo' de petróleo?
• "Es como estar en un crucero, salvo por el alcohol y la piscina"
• Se hunde la plataforma petrolera que explotó en el Golfo de México
Dirigiéndose a las cámaras ante el cuartel de los guardacostas de Venice (130 kilómetros al sur de Nueva Orleans), empapado de agua e intentando poner al mal tiempo buena cara, Obama advirtió sobre que frenar la expulsión de crudo del pozo que se encuentra a más de 1.500 metros bajo el mar podría llevar días. "Desde el día uno hemos estado preparados para lo peor sin perder esperanzas de que suceda lo mejor", dijo queriendo poner cierta dosis de optimismo a una crisis que intenta acotar no salpique su mandato.
Temiendo repetir los errores de su antecesor ante la gestión del huracán Katrina y que se le considere 'demasiado despegado' de lo que está ocurriendo en el Golfo de México y atajando así las críticas, Obama se desplazó hasta Luisiana para obtener de primera mano el informe de la dimensión de la marea negra que desde hace casi dos semanas amenaza las costas de Luisiana, Misisipi, Alabama y Florida.
Toda la maquinaria de imagen de la Casa Blanca puesta a trabajar. Además de la simbólica foto del presidente en la zona, dos destacados miembros del equipo de Gobierno de Obama definieron el impacto medioambiental del accidente de la plataforma petrolífera como "muy grave". Ambos fueron contundentes a la hora de señalar responsabilidades y asertivos -como el presidente- al asegurar que habían estado al tanto del suceso desde "el primer día".
"La respuesta dada sobre el terreno ha sido desde el principio consistente con la idea de que estábamos ante una catástrofe", declaró la secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano. "Todos y cada uno de los recursos posibles están desplegados en la zona". Por su parte, el secretario de Interior, Ken Salazar, manifestó que no estaba claro cuándo podría frenarse la salida de crudo a más de 1.500 metros bajo el mar. "Estamos ante un escenario muy grave. Puede que pasan 90 días antes de tengamos una solución final", advirtió Salazar. "Para entonces, mucho petróleo podría haberse derramarse". Una vez más, los responsables gubernamentales quisieron poner el foco sobre British Petroleum al afirmar Salazar que la Administración seguía teniendo "la bota puesta sobre el cuello" del gigante petrolero.
La línea costera desde Luisiana a Florida está amenazada por el derrame, cuyo tamaño estimado es de unos 200 kilómetros de largo por 100 a 112 de ancho. Y sigue creciendo. Muchas de las comunidades en el camino de la mancha de crudo son las mismas que fueron devastadas por el Huracán Katrina en el 2005 y ante el que la Administración republicana de George W. Bush tuvo una pésima respuesta que lastró aún más su mandato. La alarma de una marea negra cubriendo las costas de desató unos días después de que el pasado 20 de abril una plataforma petrolífera gestionada por BP sufriera una explosión que acabó con su hundimiento en el mar y miles de barriles de crudo expulsados al mar diariamente desde el pozo subterráneo del que nace.
En la ruta de la extensa mancha de crudo se encuentran grandes canales de navegación, áreas de pesca claves, refugios de flora y fauna, además de populares playas. Hasta ahora, las líneas más importantes de navegación que llevan al río Misisipi y los grandes puertos de la costa del Golfo no han sido afectados, indicaron funcionarios. La costa del Golfo de México y sus pantanales son hogar de cientos de especies salvajes, incluidos manatís, tortugas marinas, delfines, marsopas, ballenas, nutrias, pelícanos y otras aves.
"La madre naturaleza tiene la última palabra y eso significa que lo que pueda ocurrir es totalmente impredecible", declaró el almirante Thad Allen, alto mando de los Guarda Costas y designado por Obama para ser "el comandante al frente del 'incidente nacional'". "El vertido de crudo es lo suficientemente importante como para afectar a la costa. Pero la verdadera pregunta es cuándo sucederá y dónde", informó Allen, concernido por las malas condiciones metereológicas que afectan a la región y que ayer hicieron que Obama no pudiese sobrevolar la zona afectada.
