La corrupción atenaza al PP

Camps ponen su futuro en Cuatro causas que salpican a cuarentena

El PP presiona al Supremo para evitar que siente al presidente en el banquillo
CARLOS E. CUÉ - Madrid - 03/05/2010
En público todos hacen como si no existiera, pero en privado no se habla de otra cosa. En la calle Génova se ha instalado una gran preocupación con el futuro del presidente valenciano Francisco Camps. El PP, como los periodistas, busca información en el Tribunal Supremo, que debe decidir el 12 de mayo si envía a Camps al banquillo por el asunto de los trajes, como pidió el juez Flors, instructor de la causa en Valencia, o le exonera, como decidieron dos de los tres magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal valenciano. Y los rumores, más que noticias, que les llegan no son positivos. "Tiene mala pinta", es la frase más repetida estos días en la sede central del PP.
• Las causas contra Camps y su Gobierno
• Esperanza Aguirre: "La corrupción es consustancial a las instituciones"
• El PP propone que se puedan pinchar teléfonos en delitos menos graves
• Canal 9 dedicó un escaso 1,4% de sus informativos al sumario del 'caso Gürtel'

La cúpula del PP está convencida de ganar Valencia con cualquier candidato
Los cinco jueces -dos conservadores, dos progresistas y uno, el presidente, de la asociación moderada Francisco de Vitoria- tienen encima de la mesa una papeleta difícil. El auto del juez Flors, también de la Francisco de Vitoria, era clarísimo: pedía llevar a Camps a juicio porque encontró pruebas más que suficientes de que le habían regalado 12.000 euros en trajes -lo que entendía como cohecho impropio- y ninguna sólida de que los hubiera pagado él, como afirmó el presidente. También tiene encima de la mesa el voto particular del juez Montero, un conservador muy prestigioso, que defendió que sólo debía exonerarse a Ricardo Costa, porque no estaba en el Gobierno valenciano y por tanto no podía tomar decisiones sobre contratos públicos, pero sí debía enjuiciarse a Camps, ya que recibió los regalos en función de su cargo. Exonerarle podría implicar acabar con el sentido del artículo 426 del código penal. Además, los magistrados conocen ahora todas las novedades del caso -el informe policial sobre la posible financiación ilegal, las comisiones en la visita del Papa a Valencia o los contratos irregulares y sin concurso que premiaron a las empresas de la red-. Se trata de otras tres causas derivadas del caso Gürtel que afectan a parte del Gobierno valenciano que preside Camps y que podría acabar con la imputación de algunos de los consejeros y el propio presidente.
Frente a esta realidad, que ven muy oscura, el PP ha optado por una doble estrategia. Primero, la de presionar con todos los medios a su alcance -obviamente sin cometer ninguna irregularidad, haciendo llegar a los jueces la trascendencia de su decisión que puede acabar con una carrera política por un asunto que el PP sigue considerando menor, como es el de los trajes-. Distintos dirigentes confirman que toda la dirección, y, en especial, Federico Trillo, el hombre del PP que más relaciones tiene con el mundo judicial, está dedicado a esta tarea, la de orientar esa decisión.
Por otro lado, el PP se está preparando también para, en caso de que se confirmen los peores augurios, prepararse para limpiar la Comunidad Valenciana. Nadie sabe muy bien cómo reaccionará Camps si le mandan a juicio, aunque la mayoría cree que dimitirá. Es difícil que Mariano Rajoy, a quien Camps tanto apoyó en sus momentos difíciles tras la derrota de 2008, se lo pida. Pero todos los dirigentes asumen que si el Supremo devuelve el caso al Tribunal Superior de Justicia de Valencia para que sea juzgado, habrá una catarata de decisiones.