La corrupción atenaza al PP
Camps ponen su futuro en Cuatro causas que salpican a cuarentena
El PP presiona al Supremo para evitar que siente al presidente en el banquillo
CARLOS E. CUÉ - Madrid - 03/05/2010
En público todos hacen como si no existiera, pero en privado no se habla de otra cosa. En la calle Génova se ha instalado una gran preocupación con el futuro del presidente valenciano Francisco Camps. El PP, como los periodistas, busca información en el Tribunal Supremo, que debe decidir el 12 de mayo si envía a Camps al banquillo por el asunto de los trajes, como pidió el juez Flors, instructor de la causa en Valencia, o le exonera, como decidieron dos de los tres magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal valenciano. Y los rumores, más que noticias, que les llegan no son positivos. "Tiene mala pinta", es la frase más repetida estos días en la sede central del PP.
• Las causas contra Camps y su Gobierno
• Esperanza Aguirre: "La corrupción es consustancial a las instituciones"
• El PP propone que se puedan pinchar teléfonos en delitos menos graves
• Canal 9 dedicó un escaso 1,4% de sus informativos al sumario del 'caso Gürtel'
La cúpula del PP está convencida de ganar Valencia con cualquier candidato
Los cinco jueces -dos conservadores, dos progresistas y uno, el presidente, de la asociación moderada Francisco de Vitoria- tienen encima de la mesa una papeleta difícil. El auto del juez Flors, también de la Francisco de Vitoria, era clarísimo: pedía llevar a Camps a juicio porque encontró pruebas más que suficientes de que le habían regalado 12.000 euros en trajes -lo que entendía como cohecho impropio- y ninguna sólida de que los hubiera pagado él, como afirmó el presidente. También tiene encima de la mesa el voto particular del juez Montero, un conservador muy prestigioso, que defendió que sólo debía exonerarse a Ricardo Costa, porque no estaba en el Gobierno valenciano y por tanto no podía tomar decisiones sobre contratos públicos, pero sí debía enjuiciarse a Camps, ya que recibió los regalos en función de su cargo. Exonerarle podría implicar acabar con el sentido del artículo 426 del código penal. Además, los magistrados conocen ahora todas las novedades del caso -el informe policial sobre la posible financiación ilegal, las comisiones en la visita del Papa a Valencia o los contratos irregulares y sin concurso que premiaron a las empresas de la red-. Se trata de otras tres causas derivadas del caso Gürtel que afectan a parte del Gobierno valenciano que preside Camps y que podría acabar con la imputación de algunos de los consejeros y el propio presidente.
Frente a esta realidad, que ven muy oscura, el PP ha optado por una doble estrategia. Primero, la de presionar con todos los medios a su alcance -obviamente sin cometer ninguna irregularidad, haciendo llegar a los jueces la trascendencia de su decisión que puede acabar con una carrera política por un asunto que el PP sigue considerando menor, como es el de los trajes-. Distintos dirigentes confirman que toda la dirección, y, en especial, Federico Trillo, el hombre del PP que más relaciones tiene con el mundo judicial, está dedicado a esta tarea, la de orientar esa decisión.
Por otro lado, el PP se está preparando también para, en caso de que se confirmen los peores augurios, prepararse para limpiar la Comunidad Valenciana. Nadie sabe muy bien cómo reaccionará Camps si le mandan a juicio, aunque la mayoría cree que dimitirá. Es difícil que Mariano Rajoy, a quien Camps tanto apoyó en sus momentos difíciles tras la derrota de 2008, se lo pida. Pero todos los dirigentes asumen que si el Supremo devuelve el caso al Tribunal Superior de Justicia de Valencia para que sea juzgado, habrá una catarata de decisiones.
"No podemos actuar mientras no haya imputaciones, no sería justo. Pero la dirección está preparada para tomar decisiones radicales en Valencia. El discurso de Rajoy de que será implacable con la corrupción impide la inacción. Si la justicia actúa, nosotros también actuaremos", señala un dirigente. Génova, en cualquier caso, ve a Camps y al PP valenciano como la última estación del vía crucis de Rajoy con el caso Gürtel. Y pese a la preocupación -la idea de ver caer a un presidente autonómico por un caso de corrupción es dura de asumir-, afrontar la estrategia con una tranquilidad de fondo. Están absolutamente convencidos de que cualquier candidato del PP ganará de calle en Valencia. Y eso hace que el asunto sea un problema grave, pero no dramático, porque para Rajoy, como es obvio, la prioridad es conservar el poder en esta comunidad, gran feudo del PP con Madrid y la recuperada Galicia.
Rita Barberá es la que tiene más números para relevar a Camps. Hay otros como Esteban González Pons, aunque no podría ser presidente hasta 2011 porque no es diputado autonómico, y Alberto Fabra, el alcalde de Castellón. "En este momento, Camps es nuestro peor candidato. Con cualquier otro, ganamos de calle. El PSOE no existe en Valencia", sentencia un dirigente. En Génova se ha instalado además una gran preocupación por el estado anímico de Camps. Su Gobierno, insisten todas las fuentes, está paralizado por el shock del presidente. Mientras tanto, el PP valenciano en pleno reaccionó ayer respaldando por escrito a Camps. Al menos 18 alcaldes y dirigentes regionales emitieron comunicados de apoyo a su aún presidente.
Las causas contra Camps y su Gobierno
- Los trajes regalados. El próximo 12 de mayo, el Tribunal Supremo decidirá si el presidente valenciano Francisco Camps tiene que ser juzgado por un supuesto delito de cohecho impropio junto a otros cargos y ex altos cargos del Gobierno valenciano. Álvaro Pérez, El Bigotes, máximo responsable de Orange Market, regaló trajes por casi 30.000 euros a Camps y otros tres miembros del Gobierno valenciano durante distintas épocas del año. Orange Market recibió decenas de contratos a dedo de distintos departamentos del Gobierno valenciano. El Tribunal Superior de Justicia de Valencia, por dos votos a uno, decidió que los regalos no estaban vinculados con la adjudicación de contratos, por lo que descartó que se tratase de cohecho impropio. El fiscal recurrió la decisión ante el Supremo.
- Financiación ilegal. Un informe policial basado en la documentación oficial incautada en la sede de Orange Market
y en la intervención de las comunicaciones telefónicas de Álvaro Pérez apunta a la existencia de una trama organizada para la financiación ilegal del PP valenciano. Durante años, diversas empresas adjudicatarias de contratos en la administración regional valenciana financiaron actos electorales del PP valenciano haciéndolos pasar por servicios contratados a Orange Market. El juez Antonio Pedreira, del TSJ de Madrid, ha pedido informes sobre esta supuesta irregularidad.
- Contratos amañados. El análisis de los contratos adjudicados por el Gobierno de Francisco Camps a nueve empresas de la trama corrupta acredita numerosas irregularidades, hasta el punto de que el juez Antonio Pedreira ha solicitado los nombres de los máximos responsables de los departamentos que, sin concurso, adjudicaron contratos a dedo a las empresas de la trama corrupta. Las distintas consejerías llegaron a invitar a tres empresas para un determinado servicio. Y las tres invitadas resultaron pertenecer al mismo grupo empresarial, el de Francisco Correa. Los peritos judiciales sostienen que se vulneraron los principios de libre concurrencia que deben presidir todos los contratos públicos.
- El negocio de la visita del Papa. Un patronato formado por la Iglesia, la Comunidad Valenciana, el Ayuntamiento
de Valencia y la Diputación Provincial adjudicó la exclusiva de la retransmisión de la visita del Papa a Valencia a Canal Nou, la cadena autonómica de televisión. A su vez, la televisión pública valenciana decidió adjudicar los trabajos de sonorización e instalación de pantallas de televisión por el recorrido a una empresa constructora leonesa, Teconsa, sin ninguna experiencia en ese tipo de tareas. La investigación judicial descubrió en uno de los pisos que utilizaba la trama corrupta las tripas de esta operación que dejaron a Teconsa un beneficio de tres millones de euros y a la red de Francisco Correa unas comisiones de al menos un millón de euros.