"No podemos actuar mientras no haya imputaciones, no sería justo. Pero la dirección está preparada para tomar decisiones radicales en Valencia. El discurso de Rajoy de que será implacable con la corrupción impide la inacción. Si la justicia actúa, nosotros también actuaremos", señala un dirigente. Génova, en cualquier caso, ve a Camps y al PP valenciano como la última estación del vía crucis de Rajoy con el caso Gürtel. Y pese a la preocupación -la idea de ver caer a un presidente autonómico por un caso de corrupción es dura de asumir-, afrontar la estrategia con una tranquilidad de fondo. Están absolutamente convencidos de que cualquier candidato del PP ganará de calle en Valencia. Y eso hace que el asunto sea un problema grave, pero no dramático, porque para Rajoy, como es obvio, la prioridad es conservar el poder en esta comunidad, gran feudo del PP con Madrid y la recuperada Galicia.
Rita Barberá es la que tiene más números para relevar a Camps. Hay otros como Esteban González Pons, aunque no podría ser presidente hasta 2011 porque no es diputado autonómico, y Alberto Fabra, el alcalde de Castellón. "En este momento, Camps es nuestro peor candidato. Con cualquier otro, ganamos de calle. El PSOE no existe en Valencia", sentencia un dirigente. En Génova se ha instalado además una gran preocupación por el estado anímico de Camps. Su Gobierno, insisten todas las fuentes, está paralizado por el shock del presidente. Mientras tanto, el PP valenciano en pleno reaccionó ayer respaldando por escrito a Camps. Al menos 18 alcaldes y dirigentes regionales emitieron comunicados de apoyo a su aún presidente.
Las causas contra Camps y su Gobierno
- Los trajes regalados. El próximo 12 de mayo, el Tribunal Supremo decidirá si el presidente valenciano Francisco Camps tiene que ser juzgado por un supuesto delito de cohecho impropio junto a otros cargos y ex altos cargos del Gobierno valenciano. Álvaro Pérez, El Bigotes, máximo responsable de Orange Market, regaló trajes por casi 30.000 euros a Camps y otros tres miembros del Gobierno valenciano durante distintas épocas del año. Orange Market recibió decenas de contratos a dedo de distintos departamentos del Gobierno valenciano. El Tribunal Superior de Justicia de Valencia, por dos votos a uno, decidió que los regalos no estaban vinculados con la adjudicación de contratos, por lo que descartó que se tratase de cohecho impropio. El fiscal recurrió la decisión ante el Supremo.
- Financiación ilegal. Un informe policial basado en la documentación oficial incautada en la sede de Orange Market
y en la intervención de las comunicaciones telefónicas de Álvaro Pérez apunta a la existencia de una trama organizada para la financiación ilegal del PP valenciano. Durante años, diversas empresas adjudicatarias de contratos en la administración regional valenciana financiaron actos electorales del PP valenciano haciéndolos pasar por servicios contratados a Orange Market. El juez Antonio Pedreira, del TSJ de Madrid, ha pedido informes sobre esta supuesta irregularidad.
- Contratos amañados. El análisis de los contratos adjudicados por el Gobierno de Francisco Camps a nueve empresas de la trama corrupta acredita numerosas irregularidades, hasta el punto de que el juez Antonio Pedreira ha solicitado los nombres de los máximos responsables de los departamentos que, sin concurso, adjudicaron contratos a dedo a las empresas de la trama corrupta. Las distintas consejerías llegaron a invitar a tres empresas para un determinado servicio. Y las tres invitadas resultaron pertenecer al mismo grupo empresarial, el de Francisco Correa. Los peritos judiciales sostienen que se vulneraron los principios de libre concurrencia que deben presidir todos los contratos públicos.
- El negocio de la visita del Papa. Un patronato formado por la Iglesia, la Comunidad Valenciana, el Ayuntamiento
de Valencia y la Diputación Provincial adjudicó la exclusiva de la retransmisión de la visita del Papa a Valencia a Canal Nou, la cadena autonómica de televisión. A su vez, la televisión pública valenciana decidió adjudicar los trabajos de sonorización e instalación de pantallas de televisión por el recorrido a una empresa constructora leonesa, Teconsa, sin ninguna experiencia en ese tipo de tareas. La investigación judicial descubrió en uno de los pisos que utilizaba la trama corrupta las tripas de esta operación que dejaron a Teconsa un beneficio de tres millones de euros y a la red de Francisco Correa unas comisiones de al menos un millón de euros.

La corrupción atenaza al PP

Bruselas estudia crear una agencia de 'rating' europea

30/04/2010 - 17:19
FTE: ELECONOMISTA.ES

El comisario de Mercado Interior y Servicios, Michel Barnier, estudia la posibilidad de crear una agencia de notación europea y analiza igualmente si la normativa bancaria se apoya en exceso sobre las evaluaciones que hacen este tipo de agencias de los riesgos de la deuda soberana de los países, según relata en una entrevista a 'Les Echos'. Además, cree que "el paisaje de la agencias, teniendo en cuenta su importancia, está muy concentrado en pocas manos".

Barnier no entra a valorar la decisión adoptada este miércoles por Standard & Poor's de rebajar la nota del bono griego, español y portugués, pero pide rigor, responsabilidad e imparcialidad a este tipo de instituciones. "No me corresponde juzgar si una nota es correcta o no. Pero espero que las agencias sean rigurosas y responsables en su proceso de evaluación, y totalmente imparciales", sostiene.

LA VUELTA DE ETA

Hacía mucho, mucho tiempo, que no teníamos a ETA o sus alrededores en las primeras de los periódicos. De Juana Chaos, Garzón o el dirigente de LAB, Rafael Díez Usabiaga, tienen la culpa del regreso. De la traca montada a sus alrededores, la fiel infantería. Sea porque ya están un punto cansados de augurar –tiene su mérito- peores males de la economía de los que ya padecemos, sea porque ayer la Bolsa subió y a ver cómo lo explicamos, deambulan nuestros chicos por parajes más diversificados. De Juana siempre triunfa, la verdad. Con él se atiza al tiempo a la banda y así como de refilón, al Gobierno y su extrema debilidad con los asesinos. Y a poco que estiren el brazo ya les alcanza hasta Baltasar Garzón, otro triunfo cantado de antemano: es decir “Gar…” y ya están salivando nuestros amigos. También les ha entrado mucha hilaridad porque en el Senado se van a poder todas las lenguas oficiales: catalán, euskera, gallego… ¡Hay que verles cómo se carcajean de cosa tan ridícula! Miento, Agapito Maestre sufre.

Ya les aviso que hoy voy a descubrirles, para que amenicen con variada lectura el largo fin de semana, otra de las preclaras mentes económicas de Libertad Digital. Y se apellida Ramírez.

El Congreso aumenta la sanción penal de la corrupción

PSOE, CiU, ERC y UPN sacan adelante la reforma del Código
ANABEL DÍEZ - Madrid - 30/04/2010

Nunca el establecimiento de la prisión preventiva revisable fue una condición del PP para llegar a un acuerdo con el Grupo Socialista en la reforma del Código Penal. Tampoco el endurecimiento de las penas por corrupción, "que quizá no ha gustado al PP". Esta fue la reflexión del ministro de Justicia, Francisco Caamaño, después de la votación de la reforma del Código Penal en el Congreso, aprobada con los votos del PSOE, CiU, Esquerra Republicana, Coalición Canaria y UPN. El Partido Popular se abstuvo, junto a Izquierda Unida, ICV, Bloque Nacionalista Galego y Unión, Progreso y Democracia. Votaron en contra el PNV y NaBai.
• Delitos sexuales, libertad vigilada e imputación de personas jurídicas
El PP se abstiene tras quedar excluida la prisión perpetua revisable
Ahora, pasará al Senado, que no introducirá cambios sustanciales. Con este nuevo Código se endurecen las penas por terrorismo, por corrupción, por abusos sexuales y se castiga la multirreincidencia. Al tiempo, se alivian los castigos tanto para delitos contra la seguridad vial como para los "manteros", que no serán enviados a prisión.
El portavoz socialista en el debate, Julio Villarrubia, no ocultó su enojo ante la abstención del PP. "Ustedes no son de fiar, no son leales, sólo les importa llegar al poder a cualquier precio", afirmó dirigiéndose al portavoz del PP, Federico Trillo. Según Villarrubia, para el PP es tan fácil "ser tan fuerte con los débiles como tan débil con los delincuentes de cuello blanco".
Pero Trillo explicó que no podía corresponsabilizarse de la reforma porque no figura la prisión perpetua revisable. Además, el PP quería que la decisión de que no prescriban los delitos de terrorismo que causan muerte se extendiera a los atentados o secuestros que causen lesiones graves. Trillo aprovechó para minusvalorar el contenido de los acuerdos del PSOE con CiU y ERC.
El nuevo Código Penal establece ingresos en prisión durante fines de semana para los reincidentes en hurtos que no excedan de un valor de 400 euros. El portavoz de CiU, Jordi Jané, recordó la reiteración de casos de delincuentes que han cometido cientos de hurtos "sin que hayan pasado un sólo día en prisión".
De la mano de Esquerra Republicana han venido los cambios para endurecer los delitos de corrupción, que tendrán siempre condena de cárcel y no sólo inhabilitación para ejercer cargo público y multa. El portavoz de ERC, aunque consideró que este Código rezuma "cierto tufillo punitivo", sí incluye mejoras notables.
Las reformas no convencen a Gaspar Llamazares (IU), si bien reconoce que no suponen "una involución". El no de Emilio Olabarría (PNV) y de Uxúe Barkos (Nabai) tiene relación directa con el endurecimiento del sistema penal.

Garzón, citado ante el Supremo por las escuchas de Gürtel

Los acusadores en el proceso son los cabecillas de la trama corrupta
J. M. LÁZARO - Madrid - 30/04/2010
FTE: EL PAIS. ES