El PP presiona al Supremo para evitar que siente al presidente en el banquillo
CARLOS E. CUÉ - Madrid - 03/05/2010
En público todos hacen como si no existiera, pero en privado no se habla de otra cosa. En la calle Génova se ha instalado una gran preocupación con el futuro del presidente valenciano Francisco Camps. El PP, como los periodistas, busca información en el Tribunal Supremo, que debe decidir el 12 de mayo si envía a Camps al banquillo por el asunto de los trajes, como pidió el juez Flors, instructor de la causa en Valencia, o le exonera, como decidieron dos de los tres magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal valenciano. Y los rumores, más que noticias, que les llegan no son positivos. "Tiene mala pinta", es la frase más repetida estos días en la sede central del PP.
• Las causas contra Camps y su Gobierno
• Esperanza Aguirre: "La corrupción es consustancial a las instituciones"
• El PP propone que se puedan pinchar teléfonos en delitos menos graves
• Canal 9 dedicó un escaso 1,4% de sus informativos al sumario del 'caso Gürtel'
La cúpula del PP está convencida de ganar Valencia con cualquier candidato
Los cinco jueces -dos conservadores, dos progresistas y uno, el presidente, de la asociación moderada Francisco de Vitoria- tienen encima de la mesa una papeleta difícil. El auto del juez Flors, también de la Francisco de Vitoria, era clarísimo: pedía llevar a Camps a juicio porque encontró pruebas más que suficientes de que le habían regalado 12.000 euros en trajes -lo que entendía como cohecho impropio- y ninguna sólida de que los hubiera pagado él, como afirmó el presidente. También tiene encima de la mesa el voto particular del juez Montero, un conservador muy prestigioso, que defendió que sólo debía exonerarse a Ricardo Costa, porque no estaba en el Gobierno valenciano y por tanto no podía tomar decisiones sobre contratos públicos, pero sí debía enjuiciarse a Camps, ya que recibió los regalos en función de su cargo. Exonerarle podría implicar acabar con el sentido del artículo 426 del código penal. Además, los magistrados conocen ahora todas las novedades del caso -el informe policial sobre la posible financiación ilegal, las comisiones en la visita del Papa a Valencia o los contratos irregulares y sin concurso que premiaron a las empresas de la red-. Se trata de otras tres causas derivadas del caso Gürtel que afectan a parte del Gobierno valenciano que preside Camps y que podría acabar con la imputación de algunos de los consejeros y el propio presidente.
Frente a esta realidad, que ven muy oscura, el PP ha optado por una doble estrategia. Primero, la de presionar con todos los medios a su alcance -obviamente sin cometer ninguna irregularidad, haciendo llegar a los jueces la trascendencia de su decisión que puede acabar con una carrera política por un asunto que el PP sigue considerando menor, como es el de los trajes-. Distintos dirigentes confirman que toda la dirección, y, en especial, Federico Trillo, el hombre del PP que más relaciones tiene con el mundo judicial, está dedicado a esta tarea, la de orientar esa decisión.
Por otro lado, el PP se está preparando también para, en caso de que se confirmen los peores augurios, prepararse para limpiar la Comunidad Valenciana. Nadie sabe muy bien cómo reaccionará Camps si le mandan a juicio, aunque la mayoría cree que dimitirá. Es difícil que Mariano Rajoy, a quien Camps tanto apoyó en sus momentos difíciles tras la derrota de 2008, se lo pida. Pero todos los dirigentes asumen que si el Supremo devuelve el caso al Tribunal Superior de Justicia de Valencia para que sea juzgado, habrá una catarata de decisiones.