El magistrado del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro ha citado para el 10 de mayo al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón para tomarle declaración como imputado en la causa abierta por intervenir las conversaciones de los cabecillas de la trama Gürtel con sus abogados en prisión. Será la tercera comparecencia de Garzón para declarar en el Tribunal Supremo desde que el pasado septiembre fue interrogado por primera vez sobre su investigación de los crímenes del franquismo.
La querella contra Garzón en este caso fue interpuesta por el abogado Ignacio Peláez, defensor del empresario implicado en la trama Gürtel José Luis Ulibarri. Admitida a trámite con la oposición del Ministerio Fiscal, se adhirieron a la acusación el cerebro de la trama, Francisco Correa y su lugarteniente, Pablo Crespo, que ahora ejercen la acusación particular.
Por otra parte, el magistrado del Supremo Andrés Martínez Arrieta será el instructor de la recusación del juez Luciano Varela, que quedará apartado de la causa mientras se tramita el incidente. Sobre el magistrado que sustituirá a Varela al frente de la causa principal, parece que será finalmente Julián Sánchez Melgar en lugar de Perfecto Andrés Ibáñez, al que apuntaban las primeras informaciones.
Desde el Poder Judicial, la vocal Margarita Robles afirmó ayer que no cree que se suspenda de funciones al juez Baltasar Garzón hasta que el instructor dicte al auto de apertura del juicio oral. Robles indicó que "lo razonable" es que no se abra el juicio oral hasta que tramite la recusación de Varela.
Por su parte, el decano del Colegio de Abogados de Madrid, Antonio Hernández-Gil, afirmó ayer que continúa vigente el acuerdo de la Junta de Gobierno que autoriza a presentar una querella contra Garzón y los fiscales Anticorrupción del caso Gürtel por las escuchas a los cabecillas de la trama. HernándezGil mostró su satisfacción por la "impecable" resolución del Tribunal Superior de Madrid que anuló la intervención de comunicaciones y dijo que el Colegio renunciará a seguir personado en el caso Gürtel al entender que ya no tiene objeto.

REPORTAJE: La sostenibilidad del Estado de Bienestar 3. EDUCACIÓN. LA SOBRECUALIFICACIÓN DE LOS UNIVERSITARIOS

Licenciados más orientados al empleo
La oferta de personal formado no cuadra con la demanda del mercado de trabajo
A. MARS - Madrid - 30/04/2010

Casi tres de cada 10 licenciados afirma que ocupa un empleo que requiere una calificación inferior a la que tiene, con lo que su 'premio' salarial es inferior a la media de la OCDE. Empresas y expertos piden carreras más orientadas a las necesidades de la economía y una empresa que cree empleo de más valor añadido
¿Sobran universitarios? El debate sobre el acceso al empleo y las condiciones de los españoles con carrera universitaria suscita toda una serie de mitos sobre los licenciados, pero las cifras son tozudas: las personas con estudios superiores tienen menos tasa de paro (con una tasa del 16%, entre los 25 y 29 años, frente al 33% de los que tiene Secundaria) y ganan más dinero que el resto.
Lo que sí ocurre es que casi tres de cada 10 licenciados ocupa puestos de trabajo para los que se siente más cualificado de lo necesario y el premio de tener una carrera -es decir, tener mejor sueldo- es inferior a la media de la OCDE. Según el último informe de este organismo, que agrupa a las principales economías del mundo, los datos medios de estos países indican que la población de entre 25 y 64 años con educación superior recibe unos ingresos un 52% más altos que la población con Secundaria, mientras que en España esta diferencia es del 32%.
"El aumento de titulados ha ido más rápido que el cambio de modelo productivo", apunta Florentino Felgueroso, profesor de Economía de la Universidad de Oviedo. El crecimiento de la población con estudios superiores, con la explosión de natalidad de los años setenta mediante, ha seguido un ritmo más intenso que la creación de empleos de alto valor añadido. "Hay un problema de adaptación entre oferta y demanda, pero para el cambio de modelo económico que se persigue dependemos de una nueva generación de personal formado", añade Felgueroso. El Gobierno recalca que en 2020 sólo el 15% del empleo no será cualificado.
La Fundación Universidad y Empresa receta "una mayor adaptación de los contenidos a las necesidades profesionales y una mejor orientación sobre el futuro laboral que les espera a los jóvenes que deben escoger carrera", en palabras del director gerente de la entidad, Fernando Martínez. Al mismo tiempo, "el empresario necesita orientación, algunos piden un ingeniero cuando en realidad no necesitan esa formación", añade. Y por eso tampoco la pagan.
El mercado laboral español requiere más personal con estudios medios y el sistema educativo alumbra más efectivos en sus extremos: un elevado fracaso escolar y una cifra elevada de licenciados.
El problema es cómo animar a los jóvenes a realizar estudios intermedios, ya que los licenciados siempre salen mejor parados en las estadísticas laborales que aquellos con estudios inferiores. El motivo es que una persona con una licenciatura tiene más posibilidades de lograr un empleo de administrativo que un auxiliar administrativo, porque el empresario "por el mismo precio" confía más en un licenciado, apunta Felgueroso. La receta que extiende la OCDE para España es un marco laboral que facilite la incorporación de los jóvenes al empleo estable.