"No podemos actuar mientras no haya imputaciones, no sería justo. Pero la dirección está preparada para tomar decisiones radicales en Valencia. El discurso de Rajoy de que será implacable con la corrupción impide la inacción. Si la justicia actúa, nosotros también actuaremos", señala un dirigente. Génova, en cualquier caso, ve a Camps y al PP valenciano como la última estación del vía crucis de Rajoy con el caso Gürtel. Y pese a la preocupación -la idea de ver caer a un presidente autonómico por un caso de corrupción es dura de asumir-, afrontar la estrategia con una tranquilidad de fondo. Están absolutamente convencidos de que cualquier candidato del PP ganará de calle en Valencia. Y eso hace que el asunto sea un problema grave, pero no dramático, porque para Rajoy, como es obvio, la prioridad es conservar el poder en esta comunidad, gran feudo del PP con Madrid y la recuperada Galicia.
Rita Barberá es la que tiene más números para relevar a Camps. Hay otros como Esteban González Pons, aunque no podría ser presidente hasta 2011 porque no es diputado autonómico, y Alberto Fabra, el alcalde de Castellón. "En este momento, Camps es nuestro peor candidato. Con cualquier otro, ganamos de calle. El PSOE no existe en Valencia", sentencia un dirigente. En Génova se ha instalado además una gran preocupación por el estado anímico de Camps. Su Gobierno, insisten todas las fuentes, está paralizado por el shock del presidente. Mientras tanto, el PP valenciano en pleno reaccionó ayer respaldando por escrito a Camps. Al menos 18 alcaldes y dirigentes regionales emitieron comunicados de apoyo a su aún presidente.
Las causas contra Camps y su Gobierno
- Los trajes regalados. El próximo 12 de mayo, el Tribunal Supremo decidirá si el presidente valenciano Francisco Camps tiene que ser juzgado por un supuesto delito de cohecho impropio junto a otros cargos y ex altos cargos del Gobierno valenciano. Álvaro Pérez, El Bigotes, máximo responsable de Orange Market, regaló trajes por casi 30.000 euros a Camps y otros tres miembros del Gobierno valenciano durante distintas épocas del año. Orange Market recibió decenas de contratos a dedo de distintos departamentos del Gobierno valenciano. El Tribunal Superior de Justicia de Valencia, por dos votos a uno, decidió que los regalos no estaban vinculados con la adjudicación de contratos, por lo que descartó que se tratase de cohecho impropio. El fiscal recurrió la decisión ante el Supremo.
- Financiación ilegal. Un informe policial basado en la documentación oficial incautada en la sede de Orange Market
y en la intervención de las comunicaciones telefónicas de Álvaro Pérez apunta a la existencia de una trama organizada para la financiación ilegal del PP valenciano. Durante años, diversas empresas adjudicatarias de contratos en la administración regional valenciana financiaron actos electorales del PP valenciano haciéndolos pasar por servicios contratados a Orange Market. El juez Antonio Pedreira, del TSJ de Madrid, ha pedido informes sobre esta supuesta irregularidad.
- Contratos amañados. El análisis de los contratos adjudicados por el Gobierno de Francisco Camps a nueve empresas de la trama corrupta acredita numerosas irregularidades, hasta el punto de que el juez Antonio Pedreira ha solicitado los nombres de los máximos responsables de los departamentos que, sin concurso, adjudicaron contratos a dedo a las empresas de la trama corrupta. Las distintas consejerías llegaron a invitar a tres empresas para un determinado servicio. Y las tres invitadas resultaron pertenecer al mismo grupo empresarial, el de Francisco Correa. Los peritos judiciales sostienen que se vulneraron los principios de libre concurrencia que deben presidir todos los contratos públicos.
- El negocio de la visita del Papa. Un patronato formado por la Iglesia, la Comunidad Valenciana, el Ayuntamiento
de Valencia y la Diputación Provincial adjudicó la exclusiva de la retransmisión de la visita del Papa a Valencia a Canal Nou, la cadena autonómica de televisión. A su vez, la televisión pública valenciana decidió adjudicar los trabajos de sonorización e instalación de pantallas de televisión por el recorrido a una empresa constructora leonesa, Teconsa, sin ninguna experiencia en ese tipo de tareas. La investigación judicial descubrió en uno de los pisos que utilizaba la trama corrupta las tripas de esta operación que dejaron a Teconsa un beneficio de tres millones de euros y a la red de Francisco Correa unas comisiones de al menos un millón de euros.
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